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AMBIENTE

Organizaciones ambientales reclaman cambio a energía renovable

Es momento de usar fondos federales para apoyar el plan Queremos Sol con placas solares en techos que eviten futuras alza en tarifas eléctricas, urgen líderes ambientales y comunitarios

San Juan (9 de marzo de 2022) – Aunque es un buen primer paso la decisión del gobierno de paralizar el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ahora se necesita  un cambio de política pública que incluya auditar la deuda y apoyar el plan Queremos Sol que usaría los fondos federales de la reconstrucción para instalar placas solares en los techos de viviendas y comercios. 

Ante la paralización del Acuerdo de Reestructuración de la Deuda (RSA) que hubiera representado para Puerto Rico aumentos en la tarifa eléctrica por 47 años, organizaciones que integran la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) urgieron a renegociar la deuda de manera justa y descartar la inversión en infraestructura de gas metano para de una vez cambiar a la energía renovable de la propuesta Queremos Sol.   

“La renegociación del acuerdo de reestructuración para reducir la deuda de la AEE es un asunto apremiante para evitar la pobreza e injusticia energética en el país. Además, la disponibilidad de aproximadamente $12 mil millones en fondos federales asignados a la AEE presenta una oportunidad única para aliviar la carga que representa la tarifa eléctrica para las personas residentes, las empresas y las instituciones en Puerto Rico. La inversión de los fondos por parte de la AEE en la adquisición e instalación de sistemas solares en los techos acompañados de baterías reduciría la tarifa eléctrica por el futuro previsible”, expresó la abogada Ruth Santiago, del Comité Diálogo Ambiental.  


Los integrantes de las organizaciones ambientales plantearon que paralizar el RSA no es suficiente. “La decisión del Gobernador de cancelar el acuerdo existente con los bonistas organizados de la deuda de la AEE es un primer buen paso. No obstante, antes de entrar en nuevas conversaciones con esos grupos de acreedores, es urgente y necesario que se audite la deuda de la AEE. No es justo para nuestra gente que el Gobierno de Puerto Rico se comprometa a pagar bonos emitidos en forma dudosa. Tampoco es buena práctica garantizar esos bonos con tarifas que agravaría aún más el bolsillo de los consumidores. Un nuevo acuerdo con los bonistas tiene que respetar las prioridades del Acuerdo de Fideicomiso (Trust Agreement) actual que ha regido las emisiones de bonos de la AEE, lo cual establece que el mantenimiento necesario al sistema eléctrico y el pago de las pensiones tienen prioridad sobre los pagos a los bonistas”, manifestó Maritza Maymí, de Sierra Club. 

Amy Orta Rivera, de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática coincidió con auditar la deuda. “No se debe negociar un Plan de Ajuste de Deuda de la AEE sin la debida auditoría de los bonos emitidos, especialmente cuando ya se ha reconocido que algunos podrían ser ilegales. Seguir este patrón de reestructuración sin rendición de cuentas nos pondrá en una situación aún más débil para enfrentar los retos de la crisis climática”, señaló Orta. 

Una de las objeciones de AERA y Queremos Sol al RSA es que este impondría un cargo por kilovatio-hora a las nuevas instalaciones de energía solar en techos, lo que significa que los clientes que instalan sistemas fotovoltaicos después de una fecha límite tendrán que pagar un cargo por la energía que generan sus propios paneles (el “impuesto al sol”). El pago de los bonos del RSA de esta manera será basado no solamente en la venta de energía, sino también en la generación de energía por placas solares, una inversión privada de la ciudadanía.

Myrna Conty, de la Alianza de Energía Renovable (AERA) planteó que “es fundamental que los intereses de la gente estén por encima de la reestructuración de la deuda de AEE, siendo un servicio esencial. Es inconcebible un impuesto al sol. Estaríamos penalizando por movernos hacía la energía renovable, en contra de la Ley 17-2019. Por lo tanto sería ilegal. ¿Ahora no somos un país de ley y orden?”.

Cathy Kunkel, de Cambio PR, comentó que “la realidad es que Puerto Rico no puede solventar un aumento en la tarifa para pagar los bonistas sin perjudicar su recuperación económica y estabilidad física del sistema eléctrico. Esto no va a cambiar sin una inversión masiva en la energía renovable para bajar la tarifa por debajo de 20 centavos por kWh. Si el gobernador logra su objetivo de invertir en nueva infraestructura de gas natural en vez de energía renovable, la situación empeoraría aún más, no mejorará”.

La aprobación del RSA hubiera tenido varias implicaciones para la tarifa de luz. Primero, para pagar la deuda de la AEE, el RSA aumentaría la tarifa de luz por los próximos 47 años, comenzando en 2.768 centavos por kilovatio-hora (kWh) y escalando a 4.552 centavos por kWh. Además de esto, los clientes de la AEE también tendrían que pagar honorarios profesionales incurridos por parte de los bonistas y las aseguradoras, costos de financiamiento en curso y ciertos pagos a la aseguradora de bonos Assured Guaranty. Basado en las proyecciones económicas de la Junta de Control Fiscal, las organizaciones de Queremos Sol estimaron que los clientes del sistema eléctrico de Puerto Rico pagarían más de $23 mil millones de dólares en los próximos 47 años para repagar aproximadamente $6.4 mil millones de bonos originales de la AEE.

Adriana González, de Sierra Club, concluyó que “la eliminación de este acuerdo debe ser seguido por la adopción de Queremos Sol como política pública. La utilización de fondos públicos para pagar combustibles fósiles es retrógrado y nos mantiene atados al sistema eléctrico no confiable y dependiente”.

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