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NEGOCIOS

Renuncia la secretaria de Recursos Naturales Tania Vázquez

Es investigada por el FBI por un supuesto caso de corrupción

San Juan (EFEUSA) – Nuevos presuntos casos de corrupción ligados a altos funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, o sus familiares, entre ellas las hijas de la gobernadora, Wanda Vázquez, salpican la vida política de la isla, donde este jueves dimitió la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez, investigada por el FBI, por un supuesto caso.

La renuncia de la funcionaria culmina varios días en el que la corrupción ha ocupado la atención mediática, problema que según señaló a Efe el analista político Hiram Guadalupe va más allá de si contratos obtenidos por hijos de políticos son o no legales, ya que como sostuvo lo que hay que valorar es si son inmorales.

La número dos del Ejecutivo puertorriqueño, la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, salió al paso de los contratos de su hijo con administraciones públicas para asegurar que se evitó cualquier tipo de conflicto de intereses.

Laboy aclaró además que cuando el pasado mes de agosto accedió al puesto de secretaria de la Gobernación le comunicó a su hijo que dado el nuevo cargo que iba a asumir debería finalizar sus contratos con agencias estatales.

El hijo de la funcionaria, Delfos Ochoa Laboy, obtuvo contratos con la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

La directora de la Assmca, Suzanne Roig Fuentes, rechazó hoy que el hijo de Laboy fuera contratado en su agencia por su parentesco, además de indicar que este tenía las competencias necesarias.

Guadalupe dijo que no se pone en duda el que los hijos de estos servidores públicos tengan capacidades para obtener contratos, sino el que haya igualdad con respecto a otras personas.

El analista indicó que el problema reside en que individuos que llegan a la vida pública “buscan servirse del escenario público”.

Guadalupe matizó que a su entender el problema se adentra en el de la corrupción en Puerto Rico, que tiene su raíz en la financiación de las campañas políticas por personas que después tratan de cobrarse el favor con contratos públicos.

Los contratos del hijo de Laboy con la Administración no son algo nuevo en Puerto Rico entre vástagos de políticos, tal y como recuerda la prensa local, que habla de “hijos talentosos” que se ganaron sustanciosos contratos.

A principios de cuatrienio, cuando su madre, la actual gobernadora, ocupaba la titularidad del Departamento de Justicia, Beatriz Díaz Vázquez trabajó como oficial de prensa del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

La semana pasada se reveló que su hermana, Stephanie Díaz Vázquez, fue contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para labores administrativas y de gerencia de proyectos.

El DCR informó este jueves en un comunicado que Díaz Vázquez concluyó hoy el contrato con el DCR y el programa federal “Sexual Offender Management Population”.

El responsable de la agencia, Eduardo Rivera, indicó que el salario de Díaz era de un máximo mensual de 4.800 dólares mensuales y que procedía de fondos federales para el citado programa.

Por otro lado, en relación a su hermana Beatriz, el Departamento de Familia dijo hoy que ella prestó servicios a la empresa de relaciones públicas Strategic Communications Management, Corp, que tiene contratada pero dejó de trabajar en dicha empresa hace varios meses.

La lista de “talentosos” incluye al hijo del exsecretario del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien obtuvo contratos con esa agencia estatal, lo que su padre defendió por el gran talento de su hijo, lo que dio lugar a acuñar el nombre.

A la obtención de contratos por parte de familiares de políticos se une este semana el asunto de la investigación por agencias federales de hechos sucedidos en el DRNA que desencadenaron finalmente la dimisión de su titular.

La prensa detalló que secretaria de la Gobernación y la jefa del Ejecutivo se habían reunido para abordar el asunto de los contratos en el DRNA que investiga el FBI.

La secretaria del DRNA había dado a conocer que recibió la visita de agentes del FBI, quienes matizó que le comunicaron que la investigación no iba dirigida contra su persona.

La investigación estaría, hipotéticamente, relacionada con unos contratos para el mantenimiento de bombas para el control de inundaciones que administra el DRNA, pagados con fondos federales para la reconstrucción tras el paso del huracán María.

La prensa reveló que hace 2 años el FBI interrogó al senador Nelson Cruz para corroborar información sobre supuestas irregularidades en contratos en ese departamento.

En esos contratos estarían implicados, hipotéticamente, además de la secretaria del DRNA, el actual superintendente del Capitolio -sede del Legislativo-, José Jerón Muñiz, propietario de empresas adjudicatarias.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, dijo no sentirse sorprendido por la investigación del FBI, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, matizó que había informado de hipotéticas irregularidades en el DRNA al exgobernador Ricardo Rosselló, tras matizar que estas nada tenían que ver con los contratos de Muñiz.

El presidente del Senado, Thomas Rivera, dijo por su parte que cualquier investigación deberá llevarse hasta sus últimas consecuencias.

Las investigaciones federales en El Capitolio no son nuevas, ya que hace meses una investigación de agencias federales llevó a la cárcel al funcionario del Senado Ángel Figueroa y dos contratistas de la Asamblea Legislativa por facturar y recibir dinero por servicios no realizados.

La sensación de que hay un “rebrote” en los casos de corrupción ganó peso al divulgarse hoy un audio del exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, en el que imparte instrucciones para la venta de taquillas para eventos de recaudación de fondos para la campaña a la reelección del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Llerandi promueve en el audio la toma de represalias en contra los empleados que no colaboraran con las actividades de la campaña de Rosselló.

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