Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
San Juan, (19 de abril de 2022) – Un ex legislador municipal de Caguas declaró que el alcalde William Miranda Torres pactó un acuerdo con un grupo de legisladores municipales para proteger y camuflar las movidas de su amigo, el expresidente de la Legislatura Municipal, José Torres Torres y fabricar así la destitución del entonces secretario, Manuel Díaz, y de otros empleados, por denunciarlo.
Las contundentes denuncias son parte de una declaración que prestó el exlegislador municipal Ismael González Rivera, a varias agencias del gobierno central y confirman las investigaciones que venimos realizando en En Blanco y Negro desde septiembre del 2021.
Al menos 39 empleados del Municipio y de la Legislatura Municipal denuncian que en Caguas se ha instituido un régimen de terror y represalias contra todo aquel trabajador que denuncie actos de corrupción. Al que lo hace, le formulan cargos falsos, los mueven de puestos, los castigan y hasta los destituyen, aunque eso sea violación de ley, como alegan que le sucedió a Díaz. Casi la totalidad de los que denuncian son miembros del Partido Popular Democrático y alegan que son perseguidos por miembros de su misma colectividad.
La declaración del legislador municipal González Rivera se remonta a un incidente cuando se alega que Torres Torres usó propiedad, el vehículo oficial y personal pagado con fondos públicos de la Legislatura para su propio beneficio, para varios negocios privados suyos y para beneficiar a familiares y a terceros. Entre los negocios se encuentra la producción de un programa de televisión pagada y redes sociales.
Torres Torres separó del cargo de secretario municipal a Díaz cuando éste lo denunció. También destituyó a la secretaria auxiliar María M. Cáez Rodríguez, y a otro empleado de nombre Yamil Cotto Alicea. Los separaron de los cargos como si los delatores fueran los “delincuentes, sin razón, evidencia ni justificación alguna”, declaró González Rivera quien lo catalogó de “una injusticia”.
En su declaración sostuvo que el alcalde, “mediante sus acciones u omisiones y a propósito, con conocimiento y temerariamente, prefirió conspirar, planificar, callar, ocultar y encubrir al Lcdo. José Ramón Torres Torres por los alegados actos contra la función gubernamental del Código Penal de Puerto Rico, violaciones a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto, Código Municipal de Puerto Rico, Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, para su beneficio propio, familiares y terceros y tomar represalias contra el Lcdo. Manuel A. Díaz Torres, exsecretario.
Ayer un contingente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) allanó la Oficina de Tecnología e Información del municipio y la Legislatura Municipal. El alcalde Miranda Torres admitió que también habían recibido visitas de investigadores de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) y de la Oficina de Ética Gubernamental (OIG) y que eso “mancha” la imagen de Caguas. “Yo creo que es injusto para el pueblo que hagan este tipo de “show off”. Hasta lo que están buscando, se lo pudimos haber suministrado”, dijo el alcalde a los periodistas.
ACUERDOS DEL CAUCUS
Pero esas declaraciones contratan con las contundentes denuncias hechas por el exlegislador González Rivera en su declaración. El exlegislador alegó que el 16 de noviembre de 2020 el presidente de la Legislatura – [y quien es objeto de las denuncias de corrupción]- Torres Torres, lo llamó para informarle que el alcalde convocaba a un caucus al día siguiente, 17 de noviembre de 2020. La reunión sería en el edificio de la Alianza Municipal de Servicios Integrales (AMSI) una entidad que recibe fondos federales queda fuera de la alcaldía y fuera de las facilidades del Municipio.
A esa reunión sólo invitaron a 8 personas además del alcalde, declaró González Rivera. Estas fueron: el presidente de la legislatura imputado de corrupción Torres Torres, el portavoz de la mayoría Alberto Costa Berríos; y los legisladores Victoria Cintrón Cruz, Sylvia Rodríguez Aponte, Ismael González Rivera, Juan J. Velázquez Villares, Juan Manuel Aguayo Leal y Héctor José Cotto Lebrón.
De ese caucus excluyeron a los legisladores populares “disidentes”. Estos eran el primer vicepresidente Antonio Cruz Gorritz; el segundo vicepresidente Rafael Carballo Collazo, y los legisladores Esteban Ramírez del Valle y Félix Guzmán Alejandro.
