Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan – La Autoridad de Tierras (AT) arrendó a la alcaldía de Toa Baja 501 cuerdas de tierras agrícolas y permitió que el municipio las subarrendara a una empresa integrada por dos socios del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, en lo que representa un nuevo capítulo en la secuela de posibles conflictos de interés por parte de los regentes del Departamento de Agricultura.

La AT avaló el subarrendamiento de fincas agrícolas a pesar de que es una modalidad de contratación que no está contemplada en la ley matriz de la dependencia, o ley 26 de 1941, mejor conocida como “Ley de Tierras de Puerto Rico”.

Los socios de González Beiró beneficiados con la transacción son Daniel Christopher Dowling y el veterinario Manuel Pérez, quienes ocupan las posiciones de secretario y tesorero en la empresa Agriart LLC.

En la citada empresa el secretario de Agricultura es socio y su hijo, Ramón González Bernnazar, ocupa la posición de vicepresidente. El presidente de Agriart LLC es el acaudalado ganadero Michael McCloskey, quien posee operaciones ganaderas en los Estados Unidos.

Simultáneamente, Daniel Christopher Dowling y el veterinario Manuel Pérez figuran como presidente y el agente residente de la empresa Coastal Farms LLC, que resultó favorecida por la determinación del director ejecutivo interino de la AT, Jorge Campos Merced, quien también es el subsecretario del DA.

Campos Merced avaló el arrendamiento de la finca de la AT al municipio de Toa Baja por $70 dólares anuales por cuerda y, además, permitió que el municipio y su alcalde, Betito Márquez García, subarrendaran el predio a la empresa Coastal Farms.

El contrato de subarrendamiento se extiende por 15 años y contempla un canon ascendente en tres etapas que comienza con $80 la cuerda durante los primeros cinco años, $90 los siguientes cinco años y $100 dólares los últimos cinco años.

Cambio de planes en Toa Baja

La transacción a favor de Coastal Farms en realidad constituye un cambio en los planes del municipio de Toa Baja debido a que el pasado cuatrienio el alcalde Márquez García, había alquilado la finca con el fin de establecer un cultivo de cáñamo a través de una corporación municipal, una iniciativa que no logró concretar.

Luego Márquez García propuso establecer en la finca cultivos de plantas ornamentales y más adelante se inclinó por la siembra y cosecha de pastos mejorados, que es el objetivo de Coastal Farms con el fin de satisfacer gran parte de la demanda del sector ganadero productor de leche.

En vez de recuperar las tierras, que es la práctica ordinaria de la AT con los agricultores que no tienen éxito en sus proyectos agrícolas, Campos Merced avaló que el municipio subarrendara la finca a Coastal Farms.

De hecho, la difusión esta semana del acuerdo entre la AT y el municipio de Toa Baja ha irritado a numerosos agricultores que aún no han logrado alquilar tierras en la AT y que consideran que el acuerdo con Coastal Farms es una muestra del favoritismo que existe actualmente en el DA con amigos y asociados de González Beiró.

Mano derecha de McCloskey

De hecho, una fuente de la AT indicó que Manuel Pérez “es la mano derecha Michael McCloskey en sus negocios de pastos mejorados en tierras de la AT que alquiló con su empresa Tropical Agriculture Solutions”. En esa empresa McCloskey figura como presidente y Manuel Pérez como agente residente.

Desde que González Beiró comenzó como secretario de Agricultura en enero de 2021, insistió en que el subarrendamiento debería figurar como una opción para las fincas de la AT.

González Beiró avaló una propuesta presentada por el agricultor Jaime Serrano Cardona, quien se declaró culpable de cargos de narcotráfico en 2017 en el Tribunal Federal de San Juan, para alquilar una finca de la AT a través de una tasa preferencial por cuerda.

En julio de 2018 la empresa Rosmar Dairy Inc, que es presidida por Serrano Cardona, alquiló en la AT la finca Walcott, que posee 222 cuerdas y está ubicada entre Arecibo y Barceloneta. En agosto del 2020 Rosmar Dairy Inc alquiló en la AT la finca Jaime Juan, que posee 220 cuerdas y está ubicada en barrio Sabana Hoyos de Arecibo. En las fincas Serrano Cardona opera cultivos de pastos mejorados.

