El Observatorio de Equidad de Género documenta 455 casos desde 2019 y denuncia la impunidad estatal
SAN JUAN, Puerto Rico – En el marco del Mes de No Más Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico lanzó la campaña “Ni Olvido ni Silencio”, una iniciativa que busca honrar la memoria de las víctimas de feminicidios y exigir al Estado respuestas concretas ante la violencia machista que persiste en el país.
Desde el 2019, el Observatorio ha documentado 455 feminicidios en la Isla. Esta cifra incluye tanto feminicidios directos como indirectos, los cuales —según denuncian— suelen ser ignorados por las autoridades al estar vinculados a contextos como el crimen organizado o muertes por sobredosis. Para el Observatorio, sin embargo, todas estas vidas importan y deben ser visibilizadas.
“Este esfuerzo no es solo un acto de memoria: es un grito colectivo que denuncia la indiferencia del Estado, la impunidad en los tribunales y la falta de políticas públicas que protejan la vida de las mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico”, afirmó Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio.
La campaña arrancó con un acto simbólico en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, donde organizaciones aliadas al movimiento por la equidad de género presentaron los rostros y nombres de las víctimas. Durante la actividad, también se reiteraron reclamos como el respaldo a la Ley 40 en casos de feminicidios, asignación de recursos para albergues y servicios, educación con perspectiva de género, y el esclarecimiento de casos aún en investigación.
Deborah Upegui Hernández, analista del Observatorio, explicó que la iniciativa parte de la convicción de que “la memoria es resistencia”. “Nombrar a las víctimas es negarnos a aceptar la indiferencia. Recordarlas es afirmar que sus vidas importan, que su ausencia no será normalizada”, expresó. “Porque el silencio es cómplice y el olvido es injusticia”.
Las cifras presentadas por el Observatorio reflejan la magnitud del problema: 113 casos aún bajo investigación, 9 transfeminicidios sin esclarecer, 156 menores en estado de orfandad, 376 intentos de feminicidio desde el 2020 y 50 mujeres y niñas desaparecidas desde ese mismo año. Además, destacaron el alarmante aumento en el uso de armas de fuego en los feminicidios íntimos: del 33% entre 2014 y 2019, a un 75% en 2024.
En respuesta, las organizaciones y comunidades involucradas exigieron políticas públicas integrales que incluyan medidas de reparación para los familiares, investigaciones diligentes y el reconocimiento de todos los feminicidios, sin jerarquías ni estigmatización.
Figueroa también denunció casos en los que la negligencia institucional tuvo consecuencias mortales. Entre ellos, mencionó a Claribel, quien murió esperando una ambulancia; Andrea Costas, a quien se le negó una orden de protección; e Ivette Joan Meléndez Vega, asesinada por un hombre excarcelado bajo argumentos médicos no corroborados.
“La responsabilidad del Estado es ineludible. Negar el problema o limitar el uso del término feminicidio es negar sus raíces estructurales”, sostuvo Figueroa, reiterando el llamado urgente a actuar frente a una violencia que continúa dejando profundas cicatrices en el país.
