Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
San Juan (4 de junio de 2022) – La representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, le entregó un informe a los congresistas que están en Puerto Rico en la que se denuncia que la Ley 60 y las políticas que implementa el gobierno están destruyendo el ambiente, violan leyes y desplazan comunidades. Detalla casos y efectos de esas políticas.
“Lo entregué ayer en la tarde a Nydia Velázquez, a Raúl Grijalva, a Alexandria Ocasio Cortés y también a la Comisionada Jennifer González para que se enteren lo que de verdad está pasando, y se incluyó todo el asunto de la corrupción dentro de los espacios de permisología en OGPE (Oficina de Gerencia de Permisos), en Recursos Naturales, la Junta de Planificación y otras agencias”, dijo Nogales.
La delegación de los congresistas Grijalva, Ocasio Cortés y Velázquez se encuentran en Puerto Rico para reunirse con diversos sectores a discutir sobre el borrador de proyecto de estatus que presentaron recientemente.
“Ellos tienen que atender toda la política pública equivocada que está trayendo el gobierno de Puerto Rico que tiene varios efectos sobre la tierra y sobre la gente. Parte de lo que informamos fue le efecto de la gentrificación, de la Ley 60 y las disposiciones de la antigua ley 22 sobre el clima de desplazar a la gente y el impacto que eso está teniendo sobre el ambiente”, agregó.
¡Ey! Boricua también supo que la organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente también entregaron otra carta a los congresistas. Esa organización se opone a la construcción por parte de Federico Stubbe y el grupo Prisa del hotel Fairfield que se erige sobre un humedal, cerca del balneario La Monserrate en Luquillo. El próximo jueves, 8 de junio, ese grupo tiene una vista en el tribunal para dilucidar si el proyecto continúa o se detiene.
El informe de Nogales, redactado en inglés, detalla desde el paso del huracán María, y ahora tras la pandemia, en Puerto Rico se ha acelerado la destrucción del ambiente mediante ventas y construcciones inescrupulosas. Dijo que parte de esto es el llamado “capitalismo del desastre” que esbozó la periodista canadiense Naomi Klein en su libro del 2018 “Battle for Paradise: Puerto Rico takes on the disaster capitalist”. Se refiere a que los capitalistas aprovechan luego de desastres naturales o guerras para especular, adquirir tierras o propiedades en momentos en que los gobiernos están inoperantes y la ciudadanía está desesperada luego de alguna crisis mayor.
En ese sentido, el informe de Nogales detalla que desde el huracán María se agravó la deforestación y que el daño es más fuerte en las zonas costeras porque se otorgan permisos de construcción de manera indiscriminada y que violan la ley. Entre otras cosas, el informe detalla la flexibilización de las políticas públicas y el desplaza desplazamiento de comunidades tradicionales como consecuencia de la ley 60.
Menciona específicamente regiones como Cabo Rojo, Isabela, Aguadilla, Rincón, Añasco, Loíza y Vieques como los pueblos más afectados por el desarrollo desmedido en las costas. También habla de que los gobiernos estatales y federales han abandonado el proveer servicios a los residentes en los pueblos de la montaña.
La carta denuncia la entrada caótica y disruptiva de inversionistas como parte de los efectos de la ley Promesa y señala la falta de supervisión en el gobierno de Puerto Rico, que permite la destrucción del ambiente. A manera de ejemplo mencionó todas las irregularidades cometidas en el caso del condominio Sol y Playa en Rincón, que fueron permitidas por personas como Ángel Román e Idelfonso Ruiz que tenían vínculos comerciales, y que Ruiz como empleado del gobierno, gestionó permisos sabiendo que eran ilegales. El problema principal, según el informe, es la OGPE y Recursos Naturales.
Mencionó además en el informe sus denuncias en el caso de Bahía de Jobos, en Salinas, que es una reserva federal. En ese sentido, les señala a los congresistas que las agencias federales no están haciendo el trabajo de manera rápida y pide la intervención del Congreso.
El informe de Nogales también alerta del Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación que permite la construcción desmedida y que están alterando el Plan de Uso de Terrenos para permitir irregularidades. Señala además que el gobierno de Puerto Rico abandonó a su gente y está trabajando por intereses privados e individuales al otorgar esos permisos, por lo que pide acción del Congreso para detener construcciones que podrían causar daños peores al ambiente que le costarán más al gobierno federal, en caso de ocurrir otros desastres naturales.