La tasa de alquiler preferencial tenía como objetivo que Rosmar Dairy pudiera subarrendar las fincas a la empresa Pattern Puerto Rico Renewables Development LLC, para instalar en los terrenos un proyecto de energía renovable con placas solares.

Lucrativa tasa preferencial

La propuesta presentada por Serrano Cardona y promovida por González Beiró, dispone una tarifa mensual por cuerda que resulta entre $200 y $600 más baja, que las tarifas de arrendamiento para otras fincas de la AT. La tarifa mensual por cuerda más baja permitiría a Serrano Cardona subarrendar las dos fincas a Pattern Energy a la tarifa más alta y obtener un beneficio mensual por cuerda entre $200 y $600 por 40 años.

Agriart LLC es propietaria de los terrenos agrícolas donde se construirá un parque de placas fotovoltaicas en Salinas, una propuesta que fue aprobada recientemente por el comité de energía del DA. Las tierras de la empresa están ubicadas en el barrio Aguirre de Salinas y serían alquiladas a la empresa Clean Flexible Energy, que propuso construir en los terrenos un inmenso parque de placas fotovoltaicas que sería capaz de generar hasta 240 megavatios de energía eléctrica que serían adquiridos por la empresa Luma.

Clean Flexible Energy pertenece a la cogeneradora AES ubicada en Guayama.

Como resultado del acuerdo Agriart LLC obtendría un beneficio mensual por cuerda entre $200 y $700 durante todo el periodo de madurez de un contrato que excede los 30 años, lo que representará un ingreso multimillonario para la empresa.

El Negociado Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General del gobierno de Puerto Rico realizan varias pesquisas paralelas en la AT relacionadas con el patrocinio González Beiró al subarrendamiento de fincas agrícolas para proyectos de energía renovable, así como la venta de terrenos agrícolas de la AT por debajo de su valor de tasación a un conocido desarrollador.

Washington (EFE) – El hombre que intentó entrar en la sede local del FBI en la ciudad de Cincinnati (Ohio, EE.UU.) murió este jueves a manos de la Policía. 

El sospechoso, que no ha sido identificado aún por las autoridades, fue perseguido por la Policía después de huir del lugar de los hechos y fue dado de baja en un enfrentamiento con los agentes alrededor de las 3.00 p.m. hora local (15.00 GMT), según informaron medios locales. Ningún miembro de las fuerzas del orden resultó herido en el enfrentamiento, aseguraron las autoridades. 

Sobre las 09.15 hora local (21.15 GMT), el hombre intentó entrar al edificio del FBI armado con un rifle semiautomático AR-15 y una pistola de clavos, según informaron las autoridades. El sospechoso disparó varias veces contra las fuerzas del orden en su huida, pero no se registraron heridos. 

El director del FBI, Christopher Wray, rechazó en un comunicado los ataques “sin fundamento” contra el FBI. 

“La violencia y las amenazas contra las fuerzas de orden público, incluido el FBI, son peligrosas y deberían preocupar fuertemente a todos los estadounidenses”, señaló Wray también el jueves. 

Lo sucedido tiene lugar en un momento en el que han aumentado las amenazas contra el FBI después de que este cuerpo de investigación registrara la mansión del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) en Florida en busca de documentos clasificados que podría haberse llevado al dejar el poder.

Las autoridades no han informado aún sobre las posibles motivaciones del sospechoso. 

San Juan (EFE) – El incendio desatado en una planta de reciclaje en Carolina este jueves provocó una densa columna de humo y las críticas del alcalde José Carlos Aponte, quien estudia volver a demandar a la compañía propietaria ante la justicia.

El fuego comenzó en el local que ocupa la compañía de reciclaje de metales DCN Administrative and Recycling Corp., ubicada en la Carretera 887, cerca de la tienda de muebles Rooms To Go y del Centro de Control de Animales.

Los bomberos de Carolina y San Juan acudieron a atender el fuego y estuvieron trabajando en la escena durante horas hasta lograr extinguirlo al final de la tarde.

