Auditoría reveló ausencia de documentos requeridos y posibles riesgos de favoritismo en procesos de adquisición
San Juan, Puerto Rico (EFE) – La Oficina de la Contraloría de Puerto Rico informó este lunes que una auditoría suya reveló deficiencias con la modalidad de compra excepcional en la Administración de Servicios Generales (ASG) sin los documentos requeridos conforme al Reglamento 9230.
Según explicó la Contraloría en un comunicado, estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando la vigencia de los fondos está próximo a vencer, o cuando exista una sola fuente de abastecimiento, entre otros.
Por ello, la Contraloría dio ejemplo de que, en una ocasión, una entidad solicitó el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela el 27 de octubre de 2021 mediante el trámite de subasta informal.
Sin embargo, 86 días después, el 21 de enero de 2022, una ayudante especial de la Junta de Subastas de la ASG instruyó que se adquiriera el servicio mediante compra excepcional debido a que los fondos federales vencían el 31 de enero de 2022.
Esta compra excepcional, sin embargo, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación, afirmó la auditoría.
Esta situación vulnera los controles internos establecidos y puede ocasionar que se beneficie un proveedor en específico sobre los demás, enfatizó la auditoría.
La Contraloría reveló además que la ASG solicitó un servicio de decomiso de materiales de construcción ubicados en el almacén de la anterior Oficina de Servicios de Aguadilla el 10 de agosto de 2021.
No obstante, el administrador auxiliar de esa oficina instruyó que se adquiriera el servicio de decomiso, pero en modalidad de compra excepcional, ya que la disponibilidad de fondos vencía el 30 de junio de 2022.
Sin embargo, los auditores no encontraron evidencia de que se haya realizado gestiones para adquirir el servicio antes de esa fecha.
La auditoría indicó además que los contratos de renovación del servicio de empleos temporeros de la ASG por $228,780 no se formalizó mediante un contrato de servicios profesionales, sino mediante orden de compra excepcional el 30 de junio de 2022.
La ASG tenía conocimiento de que el contrato de empleados temporeros, que se firmó el 17 de noviembre de 2021, tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2022.
Ante todo ello, la Oficina de la Contraloría emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la ASG.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
