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PUERTO RICO

Candidata a dirigir Cannabis Medicinal preside empresa envuelta en pugna ambiental

“Todavía no he sido nombrada en propiedad, pero sí, soy la candidata del secretario de Salud, Carlos Mellado”, dijo Arlene Marie Questell, ex fiscal e hija el ex alcalde de Santa Isabel

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan (19 de enero de 2021) – La candidata de la administración del gobernador Pedro Pierluisi para dirigir la oficina de Cannabis Medicinal en el Departamento de Salud, la licenciada Arlene Marie Questell, hija del ex alcalde de San Isabel, Enrique “Quique” Questell Alvarado, es presidenta de una empresa que enfrenta una multa de $35,000 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por la construcción ilegal de una rampa, muelles, una plataforma, verjas y un gazebo en la zona marítimo terrestre del barrio Playa de ese pueblo.

Además, se le imputa haber cortado y removido ilegalmente un manglar de la costa y depositar en el área relleno sin autorización.

Questell preside Aquamak Inc., puesto que antes ocupaba su padre. Según informes, Aquamak Corp. es la propietaria del Centro Náutico de Sur, en Santa Isabel, una marina en la que anclan cerca de 40 embarcaciones continuamente, un salón de actividades conocido como el Aquarium y otro negocio denominado El Gazebo de Quique. Las tres operaciones comerciales se ubican en un predio de cerca de seis cuerdas en el barrio La Playa.

El DRNA le impuso la multa luego de que un grupo de vecinos y pescadores del barrio Playa presentaron una querella en el 2016 contra el entonces alcalde Questell Alvarado debido a que clausuró el acceso a la playa, en una amplia propiedad que posee en el barrio. Además, el ahora ex alcalde estableció un peaje de $30 a los pescadores de la zona que deseaban introducir sus embarcaciones en el mar a través de una rampa de concreto, que luego el DRNA determinó que se construyó ilegalmente.

La querella radicada originalmente en el 2016, fue enmendada en el 2019, para incluir a su hija Arlene Marie, quien asumió la presidencia de la empresa en el 2017. En ese año y tras la presentación de la querella en DRNA, el entonces alcalde renunció al cargo de presidente de Aquamak para que su hija ocupara la posición.

La querella, presentada por Alfonso Cintrón y otros residentes de San Isabel en marzo 31 del 2016, también le imputó a Aquamak haber ensamblado ilegalmente una verja de “cyclone fence” que discurre por la zona marítimo terrestre, específicamente sobre la playa donde mueren la olas del Mar Caribe, y termina en un tubo ubicado dentro del mar, que fue empotrado en una base de concreto construido bajo el agua.  

Desde ese tubo surge otro ángulo de la verja que sale del mar y penetra hacia la tierra firme, marcando los lindes de la parcela que, alegadamente, pertenece a Aquamak. La inusual construcción fue levantada por órdenes del ex alcalde con el presunto fin de cobrar el peaje de $30 a los pescadores. Tras la confirmación de las violaciones, el DRNA se convirtió en la parte querellante contra Aquamax Inc, Arlene Questell, Questell Alvarado y Edgardo Martínez Rodríguez, quien estaba a cargo de estos negocios.

El proceso de vistas administrativas resultó interrumpido por el huracán María y el periodo de recuperación posterior. Ante la inacción del DRNA para culminar el proceso de vistas administrativas, los vecinos de La Playa presentaron una nueva querella en 2019, cuyo proceso de vistas administrativas que también se vio interrumpido por la pandemia y hasta el día no han sido reanudadas.

“Las vistas administrativas también se han interrumpido porque el ex alcalde cambia de abogado y cada vez que cambia se interrumpe el proceso. Desde el 2016 ha cambiado en cinco ocasiones de abogado. Él lo hace para que nos cansemos y desistamos de continuar con el caso, pero se ha equivocado”, dijo Cintrón, quien indicó que los querellantes esperan que el DRNA cite nuevamente a la partes para continuar con las vistas administrativas.

“No hay ninguna ilegalidad”

En entrevista con EyBoricua.com, la licenciada Questell confirmó que ella es la candidata de Mellado para dirigir la oficina de Cannabis Medicinal y rechazó que Aquamak está obligada a pagar la multa de $35,000 y a revertir la construcciones que el DRNA considera ilegales.

“Todavía no he sido nombrada en propiedad, pero sí, soy la candidata del secretario de Salud, Carlos Mellado”, dijo Questell.

Sobre la sanción impuesta por el DRNA, respondió que “yo no estoy obligada a pagar la multa. Y cuando digo yo, me refiero a la empresa Aquamak. En este momento no estoy obligada a pagar $35 mil. Si su pregunta es si estoy obligada a pagar la multa de $35 mil, mi respuesta es que no”.