“Exhortamos a las comunidades aledañas a tomar precauciones de seguridad debido a la cantidad de humo en el área”, pidió el Negociado del Cuerpo de Bomberos en un mensaje en Twitter.

Ante este incidente, el alcalde de Carolina criticó a los administradores de la compañía DCN Administrative and Recycling Corp. por “la situación de emergencia provocada”.

“El incendio está confinado y bajo control, pero la densa columna de humo que ha generado el fuego puede provocar condiciones de salud y malestar a personas con problemas respiratorios, por lo que les exhortamos a tomar las debidas precauciones,”, aconsejó Aponte a los ciudadanos.

Cabe destacar que en 2021 el Municipio de Carolina demandó a esta compañía de reciclaje de metales con el objetivo de paralizar las operaciones que, según el alcalde, actúan fuera de los límites del permiso, ocasionando perjuicios a las comunidades del sector. 

El Tribunal de Primera Instancia falló en contra del municipio de Carolina, pero este se dispone a apelar esa sentencia y a evaluar el incendio de hoy para ver si existen agravantes para presentar un nuevo caso ante la justicia.

“¡Esto es algo que se veía venir! Esta compañía irresponsablemente obstruía el tránsito, operaba fuera del horario, causaba ruidos y olores ofensivos a la comunidad, recibían materiales de manera no adecuada y contaminaban el área”, denunció el alcalde.

San Juan (EFE) – Dos hombres fueron asesinados este jueves a balazos en incidentes separados en una residencia en Puerto Nuevo y frente a una escuela en Río Piedras, en circunstancias que están bajo investigación.

En Puerto Nuevo, la muerte violenta fue reportada en horas de la tarde de hoy en la calle #1 de la urbanización Caparra Terrace, según el comunicado de la Policía.

Una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar, pero al llegar los agentes se encontraron al hombre sin vida.

Se trata de un hombre de 25 a 30 años de edad aproximadamente, que fue baleado en el interior de una residencia, sin que se conozca por ahora el móvil de los hechos.

En cuanto al asesinato en Río Piedras, fue cometido en la avenida Ramón B. López, frente a la escuela Rafael López Sicardó.

Una alerta a través del sistema de detección de disparos Shotspotter movilizó a los agentes, que hallaron en el lugar a un hombre herido de bala.

La muerte del hombre, que no ha sido identificado al momento, fue certificada más tarde por el médico de turno del Hospital San Francisco en Río Piedras.

Ambos casos son investigados por agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno.

Por Sandra D. Rodríguez Cotto

Especial para EyBoricua

San Juan – Todo apunta a que en Washington se gesta un proceso acelerado de asimilación, aculturación y anexión para los ciudadanos de los territorios, y todo es en inglés. Eso es lo que impulsa el Colegio de Abogados de los Estados Unidos (American Bar Association), entre otras organizaciones y cabilderos, con una campaña de presionar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que reconsidere los “Casos Insulares” por calificarlos de racistas.

Esta es una de las conclusiones a las que alude un artículo publicado en el periódico washingtoniano The Hill donde se informa que el American Bar Association aprobó una resolución unánime en oposición a los famosos Casos Insulares porque limitan los derechos de los ciudadanos estadounidenses en los territorios basados en su raza.

La acción del gremio de abogados es significativa ya que surgen dudas sobre si el Tribunal Supremo podría considerar el tema en general, en momentos en que ha habido varias controversias recientes como la prohibición del aborto.

Esta decisión de los abogados estadounidenses además presiona a la administración del presidente americano Joe Biden para que defina su posición en una demanda presentada por los ciudadanos de Samoa, que se espera llegue al Supremo federal.

La demanda anularía los casos, extendiendo las protecciones constitucionales completas para los 3.6 millones de estadounidenses nacidos en los territorios. La administración debe decidir antes de fin de mes si opina sobre la demanda.

El Departamento de Justicia federal se negó a comentar sobre la posición de la administración, según The Hill.

Los defensores de anular los Casos Insulares dicen que esas resoluciones centenarias son dañinas tanto por sus efectos actuales como por el razonamiento abiertamente racista que las impuso.

