San Juan, 25 ene (EFE News) – El Estado de Emergencia de Violencia de Género declarado por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, es un paso de avance ya que reconoce los reclamos de las organizaciones de mujeres que desde hace más de dos años han estado solicitando la misma, según el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quien mostró ciertas reticencias a algunos aspectos de la misma.
La Orden Ejecutiva (OE) establece una política pública desde una perspectiva de género, incluye un compromiso de participación de las organizaciones dedicadas a la lucha en contra de la violencia de género, se compromete a desarrollar un currículo con perspectiva de género, reconoce la necesidad de recoger estadísticas confiables y designa una persona como Oficial de Cumplimiento para monitorear la implantación de la OE, según puso este lunes de relieve la senadora Ana Irma Rivera, portavoz de MVC.
Sin embargo, dijo que «preocupan» varios asuntos que «no están claros en la Orden Ejecutiva, por ejemplo, no se incluye de manera clara y explicita a todas las mujeres en todas sus diversidades, particularmente importante es que se incluyan los casos de la violencia contra las mujeres trans y los feminicidios, así como una mirada transversal de la violencia de género en conjunto con temas como raza, origen nacional y diversidad funcional».
«Será también fundamental ver la puesta en marcha de la asignación e identificación de los recursos económicos necesarios para que se puedan implantar acciones concretas», señaló el partido.
Llama la atención, dijo, que la nueva estructura de trabajo ordenada por el Gobernador, el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), «incluya a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) como si fuera una agencia en la misma línea de las agencias ejecutivas, incluso la pone prácticamente bajo el Departamento de Familia».
La orden de esta manera «reafirma la situación y la preocupación con las funciones y ejecutorias de la OPM», concluyó.