Sobre el caso judicial, Marie Questell indicó “eso está en el foro pertinente. Hasta ahora Acuamak no tiene que hacer nada distinto a lo que ha hecho hasta ahora”. 

“No hay ninguna ilegalidad. Si usted va ahora al Tribunal y pregunta, le dirán que esos terrenos pertenecen a Aquamak”, agregó, en  referencia a un estudio de título que la licenciada reveló el pasado año y que concluyó que el terreno donde está ubicada la rampa que da acceso al mar a las embarcaciones pertenece a su padre desde la década del 80 y no al Municipio de San Isabel.

La abogada y ex fiscal por cinco años en el Departamento de Justicia, indicó que los casos mencionados no le impiden ocupar la dirección de la Oficina de Cannabis Medicinal “si el secretario (Mellado) toma esa decisión (de nombrarla oficialmente). Eso todavía no ha ocurrido y esa oficina tiene una persona actualmente”, dijo en referencia a la actual directora de la oficina, Denise Maldonado Rosa.

“Mi posición como presidenta de Aquamak no tiene nada que ver con la posición que yo pueda ocupar en el gobierno”, insistió Marie Questell. 

El representante del Partido Nuevo Progresista, Georgie Navarro, confirmó que la licenciada Arlene Marie Questell es la candidata para dirigir la oficina de Cannabis Medicinal y que la controversia ambiental no debe afectar su nombramiento. 

“Para mí eso no afecta en nada”, sostuvo el legislador cuando EyBoricua.com le preguntó si ella está inhabilitada para ocupar el cargo debido a la controversia con el DRNA.

“Ella es la candidata del secretario de Salud, Carlos Mellado, para dirigir la oficina de Cannabis. Yo hablé con Mellado y él me lo confirmó”, dijo Navarro, quien presentó el pasado cuatrienio una medida para incrementar la reglamentación que cobija al Cannabis Medicinal que finalmente no fue aprobada.

EyBoricua.com ha solicitado una entrevista con el secretario de Salud para conocer el nombre de la persona que dirigirá la oficina de Cannabis Medicinal y los planes que el funcionario tiene para esa dependencia, pero la entrevista no ha sido concedida. Lisdián Acevedo, portavoz del secretario, indicó que “el nombramiento se informará más adelante”. 

Vecinos exigen que los terrenos sean públicos

Cintrón y otros vecinos también han solicitado en el Tribunal Superior de Ponce un interdicto preliminar y permanente contra el Municipio de Santa Isabel dirigido a que la Alcaldía le exija el estado posesorio de parte de los terrenos de la costa del barrio La Playa, cuya titularidad reclama Aquamak. 

Según Cintrón, parte de las instalaciones de acceso al mar, baños, aceras y alumbrado se construyó con fondos federales en la década de 1990 y pertenecen al municipio. El caso se encuentra en la espera de que la Administración de Tribunales permita la reanudación de los procesos judiciales presenciales.

Cintrón reveló que la semana pasada sostuvo una reunión con el nuevo alcalde de San Isabel, Rafael Burgos Santiago, quien le expresó su intención de reclamar el predio de terreno del barrio La Playa y las propiedades que le pertenecen al municipio.

El pasado año una comisión especial de la legislatura municipal de San Isabel concluyó que el terreno del barrio Playa que Questell Alvarado asegura es de su propiedad, pertenece al pueblo y debe ser reabierto para el disfrute público. 

La Comisión, integrada por legisladores municipales de los tres partidos políticos, indagó en la titularidad de los terrenos en conflicto e investigó ampliamente mapas, declaraciones juradas y ordenanzas municipales. El informe de la Comisión concluyó “que el exalcalde utilizó su puesto para influir en la adquisición de unos terrenos municipales, para beneficiarse él y sus negocios. Esos actos representan una violación a la Ley de Ética Gubernamental”.

La Comisión también determinó que la exdirectora del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales en Santa Isabel, fue inducida por el alcalde para agrupar los catastros aledaños al Aquarium, incluyendo el área de la rampa, para que en el mapa de la zona figuraran como propiedades privadas del alcalde.

Cintrón sostuvo que la integración ilegal también incluyó un ramal de la carretera 538, que Questell Alvarado mantiene cerrada porque alega que le pertenece. 

“Yo descubrí una escritura que demuestra que la carretera y un predio de terreno que colinda con las parcelas de Questell Alvarado es del gobierno. En su momento todo eso saldrá”, concluyó Cintrón.

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