La directora regional Ana Piquer demanda establecer “barreras de cortafuego” para frenar operativos del ICE en espacios públicos y preservar la dignidad humana
SAN JUAN, Puerto Rico — La directora de la oficina regional de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, instó este lunes al Gobierno de Puerto Rico a implementar “barreras de cortafuego” que limiten la influencia de las autoridades migratorias estadounidenses en la isla, en respuesta al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump.
Mediante un comunicado, Piquer exigió que se impidan operativos migratorios en espacios públicos como escuelas, iglesias, clínicas y cortes, en conformidad con los estándares internacionales sobre derechos humanos. Además, hizo un llamado a prohibir que proveedores de servicios compartan información sobre el estatus migratorio de las personas con las agencias federales.
“No puede haber complicidad ni colaboración con políticas que han demostrado ser crueles y arbitrarias en Estados Unidos; y que ahora desgarran a las comunidades y barrios trabajadores de Puerto Rico”, declaró, dirigiendo un llamado específico a la gobernadora Jenniffer González para que se alinee “del lado de la dignidad humana”.
Desde enero de este año, al menos 568 personas, en su mayoría de origen dominicano, han sido detenidas en Puerto Rico por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según Amnistía Internacional, los operativos han estado marcados por perfilamientos raciales, detenciones arbitrarias y falta de garantías legales.
Los operativos, señaló Piquer, se concentran en zonas trabajadoras con alta presencia de migrantes, donde las personas son interceptadas en sus hogares, en trayecto al trabajo o en sus centros laborales. “Estas acciones han derivado en la separación de familias e incluso han alcanzado a personas con documentación válida”, advirtió.
Organizaciones locales reportaron a Amnistía que muchas de las personas detenidas son trasladadas a centros de detención en Estados Unidos, dificultando el acceso a representación legal y la comunicación con familiares. En otros casos, ante la amenaza de deportación forzosa, optan por la llamada “deportación voluntaria”, que incrementa su vulnerabilidad.
El clima de miedo ha empujado a muchas personas migrantes a replegarse, renunciando a asistir a clases, trabajar, buscar atención médica o realizar compras esenciales. Asimismo, mujeres víctimas de violencia de género han dejado de denunciar por temor a ser detenidas y deportadas.
Ante este escenario, Amnistía Internacional instó a las autoridades puertorriqueñas a establecer salvaguardas que garanticen el respeto a los derechos humanos, al tiempo que pidió un compromiso político claro para frenar la criminalización de la migración.
