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PUERTO RICO

Avalan retiro de 3,989 empleados públicos no esenciales

La medida le ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Administración de los Sistemas de Retiro, a implantar el retiro incentivado en los empleados no esenciales identificados en las agencias, en las cinco corporaciones públicas y en los municipios.

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan (17 de agosto de 2021) – Con la presunta aprobación condicionada de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un grupo de senadores del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) radicaron hoy en el Senado una medida que viabilizaría la jubilación de más de 3,989 empleados públicos clasificados como no esenciales y que pertenecen al gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.

La Resolución Conjunta del Senado 171, propone efectuar una aplicación parcial de la Ley 80 o Ley del Programa de Retiro Incentivado, aprobada en agosto del 2020, para que los empleados públicos no esenciales que cumplan con los criterios de servicio y edad, según definidos en el estatuto, se retiren con una pensión equivalente al 50 % del salario más alto devengado en los últimos tres años.

Esa pensión mensual vitalicia, que sería pagada por el Fondo General, es hasta un 20 % más alta que la pensión por retiro dispuesta por la ley 3 del 2013, que redujo sustancialmente la pensión de los empleados públicos y eliminó una serie de beneficios económicos a los pensionados.

La resolución fue presentada por los senadores del PPD, Ramón Ruiz Nieves y Juan Zaragoza, y por lo senadores del PNP, Willian Villafañe, Gregorio Matías, y Nitza Morán.

La medida le ordena al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Blanco Urrutia, y al director ejecutivo de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), Luis Collazo Rodríguez, a implantar el retiro incentivado según lo describe la ley 80, en los empleados no esenciales identificados en las agencias, en las cinco corporaciones públicas y en los municipios.

La resolución ordena a los funcionarios a realizar en 60 días un análisis sobre el efecto presupuestario del retiro de los empleados no esenciales y también requiere que se realice “una reingeniería de puestos”, con el fin de no afectar el servicio.

A pesar de que en la exposición de motivos se reitera en varias ocasiones que el objetivo es aplicar de manera parcial la Ley 80, para permitir solo la jubilación de los empleados no esenciales y lograr ahorros, pues ese tipo de empleado no sería sustituido con un nuevo recluta, la medida establece la posibilidad de que los empleados esenciales también podrían acogerse al retiro incentivado.

Según la resolución, esa posibilidad entraría en juego luego de que OGP y la ASR hayan determinado el efecto presupuestario que tendrá la jubilación con el 50 % del salario de los empleados no esenciales, y de que “la reingeniería de puestos” haya garantizado el servicio en las entidades públicas.

Además, la RC 171 concede un plazo de 30 días laborables a los directores ejecutivos de OGP y la ASR para presentar ante la Cámara y el Senado un informe sobre los criterios utilizados por las dependencias públicas para determinar quiénes son los empleados públicos esenciales y los no esenciales y para describir cómo se efectuará la reingeniería de puestos.

Según JSF retiro costaría $200 millones el primer año

Tras la aprobación de la ley 80, la JSF dejó saber su oposición por el alto costo presupuestario que a largo plazo tendría la medida en el Fondo General y exigió una fuente de repago. También amenazó con impugnar el estatuto en el Tribunal Federal, si el gobierno central insistía en ponerlo en vigor.

De hecho, la JSF sostiene que de implementarse la ley 80, su costo ascendería a $ 200 millones en el primer año y los ahorros serían parciales.

A finales del 2020, la ASR distribuyó en las dependencias públicas los formularios de solicitud para acogerse al retiro incentivado. Unos 10,553 empleados llenaron los formularios, de los cuales las agencias identificaron 6,564 como esenciales y 3,989 como no esenciales.

Luego de numerosos desencuentros entre la JSF y la administración de Pedro Pierluisi, que continuó con la intención de poner en vigor la Ley 80, el pasado 22 de junio la directoria ejecutiva del organismo federal, Natalie Jaresko, envió una misiva en la que condicionó la puesta en vigor de la ley a que el gobierno acepte garantizar ahorros por medio de reducir los empleados elegibles y eliminar la aportación de $100 para el plan médico de los empleados que accedan al retiro.

La carta fue enviada al gobernador Pedro Pierluisi, al director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoramiento Financiero, Omar Marrero, y a los presidentes de los cuerpos legislativos.

Las condiciones de la JSF están desglosadas en un acuerdo denominado “determinación final” que el gobierno debería firmar y que impediría a las agencias, corporaciones públicas y los municipios llenar las plazas abandonadas por los empleados que se acojan al retiro.

El acuerdo dispone que el retiro estaría disponible para los empleados esenciales y no esenciales, pero las dependencias no podrán reclutar nuevos empleados para llenar las plazas de los empleados esenciales que se jubilen.

La “determinación final” también obligaría al gobierno a garantizar el pago puntual de las pensiones de parte de los municipios, a través del programa de pensiones PayGo, por medio de un descuento que deberá ejecutar el Centro de Recaudaciones Municipales de los ahorros que genere la ley 80 enmendada.

40 municipios lograrían ahorros con la Ley 80

Incluso, la JSF sostiene que el descuento para el pago de PayGo se deberá realizar aún si no se logran los ahorros proyectados y advierte que tal condición tiene el objetivo de imponer en los municipios la responsabilidad de lograr los ahorros y no solo en el gobierno.

El acuerdo también prohibiría al gobierno implementar leyes que violen el acuerdo, pero si la Legislatura avalara una ley contraria a lo estipulado, el gobierno se compromete a no impugnar en el tribunal federal las acciones legales que tome la JSF para anular esos estatutos.

El acuerdo establece que los nuevos reclutamientos serán aquellos detallados en el plan fiscal certificado y las personas que se acojan al retiro no podrían ser reclutados. Además, las agencias, corporaciones públicas y los municipios deberán eliminar todas las plazas que ocupaban los empleados que se acogieron al retiro, certificar que puede operar sin esas plazas y que los ahorros de nómina y del programa PayGo logrados serán iguales o superiores a los ahorros que requieren el plan fiscal.

En la citada carta Jaresko sostuvo que 40 municipios lograrían ahorros bajo la Ley 80 y, además, advirtió que el organismo federal no consentirá la implementación del estatuto a menos que el gobierno presente un programa que no represente nuevos costos al plan fiscal y que garantice los servicios esenciales.

También menciona que no se podrá incurrir en costos para cubrir puestos de empleados esenciales, más allá ya de los que están previstos en el plan fiscal. En la carta Jaresko indicó que la Ley 80 requiere enmiendas para permitir su implementación por etapas, pero en la resolución 171 los senadores concluyeron que no es necesario radicar enmiendas. Aunque la medida constituye una aceptación tácita de la “determinación final” propuesta por Jaresko, en el texto de la resolución no surge que las condiciones de la JSF han sido aceptadas.

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