San Juan, 28 dic (EFE News) – El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó este lunes que determinó encomendar a sus fiscales especiales investigar a un grupo de funcionarios en las compras fallidas de $1 millón en pruebas serológicas de la covid-19 a principio de la pandemia.
La determinación del PFEI, según explicó en un comunicado de prensa, se da después de que el Departamento de Justicia local decidiera no investigar esta situación.
Para su determinación, el PFEI, según indicó, evaluó las declaraciones juradas en el sumario fiscal remitido por el Departamento de Justicia.
De las declaraciones, surgen que varios funcionarios y personas, sin autoridad legal, intervinieron indebidamente con los procesos de compras y adquisiciones claramente reguladas.
De esas situaciones indebidas, se incluyó «el ejercicio de presión indebida sobre la entonces secretaria interina de Salud para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige».
Aunque el referido inicial incluía a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y otros funcionarios, el PFEI -según el récord ante su consideración- centró la investigación encomendada sobre varios funcionarios y exfuncionarios.
Entre ellos, se mencionaron a Lilliam Sánchez, subsecretaria de la gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al equipo médico de COVID; el pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, el general José Burgos, y el licenciado Juan Maldonado, como posible coautor.
No obstante, el PFEI fue específico «que ello no conlleva eximente de responsabilidad sobre varios funcionarios mencionados en la Resolución emitida».
Según establece su ley habilitadora, no habrá impedimento para que los FEI determinen ampliar su investigación sobre éstos, de obtenerse el «quantum» de prueba mediante el cual puedan presentar un caso ante los tribunales contra las restantes personas que menciona Justicia en su informe.
Por todo ello, el PFEI encomendó la investigación a fondo al licenciado Ramón Mendoza como un fei, quien será asistido por otros fiscales delegados según la carga de trabajo de las encomiendas ya referidas.
Contra Sánchez, Cabeza y el general Burgos, la encomienda de investigación, detalla que estos cometieron infracciones al Código Penal en su Artículo 261 (Influencia indebida); Artículo 254 (Intervención indebida en operaciones gubernamentales); Artículo 262 (Incumplimiento del deber); Artículo 263 (Pérdida de fondos públicos mediante acción u omisión y negligencia); Artículo 264 (Malversación de fondos públicos); Art. 269 (Perjurio).
También se les atribuyen infracciones al Artículo 3.2 del Código Anticorrupción (Obligaciones y Responsabilidades Éticas).
En cuanto a los funcionarios, también se tendrán que considerar las alegadas infracciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
En cuanto al licenciado Maldonado, la investigación se centrará en posibles infracciones a los Artículos 212, 254, 261 y 269 sobre falsedad ideológica, intervención indebida en operaciones gubernamentales, influencia indebida y perjurio, respectivamente, y en posibles infracciones al Código Anticorrupción.
«Ciertamente estamos ante un caso complejo y de alto interés público donde tenemos el deber de asegurarnos que ninguna conducta quede impune, allí donde el dolor humano durante una pandemia, pudo quedar soterrado frente a un desmedido e insensible ánimo de lucro y el interés de algunos de controlar los procesos para adelantar agendas y ventajas insospechadas», detalla el PFEI en su Resolución.
En el escrito, se puntualizó de manera contundente «el mandato constitucional de velar porque la utilización del dinero del pueblo esté ligada al bienestar general de todos los ciudadanos».
«A esto se añade la política pública contra la corrupción y las leyes que la combaten», destacó.
«Los mandatos antes indicados no quedan en suspenso ante un estado de emergencia. Se impone mayor rigor y disciplina», reza la Resolución, donde se expone el balance entre la responsabilidad de atender la emergencia, y la obligación constitucional y legal de asegurar el control y uso correcto de los fondos públicos.
Por consiguiente, es obligación de los FEI, evaluar y determinar si alguno de los otros funcionarios mencionados en los informes, debe responder por lo acontecido en este caso, conforme a la prueba que obtengan en el curso de su investigación.
