El fallo respalda el derecho de las empresas a impugnar regulaciones ambientales sin pronunciarse sobre su legalidad
Washington (EFE) – El Tribunal Supremo estadounidense reactivó este viernes una demanda de refinerías de petróleo contra la regulación de emisiones para vehículos en el estado de California, una normativa que el presidente Donald Trump ha querido desactivar.
El máximo tribunal estadounidense revivió los requerimientos de estas empresas por 7 votos a favor y dos en contra, los de las magistradas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
«Por lo general, el gobierno no puede poner en el punto de mira a una empresa o industria a través de una regulación estricta y supuestamente ilegal, y luego evadir las demandas resultantes al afirmar que los objetivos de su regulación deberían ser excluidos de los tribunales», afirmó el juez Brett Kavanaugh, encargado de redactar el edicto de opinión de la corte.
Debido a los problemas de contaminación en California, especialmente en torno a la región metropolitana de Los Ángeles, el Gobierno Federal ha otorgado exenciones en las normativas de emisiones para vehículos, permitiendo activar marcos más estrictos en este estado.
Debido al peso territorial y económico de California los fabricantes de automóviles han adoptado estos estándares más estrictos incluso para coches vendidos en otros estados.
Varias refinerías y fabricantes de combustibles han tratado de impugnar estas exenciones y, después de que un tribunal de apelaciones desestimara su demanda, elevaron su causa ante el Supremo, el cual se ha negado a emitir un dictamen sobre la cuestión en sí y se ha centrado en determinar si las empresas tienen el derecho legítimo de disputar legalmente esas medidas.
Al margen de la decisión del Supremo, Trump ya firmó recientemente iniciativas aprobadas por vía rápida en el Congreso para terminar con las exenciones para California, algo que ya hizo durante su primer mandato (2017-2021) antes de que Joe Biden (2021-2025) las restableciera.
Sin embargo, California y otros diez estados han presentado una demanda argumentando que el uso de la vía parlamentaria para rescindir estas exenciones es ilegal.
