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AMBIENTE

Panamá deroga polémico decreto que afectaba el ambiente

La medida permitía otorgar certificados de uso de tierras e áreas protegidas

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Parque Nacional Coiba, en el pacífico panameño (Foto: EFE/Alejandro Bolívar/Archivo)

Ciudad de Panamá, 15 de diciembre de 2021 (EFE) – El Gobierno de Panamá derogó este lunes un polémico decreto, aprobado en octubre pasado, que permitía otorgar certificados de uso de tierras en áreas protegidas, lo que desató una lluvia de críticas de sectores ambientalistas que lo impugnaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se trata del Decreto Ejecutivo 141 del 26 de octubre de 2021, “que estableció el procedimiento especial para otorgar certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas a quienes demostraran su permanencia dentro del área protegida antes de su creación”, de acuerdo con la información oficial.

Entre las consideraciones plasmadas en el Decreto 143 del 13 de diciembre de 2021, que deroga el 141, el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo señaló la “precipitada disposición que señala que las áreas protegidas son bienes de dominio público del Estado y serán reguladas por el Ministerio de Ambiente”.

También que el Ministerio de Ambiente, al emitir el Decreto 141, omitió una consulta pública establecida por ley como procedimiento para tratar temas o problemas ambientales.

“El procedimiento especial para la acreditación de uso de suelo en áreas protegidas es un tema ambiental de gran importancia, por tanto, requiere ser sometido a consulta pública de acuerdo a lo estipulado en las normas” panameñas, señaló el texto oficial, publicado este mismo lunes en la gaceta oficial.

El pasado 23 de noviembre, ocho organizaciones ambientalistas pidieron al Supremo panameño que declarara nulo “por ilegal” el decreto 141 que, aseguraron, violaba “más de 35 disposiciones” del marco legal vigente en Panamá.

“El Decreto Ejecutivo 141 de 2021, en suma, favorece la degradación de las más de 100 áreas protegidas de Panamá: desde las playas de anidación de tortugas marinas hasta los bosques hogares del jaguar. La norma demandada también favorece el establecimiento de terratenientes y la especulación y acaparamiento de tierras”, afirmaron los activistas.

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