El caso de Fitisemanu v. Estados Unidos fue presentado por ciudadanos estadounidenses de Samoa Americana que no tienen ciudadanía estadounidense completa.

Los samoanos estadounidenses son identificados como “nacionales”, pero no como ciudadanos estadounidenses, lo que les impide votar en las elecciones estatales y federales, incluso cuando se convierten en residentes de un estado. Los nativos de otros territorios son ciudadanos estadounidenses que pueden ejercer todos los derechos constitucionales siempre que primero se muden a un estado de la unión.

Aunque se desconoce si el Supremo federal atienda el caso Fitisemanu, al menos dos

jueces en funciones han expresado su intención de escuchar un caso contra los Casos Insulares.

En una opinión concurrente sobre un fallo de 8-1 contra el derecho de los puertorriqueños a recibir Seguridad de Ingreso Suplementario en mayo pasado, el juez Neil Gorsuch escribió que “los Casos Insulares no tienen fundamento en la Constitución y se basan en estereotipos raciales. No merecen lugar en nuestra ley”.

Y la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, el único voto en contra del fallo de la corte en ese caso, conocido como Estados Unidos v. Vaello-Madero, escribió en su voto disidente que los Casos Insulares “se basaron en creencias tanto odiosas como erróneas”.

Los Casos Insulares esencialmente otorgan al Congreso el poder de elegir qué derechos constitucionales confiere a los residentes de los territorios, incluidos en algunos casos los nativos de los estados o del Distrito de Columbia que residen en un territorio.

Esas limitaciones van desde el estatus de ciudadanía de Samoa hasta la implementación de las decisiones de la Corte Suprema (el matrimonio homosexual, por ejemplo, no es válido en Samoa Estadounidense a pesar de la decisión Obergefell v. Hodges) hasta las limitaciones en los programas sociales federales, como Medicaid.

“Algunas de [las limitaciones] son concretas y reales hoy, algunas son como una espada de Damocles que cuelga sobre tu cabeza”, dijo Neil Weare, presidente de Equally American, una organización de derechos civiles que se enfoca en los derechos de los residentes territoriales.

Los casos surgieron por primera vez cuando el Tribunal Supremo enfrentó cuestionamientos legales sobre la concesión de derechos a personas en territorios que habían sido invadidos o adquiridos por los Estados Unidos durante la Guerra Hispanoamericana y la partición de Samoa entre Estados Unidos y Alemania en 1899.

Los casos frecuentemente se basaron en puntos de vista racistas para llegar a sus conclusiones.

En el primero de los casos, una disputa de 1901 sobre si debían imponerse aranceles a las importaciones puertorriqueñas a Nueva York, el juez Edward Douglass White en una opinión concurrente escribió que los puertorriqueños eran “una raza incivilizada”, “una raza feroz, salvaje e inquieta” y “absolutamente incapaces” de obtener la ciudadanía estadounidense.

Las diferencias en las que se reconocen los derechos constitucionales en cada territorio generalmente se basan en el historial de toma de posesión de los EE.UU. de cada dependencia individual.

Samoa Americana se convirtió en territorio estadounidense como resultado de una disputa territorial entre Estados Unidos y Alemania en el Pacífico Sur; Puerto Rico y Guam fueron cedidos por España después de la Guerra Hispanoamericana; las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se compraron a Dinamarca; y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte negociaron las condiciones de su estatus territorial como parte de la disolución del Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Por esas diferencias históricas, algunos grupos dentro de los territorios se oponen a la eliminación de los Casos Insulares.

Un grupo de derechos indígenas en las Islas Marianas del Norte, por ejemplo, se opone a derogar los Casos Insulares porque sus miembros temen que el cambio pueda poner fin a las restricciones de propiedad de la tierra que favorecen a los nativos del territorio, informó el Pacific Daily News.

Y la oposición del gobierno de Samoa Americana fue un elemento clave en la decisión del Tribunal del Décimo Circuito contra los demandantes en el caso Fitisemanu.

