Washington, 25 jun (EFE) – El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este jueves que los inmigrantes cuyas peticiones de asilo se hayan rechazado al entrar al país no pueden apelar esas decisiones en cortes federales, un precedente que podría dificultar los casos de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur.
Por 7 votos a favor y 2 en contra, el Supremo concedió una victoria al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en una sentencia que, según activistas y expertos, podría permitir a la Casa Blanca profundizar su campaña para negar el asilo a los indocumentados con poca o nula supervisión judicial.
El caso implicaba a Vijayakumar Thuraissigiam, un miembro de la minoría étnica tamil de Sri Lanka que fue detenido poco después de cruzar la frontera con México en San Ysidro (California) y pidió asilo, al argumentar que tenía un «miedo creíble» de persecución si le deportaban a su país de origen.
La petición de Thuraissigiam, como las de miles de indocumentados que cruzan la frontera cada año, fue considerada bajo un proceso llamado de «deportación expedita», que permite al Gobierno agilizar la expulsión de esos migrantes sin la supervisión de los tribunales.
Tras ver rechazada su solicitud, Thuraissigiam presentó una petición de «habeas corpus» ante una corte federal, con el argumento de que las torturas de las que huía y que había relatado a los agentes migratorios se enmarcaban dentro de una campaña de abusos bien documentados contra los tamiles en Sri Lanka.
Aunque el primer juez rechazó su petición, una corte de apelaciones declaró que la ley de 1996 en la que se basa el procedimiento de «deportación expedita» no era constitucional, lo que provocó que el caso acabara en el Supremo.
La decisión, escrita por el juez conservador Samuel Alito, concluye que «un extranjero en el umbral de la entrada al país no puede reclamar grandes derechos bajo la cláusula de debido proceso» de la Constitución estadounidense.
Solo dos juezas votaron en contra, las progresistas Elena Kagan y Sonia Sotomayor, y esta última, la primera hispana en el Supremo, advirtió de que la sentencia podría tener implicaciones más allá del caso de Thuraissigiam y afectar cómo se trata a los indocumentados que llegan al país.
El Gobierno de Trump ha limitado la capacidad de los indocumentados de solicitar asilo en EE.UU. con una política migratoria que ha generado todo tipo de críticas y demandas, pero el Supremo ha respaldado hasta ahora la legalidad de esa estrategia y el pasado marzo dio luz verde al programa «Permanezcan en México».
Esa política obliga a muchos de los indocumentados que solicitan asilo en la frontera sur de EE.UU. a esperar en México a que se tramiten sus peticiones y se les otorgue una audiencia ante un juez de inmigración.