“El caucus fue actuado, fingido, arreglado y mediante sus acciones u omisiones y a propósito, el alcalde y los legisladores con conocimiento de los actos ilegales y antiéticos del presidente, y temerariamente, planificaron, callaron, conspiraron, ocultaron y encubrieron al Lcdo. José Ramón Torres Torres, presidente de la Legislatura Municipal de Caguas, ya que todo estaba planificado y orquestado antes de la reunión y antes del Caucus”, sostuvo en su declaración el exlegislador González Rivera.
Por esos hechos ilegales del caucus, otro exlegislador, Rafael Carballo Collazo, también renunció.
REACCIONA LA OPOSICIÓN
Torres Torres dejó temporalmente la presidencia de la legislatura municipal y designó presidente a Juan Manuel Aguayo Leal. Ayer Aguayo Leal y el actual secretario Lcdo. Stefano Saltalamacchia Quiles, dieron instrucciones a todos los legisladores de Caguas a que no dieran declaraciones a la prensa.
El legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño, Jason Domenech Miller, reiteró ayer que desde hace meses viene haciendo denuncias y requerimientos de investigación, sin apoyo de la mayoría PPD en ese cuerpo.
“Ellos tienen unas reuniones de su caucus y no incluyen a uno. Ya la Comisión de Ética de la Legislatura de Caguas se ha reunido en dos ocasiones, La primera fue para dar detalles de cuando salieron las primeras alegaciones, y luego, cuando ya había conocimiento de que había una querella hecha. No teníamos los detalles y se solicitó al secretario que le pidiera a Justicia copia de la querella”, dijo Domenech Miller.
La portavoz del Partido Nuevo Progresista en la legislatura, Sonia Delgado, y la portavoz alterna, Wendy Colón, no dieron declaraciones porque el caso está bajo consideración de la Comisión de Ética de la legislatura municipal y por autoridades estatales.
OTROS CASOS
Los casos en la Legislatura Municipal no son los únicos. En más de 30 programas de radio En Blanco y Negro y de web, así como artículos, desde el 4 de septiembre de 2020 venimos denunciando el supuesto patrón de acoso.
Uno de éstos es el de Elena Flores Dávila, quien por casi 30 años labora en el Municipio de Caguas en la oficina de Cultura. Ella es esposa del legislador municipal Esteban Ramírez Del Valle, uno de los que cuestionó las irregularidades de Torres Torres.
En entrevista con En Blanco y Negro el 6 de septiembre, Flores Dávila, denunció un patrón de represalias cometidas por sus supervisoras Lydia Sánchez y Carmen Muñoz, junto con la empleada de Recursos Humanos, Ada Martínez.
Otro empleado que denunció represión es Jesús Castro, quien labora en el área de reforestación y denunció irregularidades. Le nombraron supervisores y Castro demandó a nivel federal.
La secretaria Natacha Rivera Navarro alegó que le impedían prosperar en el empleo por denunciar la corrupción. Dijo que primero la obligaron a estudiar un bachillerato para conseguir una reclasificación. La madre de niños de diversidad funcional fue a la universidad y se graduó, pero cuando pidió la reclasificación, no se la otorgaron. Rivera Navarro, en entrevista y llorando, dijo que se sentía defraudada porque hizo campaña por Miranda Torres, pero el propio alcalde ignoró sus reclamos. Ella renunció a finales del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=eGomnNActgE&t=645s
Actualmente varios entrevistados aseguran que autoridades estatales y federales investigan unas transacciones con unos terrenos del Municipio que fueron vendidos por menos de la mitad de tasación para construir viviendas de interés social, pero después de la venta se construyen instalaciones de lujo. También se cuestiona la venta de propiedades para supuestamente utilizar en escuelas municipales, pero luego el mismo Municipio las traspasa a corporaciones que luego alquila.
Los entrevistados alegan que hay un virtual control mediático de la imagen del Municipio por los contactos que tiene en varios medios y con los que se logra silenciar coberturas que perciben como negativas. Esto incluye el manejo de redes sociales de parte de Luis Herrero, asesor vinculado al PPD; el rol de Saltamaccia Quiles quien es hijo de la comentarista Inés Quiles, y la pauta de programas de radio y anuncios en emisoras en cadena y en periódicos de circulación general.
En un comunicado oficial de prensa emitido ayer, el alcalde Miranda Torres exhortó a la prensa para que investigue y reseñe toda la información relacionada el caso del presidente Torres Torres, y recabó a los empleados municipales colaborar con cualquier investigación y solicitud de información. “A nuestros constituyentes le solicitamos mantenerse informados con los medios oficiales y que esta investigación nada tiene que ver con los servicios que se ofrecen a la ciudadanía”, concluyó diciendo Miranda Torres.
