San Juan (EFEUSA) – El presidente del Negociado de Energía (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) de Puerto Rico, Edison Avilés, justificó este viernes la pretendida subida de tarifas al consumidor en concepto de eficiencia energética por tratarse de una práctica habitual en Estados Unidos y otros países.
Avilés compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, presidida por Víctor Parés, para dar explicaciones de la iniciativa, que el jueves quedó sin efecto debido al rechazo generalizado.
La presión de la gobernadora y las dos cámara legislativas provocó que el NEPR aprobara una resolución presentada por Avilés para dejar sin efecto el ajuste tarifario de poco más de una décima de centavo por kWh (0.001280) que entraría en vigor este próximo 1 de noviembre.
La entidad reguladora informó a través de un comunicado de que en votación de 3 a favor de la resolución y un voto en contra, el pleno del Negociado dejó sin efecto la medida.
El propósito de la iniciativa, según la NEPR, fue exclusivamente la implantación de programas de eficiencia energética que irían dirigidos a dar diversos incentivos y beneficios a aquellos que sustituyan sus enseres domésticos de alto consumo energético por otros de eficiencia energética.
Los programas también estaban dirigidos al reemplazo de luces de alto consumo de energía en las carreteras por luces LED, de menor consumo energético, entre otras formas de reducir el consumo.
Avilés recordó que la decisión de incluirlo en la factura de los abonados responde a prácticas en otras jurisdicciones en Estados Unidos y el mundo en el que dichos programas son costeados por sus clientes.
«El programa de eficiencia energética en Vermont logró un ahorro en consumo energético de 139,376 MWh (equivalente a proveer 14.538 casas en un año), y representó un ahorro para los clientes de 182 millones de dólares», indicó Avilés.
Parés le preguntó si la ley en específico determinaba que el programa habría de ser costeado por esta alza en la tarifa, a lo que Avilés aclaró que la legislación no indicaba cómo se habría de recaudar los 13 millones de dólares para ese programa.
Parés señaló que este tipo de alternativas no son viables «cuando el sistema eléctrico no sirve, es deficiente, se va la luz todos los días, sino es que se experimentan bajones de luz, eso podrá implementarse en Vermont, pero nuestra realidad es otra».
«Si bien es apremiante y necesario lograr aumentar la eficiencia energética en Puerto Rico, no se puede hacer con aumentos o impuestos a la gente cuando tenemos un sistema eléctrico deficiente, hoy día», enfatizó el legislador.
Parés puntualizó que podría establecerse este tipo de programas mediante una asignación de un porcentaje de fondos federales, ubicados en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de aproximadamente $465 millones, perteneciente al programa CDBG-R.
Asimismo, señaló que se propone presentar una medida a los fines de enmendar la ley y establecer la procedencia y el uso de los fondos para eficiencia energética.