“Es evidente que los deseos de los representantes elegidos democráticamente del territorio, que nos recuerdan que su pueblo no ha formado un consenso a favor de la ciudadanía estadounidense y nos instan a no imponer la ciudadanía a un pueblo que no está dispuesto desde un juzgado a miles de kilómetros de distancia, han no se ha tenido en cuenta adecuadamente”, escribió el juez Carlos Lucero, designado por el expresidente Clinton, en la decisión del Décimo Circuito.

Aún así, el panel del Tribunal de Apelaciones reconoció las fallas evidentes en el razonamiento detrás de los Casos Insulares.

“Se les critica por equivaler a una licencia para una mayor expansión imperial y por haberse basado, al menos en parte, en la ideología racista”, escribió Lucero, quien calificó el propósito y el razonamiento de los Casos Insulares como “deshonrosos a los ojos modernos”.

Pero Lucero agregó que la implementación actual de los Casos Insulares permite que los territorios con prácticas culturales distintas mantengan una forma de vida que de otro modo sería incompatible con ciertos principios constitucionales de los EE. deseo de ser ciudadanos estadounidenses de pleno derecho.

Por Sandra D. Rodríguez Cotto

Especial para EyBoricua

San Juan – Aníbal Mercado, quien hasta ayer era la mano derecha del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, cuando fue arrestado al ser imputado de agredir sexualmente en tres ocasiones a una subalterna, tiene un largo historial de perseguir opositores políticos y fabricar carpetas y casos contra supuestos subversivos desde la década del 80. Para ese entonces él era agente de la División de Inteligencia de la Policía.

Mercado era bien conocido en San Sebastián porque trabajó como ayudante del primer alcalde electo bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el 1992, Justo Medina. Luego, cuando Jiménez, quien también es del PNP, entró a dirigir el Ayuntamiento, se mantuvo como su mano derecha hasta ayer por el arresto.

En horas de la mañana, agentes de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla ocuparon el vehículo, el teléfono celular y allanaron la oficina de Mercado en la alcaldía. El hombre, de 71 años, presuntamente agredió sexualmente en tres ocasiones a una subalterna de 25 años, quien tiene diversidad funcional. Para añadir a la tragedia, la víctima es hija de un amigo de Mercado.

El alcalde Jiménez suspendió sumariamente de empleo a su ayudante en lo que termina la investigación. Pero el tema en San Sebastián desde ayer ha sido quién era este personaje que ostentaba tanto poder en la alcaldía.

Mercado tiene un largo historial de peligrosidad que data de la década de 1980 cuando se infiltró para perseguir independentistas. Según varios entrevistados en el pueblo, por varios años Mercado se infiltró en el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) en donde escaló a posiciones de liderato, mientras iba recopilando información de los miembros de esa colectividad para la División de Inteligencia de la Policía.

“Nos enteramos cuando del Comité Nacional de Acción Electoral lo identificaron. Entonces Mercado salió del PSP municipal y se destapó. Lo hizo frente a todo el mundo en un mítin del PNP. Entonces se hizo policía y todo el mundo lo veía militando en el PNP hasta que empezó a trabajar en el municipio”, comentó uno de los miembros del antiguo PSP.

“Era un abusador, con “güille”  de bravo, que se dedicaba a tratar de amedrentar personas y a sacar armas para que vieran que era policía. Después fue la mano derecha del alcalde Justo Medina y ahora con Javier (Jiménez)”, añadió.

Jiménez tenía contactos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que luego pasaron a LUMA, y cada vez que había un incidente con el servicio eléctrico en el municipio, el se movía a solucionarlo. Eso le agenció más poder con el alcalde Jiménez, según se supo.

Varias personas de San Sebastián recorrieron a las redes sociales para denunciar actos del imputado de ser depredador sexual.

