El auge del oro ilícito fortalece mafias, debilita instituciones y agrava crisis humanitarias en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia y Guatemala
Redacción América (EFE) – La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Con Perú y Ecuador al borde del colapso institucional en ciertas regiones, el fenómeno también golpea con fuerza a Brasil, Colombia y Guatemala. Solo Chile parece haberse blindado ante esta plaga.
En Perú, el panorama es alarmante y aún más tras la reciente masacre de trece guardias de seguridad en una mina en Pataz. La región de La Libertad está bajo emergencia desde febrero de 2024, y Madre de Dios acumula más de 100,000 hectáreas deforestadas.
El uso de mercurio afecta a poblaciones indígenas y genera problemas sanitarios graves. La ausencia del Estado y el aumento del precio del oro han permitido el auge de mafias que se disputan el control de territorios y rutas de extracción. Además de los asesinatos, se han registrado secuestros y extorsiones a pequeños mineros y trabajadores.
El oro ilegal: motor oculto de las economías sudamericanas
Según el Instituto Peruano de Economía, el 44% del oro ilegal exportado en Sudamérica proviene de Perú, superando a Colombia (25 %) y Bolivia (12 %). El poder de las mafias ha rebasado a las fuerzas del orden, y en muchas comunidades los propios pobladores viven atemorizados o incluso colaboran por necesidad económica.
En Ecuador, la minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los pilares del crimen organizado. Grupos como Los Lobos, Los Choneros y disidencias de las FARC se disputan zonas clave como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. La emboscada reciente que dejó once militares muertos en la Amazonía ecuatoriana, atribuida a los Comandos de la Frontera, revela la gravedad del problema.
La situación es tan crítica que el presidente Daniel Noboa ha declarado el «conflicto armado interno» y decretado estados de excepción en municipios como Camilo Ponce Enríquez y la provincia de Orellana, suspendiendo derechos constitucionales para facilitar allanamientos y operativos conjuntos.
La deforestación es otra consecuencia visible: solo en Alto Punino se han perdido 1,500 hectáreas de selva desde 2019, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
El asesinato de los alcaldes de Camilo Ponce Enríquez y Portobelo en 2024 demuestra cómo la minería ilegal corroe también la gobernabilidad local. Las bandas criminales buscan no solo controlar el negocio del oro, sino también las instituciones que podrían frenarlas.
Empresas fachada, exportaciones récord y lavado de oro
Brasil también sufre los estragos del llamado «narcogarimpo». Bandas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) utilizan la minería para blanquear dinero y controlar territorios en la Amazonía. En 2023, un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública detectó la presencia de estas organizaciones en al menos 178 municipios amazónicos.
La crisis humanitaria de los yanomamis en Roraima, con 337 muertes en 2024 por causas como malaria, desnutrición e infecciones, obligó al Gobierno a declarar la emergencia sanitaria y activar unas 3,000 operaciones de desalojo. Además, se calcula que la minería ilegal impuso un perjuicio económico de $50 millones a esta comunidad.
La minería ilegal aurífera también ha ganado terreno en Bolivia, especialmente en los ríos del norte amazónico, donde operan en zonas de alta biodiversidad como el parque Madidi y en territorios indígenas.
Estas actividades contaminan los ríos con mercurio, afectando gravemente a peces que son esenciales en la dieta de las comunidades indígenas amazónicas.
El 74% de los habitantes en esas regiones presentan niveles de mercurio por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa una amenaza directa a su salud y seguridad alimentaria.
A ello se suma la denuncia de trata y tráfico de menores con fines de explotación sexual, lo que agrava el impacto social de esta economía ilícita.
Colombia: minería ilegal y control territorial de grupos armados
En Colombia, más del 70% del oro de aluvión se extrae ilegalmente y afecta 63.000 hectáreas. Esta minería alimenta redes de extorsión, lavado de activos y control territorial por parte del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Chocó, Antioquia y Nariño son los departamentos más afectados.
La investigadora Sara García, de Insight Crime, señala que estas economías ilegales «ya son estructuras estables que permeabilizan muchas instituciones». La subida del 30% en el precio del oro ha reforzado esta economía paralela, que genera desplazamientos, enfermedades y destrucción ambiental, especialmente por el uso intensivo de mercurio.
Guatemala, aunque en menor escala, también enfrenta el problema. En 2023 se documentaron 105 casos de explotaciones ilegales, la cifra más alta de los últimos años. Las explotaciones se concentran en el centro y el oeste del país, muchas operando fuera de los permisos concedidos por el Ministerio de Energía y Minas.
Chile: un caso excepcional de control y trazabilidad minera
En contraste, Chile representa la excepción en la región. Con una industria minera que aporta el 12% del PIB y una fiscalización efectiva, el país apenas registra minería ilegal. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indica que los casos que existen están más relacionados con robos en minas activas o abandonadas.
El Gobierno ha implementado incentivos como la patente minera rebajada para pequeños mineros, lo que ha ayudado a formalizar actividades y reducir el mercado ilegal. También ha fortalecido los sistemas de trazabilidad de minerales y los requisitos de exportación.
