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PUERTO RICO

Ayuda Legal Puerto Rico desvela su agenda para 2022

Otra meta de ALPR será continuar las gestiones para ejercer influencia en las estructuras del gobierno con el fin de modificar políticas públicas para hacerlas más sensibles a las necesidades reales de la comunidad.

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan (13 de enero de 2022) – La organización sin fines de lucro y de enfoque social Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) realizó una evaluación de sus logros el pasado año para encaminar sus miras en ruta el año 2022, en defensa de los derechos de los ciudadanos de escasos recursos en áreas de vital importancia como el derecho a tener una vivienda digna, a proteger la vivienda de las ejecuciones hipotecarias, defender a las víctimas de la violencia de género y promover cambios sensibles en las políticas públicas del gobierno.

Adriana Godreau Aubert, directora ejecutiva de ALPR indicó que las metas para el próximo año continuarán enfocadas en ofrecer acompañamiento legal o representación legal a la ciudadanía de escasos recursos en sus gestiones en el gobierno para reclamar derechos y servicios, tanto en periodos de recuperación tras una catástrofe o en periodos de normalidad.

Godreau Aubert dijo que otra meta de ALPR es ofrecer herramientas tecnológicas a la ciudadanía donde puedan obtener información pertinente que los coloque en condición de poder defender sus derechos frente al gobierno o en el sector privado.

Otra meta de ALPR será continuar las gestiones para ejercer influencia en las estructuras del gobierno con el fin de modificar políticas públicas para hacerlas más sensibles a las necesidades reales de la comunidad. Incluso, las gestiones de ALPR no se han limitado a la mera gestión para transformar la burocracia del gobierno, sino que ha tenido presencia en la legislatura y ha promovido con éxito legislación con el fin de proteger derechos de los sectores más vulnerables.

Este fue el caso del proyecto de la Cámara 429 y el sustitutivo 488, que proponía crear la Ley de Protección a la Vivienda durante Emergencias. El proyecto, que se aprobó en la legislatura a finales del pasado mes de junio, establecía una moratoria de pagos a préstamos hipotecarios y arrendamientos de hasta 90 días durante periodos de emergencia.

En caso de una emergencia, se paralizarán las ejecuciones hipotecarias y desalojos. La medida también establecía las protecciones y las responsabilidades de las personas deudoras contra acciones relacionadas a desalojos.

El proyecto fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi, quien llegó a indicar que, a pesar de su loable intención, la medida “alteraría de forma irrazonable los derechos de los acreedores hipotecarios a hacer efectivos sus créditos y pudiera ser interpretada como una medida confiscatoria por menoscabar obligaciones contractuales”.

No obstante, Godreau Aubert advirtió que ALPR continuará su gestión a favor de promover legislación que ampare a los sectores vulnerables con medidas sensibles y de justicia social.

 La directora ejecutiva de la ALPR sostuvo que las gestiones de la entidad a favor de las familias que perdieron sus viviendas durante el paso del huracán María, han establecido precedentes en la administración de las ayudas que realiza la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Por ejemplo, Godreau Aubert indicó que las gestiones realizadas por la ALPR fueron cruciales para que los damnificados pudieran recibir ayudas federales, a pesar de carecer del documento que certifique la titularidad de la vivienda afectada.

Otra iniciativa promovida por la ALPR en el gobierno fue el establecimiento de un programa de Asistencia de Emergencia para el pago de Alquileres, una provee el pago de rentas de alquiler durante determinadas condiciones y periodos de tiempo, lo cual fue una ayuda de vital importancia para miles de familias de escasos recursos económicos que habían perdido su casa y residían en viviendas alquiladas.  El programa, que tiene una asignación de $325 millones, solo ha gastado el 18 % de su presupuesto y Godreau Aubert exhortó a los ciudadanos a utilizar los beneficios del programa “porque si no habrá que devolver los fondos”.

La ALPR , que lleva ocho años de existencia y en la que laboran 15 abogados, se ha destacado por el uso intensivo de la internet para difundir su mensaje educativo, que pretende que los ciudadanos aprendan a defender sus derechos, a través de herramientas tecnológicas que han sido utilizadas con avidez por la diáspora puertorriqueña.

Una de esas herramientas le permite a los ciudadanos conocer los riesgos que enfrentan si incurren en morosidad de sus pagos hipotecarios y les provee mecanismos para lidiar con las acciones insensibles de las instituciones hipotecarias.  De hecho, por tales iniciativas ALPR ha sido premiada en los Estados Unidos.  Estas herramientas están accesibles por las direcciones “ayudalegalpr.org”.

Para el 2022 ALPR tiene en agenda ofrecer apoyo legal directo a 6,000 familias y garantizar acceso a información legal en cárceles, escuelas y bibliotecas. Establecer un centro digital para la autodefensa y un panel de abogados para ofrecer defensa en casos de desahucio de familiar con vivienda alquilada. También se propone establecer herramientas para presentar querellas por discrimen y violación de derechos por el gobierno, dueños de viviendas y bancos. Otra meta es el perseguir los litigios estratégicos en defensa de inquilinos, familias en riesgo de ejecución y sobrevivientes de desastres.

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