En un post en la página de Facebook, Reynaldo Acevedo Vélez escribió: “Cuando los alcaldes Justo Medina y Javier Jiménez contrataron como ayudante especial al Sr. Aníbal Mercado Vázquez tenían conocimiento de sus andanzas, como ex agente fabricando casos de drogas, chota infiltrado en los Comité del PIP y del PSP de San Sebastián, agente provocador, incitador a la violencia, hasta que fue desenmascarado, y se quemó, le dieron alas a un monstruo y hoy gracias a la protección y premios que le otorgaron las administraciones Municipales del PNP, los empleados municipales no se sienten seguros ni protegidos ante este segundo caso de violencia sexual que le ha costado millones de dólares a los contribuyentes municipales. Sr. Alcalde el pueblo espera una respuesta clara, de fijación de responsabilidades. Usted lo nombró, no basta con la activación del protocolo de hostigamiento sexual, eso es lo menos, es hora que enfrente su responsabilidad política en el mejor interés del pueblo y de los empleados municipales”.

El Departamento de la Familia, la Procuradora de la Mujer y el liderato del PNP guardan silencio en este asunto.

La querella por agresión sexual contra la empleada de la alcaldía se hizo el pasado   lunes, 8 de agosto, a las 7:59 p.m. La denuncia establece que la joven de 25 años le narró a su madre que fue agredida sexualmente en tres ocasiones en su oficina de trabajo. Según fuentes de la alcaldía, el hombre amenazó a la víctima con tomar represalias contra ella y su familia si revelaba los hechos.

El juez que ordenó el allanamiento hoy en la alcaldía fue Orlando Avilés Santiago, informó el Departamento de Justicia. La fiscal Sharon Falak Rodríguez, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Aguadilla, está a cargo de la investigación de este caso.

E alcalde Jiménez dijo en la emisora WKAQ 580 que conocía a todas las personas involucradas en este caso.

Polémica al llamar asesinas a las que aborten

En mayo pasado, ¡Ey! Boricua reveló que el municipio de San Sebastián está por aprobar una política pública discriminatoria hacia las mujeres. La ordenanza municipal que impulsaba el alcalde y la Legislatura Municipal calificaba de “asesinas” a las mujeres que abortaran o se realizaran histerectomías. Además, establecía “cero tolerancia” a los abortos entre empleados del municipio de San Sebastián.

Cuando fue entrevistado sobre el tema en el programa radial En Blanco y Negro con Sandra ante esa polémica, el alcalde enmendó la ordenanza que se aprobó sin la palabra “asesinas”, pero sí, estableciendo una política pública antiaborto. Se trató del  llamado “Manifesto por la Vida”, que obligaba a todos los empleados del municipio y de la Legislatura Municipal de San Sebastián a defender la vida y oponerse al aborto.

“Esta administración Municipal de San Sebastián, a través de su alcalde, Hon. Javier D. Jiménez Pérez, han creado el Manifiesto titulado A Favor de la Vida. Esta Legislatura Municipal luego de tomar conocimiento de este Manifiesto, desea unirse a esta iniciativa, establecida en el mismo. Levantando nuestra voz en defensa de la vida y la protección de aquellos que presentan el estado más indefenso y puro de un ser humano”, sostiene la resolución que iría a votación ayer.

San Juan, 11 de agosto – La organización CAMBIO, junto con otros peritos en el tema energético, enviaron una carta a la Junta de Supervisión Fiscal, argumentando que el Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha subestimado el gasto de combustible en años futuros.

“El Plan Fiscal más reciente de la AEE crea una representación poco realista a los bonistas, a los mercados financieros y a los líderes políticos de la cantidad de dinero potencialmente disponible para pagar la deuda de la AEE, principalmente por subestimar el presupuesto de combustible de la AEE”, se plantea en la carta. 

Los firmantes de la comunicación a la Junta alegan que el error en las proyecciones de gastos de combustible resulta de un cambio en suposiciones de modelaje que no tiene ninguna base en la realidad.

“La Junta tiene un historial de subestimar los gastos de combustible fósil en todos sus planes fiscales, lo cual crea la ilusión de que hay más dinero disponible que el que realmente hay”, sostuvo Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización CAMBIO y una de las coautoras de la carta. 

“En vez de impulsar agresivamente la transición hacia la energía renovable, que es necesario para reducir y estabilizar los costos del sistema, la Junta parece estar manipulando su modelaje para obtener los resultados que quiere”, agregó Vila en declaraciones escritas. 

