Inversión de más de $376,000 en el Túnel de Guajataca no produjo resultados y se reportan deficiencias en contratos y donativos
SAN JUAN (EFE) – El municipio de Isabela realizó una inversión de $376,310 para revitalizar el Túnel de Guajataca que no produjo ningún resultado tangible, según reveló hoy la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). El proyecto, iniciado en 2014 y modificado cuatro veces hasta 2019, no se había construido al 30 de junio de 2023, lo que motivó una opinión cualificada en el más reciente informe de auditoría.
La Contralora identificó un total de siete hallazgos significativos, aunque no generalizados, en la gestión administrativa y financiera del municipio. Entre ellos, se destacan 25 donativos otorgados entre 2022 y 2023 por un total de $53,987, provenientes del Fondo Dotal del Deporte, sin contar con la aprobación de la Legislatura Municipal.
También se señaló que el municipio no transfirió $6,782 provenientes de la venta de un vehículo de alto rendimiento, fondos que estaban destinados legalmente a dicho fondo deportivo.
Uno de los señalamientos más relevantes tiene que ver con el contrato para la administración del vertedero municipal. La auditoría determinó que el municipio no facturó ni requirió a tiempo $10,466 correspondientes al 20% estipulado en el contrato. Dichos fondos fueron finalmente cobrados tras la intervención de los auditores, pero no estuvieron disponibles cuando se necesitaban para atender las necesidades de los residentes.
En cuanto al manejo presupuestario, la OCPR encontró que los contadores de la Oficina de Finanzas y Presupuesto no obligaron los créditos presupuestarios correspondientes al 90% de los contratos y al 33% de las enmiendas revisadas, por un total de $853,379. Esta práctica incumple con los procedimientos fiscales y puede causar sobregiros o litigios innecesarios, advirtió la Contraloría.
Otro hallazgo alarmante fue la omisión en registrar un acuerdo colaborativo otorgado el 2 de agosto de 2021. Este fue reportado en la OCPR con un retraso de 896 días, violando el Código Municipal de 2020 y la Ley de Municipios Autónomos de 1991.
Además, se documentó que la Legislatura Municipal autorizó que el Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA-EM) no devolviera un capital inicial valorado en $1.9 millones en efectivo y $480,750 en propiedad, sin justificación legal. También se asignaron ilegalmente once empleados en destaque para realizar funciones dentro del centro.
A pesar de estos fallos administrativos, el presupuesto municipal de Isabela mostró un crecimiento de $12.6 millones en los años 2019 a 2022, a $16.6 millones en 2023. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de más de $35 millones durante el periodo evaluado.
El informe concluye con una recomendación directa al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto: debe garantizar que el municipio de Isabela cumpla a cabalidad con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría.