El Plan Fiscal estima los costos de combustibles en $2,900 millones en el año fiscal 2023, pero solamente asigna $1,400 millones en el año fiscal 2024, y dice que los factores más importantes en esta disminución son los precios de combustibles y un cambio en su modelaje. El propio plan fiscal admite que el cambio de modelaje que hizo la Junta para el año fiscal 2024 resulta en “proyecciones de gastos [de combustible] que son significativamente más bajos”.  

Según la carta, “no hay otra manera de entender esto sino una admisión de que la Junta, artificialmente y de forma poco profesional, ha manipulado su modelaje de los costos de combustibles en una cantidad que ronda los cientos de millones de dólares”.

La carta enfatiza que los combustibles fósiles representan el gasto más significativo en el sistema eléctrico actual, alcanzando 63% del presupuesto de este año fiscal. Por eso, errores en las proyecciones de los gastos de combustibles “tienen implicaciones significativas para cualquier estimado de cuánto dinero podría estar disponible para otras necesidades del sistema”, exponen los peritos en el tema energético.

“Esto es particularmente preocupante dado que la Junta está actualmente negociando con los bonistas para reestructurar la deuda de la AEE”, dijo Cathy Kunkel, gerente del Programa de Energía de CAMBIO y coautora de la carta, la cual también fue endosada por Anna Sommer de Energy Futures Group y Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Economía Energético y Análisis Financiero (IEEFA). 

“A pesar de que la Junta sigue argumentando que los clientes de la AEE pueden costear más cargos en la tarifa para pagar la deuda, nuestro análisis del Plan Fiscal indica que esta no es la realidad”, añadió Kunkel.

San Juan, 11 de agosto –  Las tres escuelas de derecho en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico (UPR), Universidad Interamericana (UIPR) y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) se unieron para solicitarle al Tribunal Supremo que el examen de reválida se vuelva a ofrecer en dos días, para que de esta manera los estudiantes puedan ser evaluados con rigor, pero al mismo tiempo de un modo “justo”. 

Las escuelas hicieron su solicitud mediante una carta enviada a la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz, y a los otros siete jueces asociados que integran el tribunal.

La licenciada Vivian I. Neptune Rivera, decana de la Facultad de Derecho de la UPR, destacó que el formato de administración del examen en un solo día fue adoptado en 2020 por la pandemia del Covid-19, mas, sin embargo, con los esfuerzos de vacunación y concienciación sobre la enfermedad el país ya se ha movido a realizar actividades de manera presencial en lugares cerrados, por lo que el examen de reválida no debe ser la excepción. 

“No existe razón para que el examen de septiembre 2022 se administre en un solo día y se mezclen materias sin considerar el tiempo real que tienen los estudiantes para responder. Estamos convencidos de que lo justo para el estudiantado es que se regrese al formato de dos días”, dijo Neptune Rivera en declaraciones escritas. 

Por su parte, el licenciado Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la UIPR, coincidió y recalcó que es imperativo regresar al examen de dos días. 

“Se debe descartar la opción del examen de un solo día, durante el cual, de manera atropellada, se hacen preguntas sobre múltiples materias. Mientras más tiempo tenga un estudiante para demostrar su dominio del derecho, es mejor para todos”, dijo Fontanet, quien reconoció la iniciativa del Tribunal Supremo de revisar y ajustar la nota de pase (después de 35 años) 

No obstante, advirtió que “todavía hay otros problemas —como el tipo de preguntas que se hacen, el modo en que se corrigen y el valor que se les atribuye— pues han sido causantes del bajo porcentaje en la aprobación del examen”.

“Este examen debe enfocarse para que sea el mejor mecanismo para medir las capacidades y talentos de nuestros futuros colegas, no como un recurso para limitar el ejercicio de la abogacía en nuestro país”, añadió Fontanet.

Entretanto, el licenciado Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR, dijo que la revisión de la cantidad de días disponibles para tomar el examen será de beneficio tanto para los aspirantes a practicar la abogacía, como para el país en general. 

“Nuevamente, se trata de un proceso en el que las escuelas podemos aportar ideas, recursos y espacios para que el examen sea verdaderamente transparente, tanto para las personas que lo toman como para la ciudadanía, que confía en que las personas con licencia para la abogacía tienen las destrezas para brindar un servicio adecuado.”

Fontanet, agregó, que las escuelas están en la disposición de prestar sus facilidades a la Junta de Reválida para que puedan ofrecer el examen. Al tiempo que cuestionó las explicaciones para que el examen se ofrezca en un solo día.  

“Las tres escuelas de derecho estarían dispuestas a ofrecer gratuitamente sus instalaciones para que la Junta de Reválida pueda ofrecer el examen en dos días, si es que la razón para no hacerlo es de índole fiscal. Tampoco el asunto de la pandemia debe ser excusa para limitar los días de reválida, pues, ¿cómo es posible que pueda haber conciertos de música popular de tres días corridos con más de 17,000 personas cada día y no pueda darse un examen de reválida de dos días para 500 personas?

San Juan (EFE) – El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) decidió este miércoles cerrar los casos contra el exsecretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado y la exsecretaria de Familia Glorimar Andujar Matos.

Acogiendo la recomendación del Departamento de Justicia, optó por no asignar un FEI a estos casos porque no existe prueba que conlleve esa medida, según el comunicado oficial.

El caso se originó con un referido de la inspectora general Ivelisse Torres Rivera relacionado con el alegado pago ilegal de nóminas a varios empleados del Departamento de Salud (DS) con fondos de Medicaid para realizar tareas no pertinentes a dicho programa.

También incluyó el hallazgo de un pago ilegal con fondos federales del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a un empleado identificado como Gian J. Vale del Río, asignado en destaque en el DS.

La investigación preliminar indica que no hay prueba de que Andujar Matos tuviera control sobre el manejo de esos fondos porque estas operaciones le competen a su administrador.

Tampoco hubo prueba que relacionara a dicha funcionaria con el desembolso ilegal de los fondos del PAN por concepto del pago del salario de Vale del Rio durante su destaque en el DS.

El PFEI señaló que tampoco existe causa suficiente para entender que el exsecretario Rodríguez Mercado cometiera el delito de malversación de fondos públicos.

San Juan (EFE) – El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) calificó este miércoles de “ejercicio vergonzoso” la querella de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) por las denuncias de acoso en la colectividad.

Según la querella que se filtró anoche pese a ser confidencial, y que está firmada por la saliente procuradora Lersy Boria, el PIP se expone a tres multas administrativas por parte de la OPM que alcanzan los $30,000. 

El PIP denunció que hay “muchos datos falsos circulando por distintos medios” y que no hay ninguna imposición de multa sino una petición de la exprocuradora para que se imponga esas multas.

El grupo también aseguró que no es una querella “por acoso laboral”, sino que las faltas que imputa es que “el PIP como patrono no tenía protocolos para casos de acoso laboral o de hostigamiento sexual en el empleo”.

“Sobre las alegaciones de acoso y hostigamiento, la Sra. Boria no hace ninguna declaración, ninguna alegación, ninguna determinación, ninguna imputación de violación de ley”, subrayó el comunicado.

El PIP reiteró que con “toda la evidencia en sus manos (la exprocuradora) no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de acoso u hostigamiento”.

Según el documento de la querella, al PIP se expone a tres multas, de $10,000 cada una, por violar la Ley 17, que exige a los patronos un lugar libre de hostigamiento; la Ley 20, al fallar a su obligación de promover una política a favor de las mujeres; y a la Ley 90, por no contar con un protocolo para evitar el acoso laboral. 

En cuanto a ese castigo total de $30,000, el partido criticó que es “mucho más” que la suma de las cinco multas administrativas que impuso en el 2021 la OPM.

El PIP aseguró que “no hay, no ha habido, ningún caso, ninguna alegación, nada que tenga que ver con hostigamiento sexual en la sede del partido”.

El grupo también expresó su “preocupación” sobre la filtración de documentos que son parte de la investigación confidencial mediante la cual proveyó a la OPM toda la información requerida.

A mediados de junio pasado, varias mujeres presentaron quejas de acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso cibernético por parte de hombres militantes de ese partido.