San Juan, 29 dic (EFE News) – El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) coincidió este martes con los planteamientos de Proyecto Dignidad (PD) en términos de que todos los partidos actualmente inscritos deben retener su franquicia electoral y los derechos que ello implica, incluyendo el contar con un(a) Comisionado(a) Electoral en propiedad.
«Esto, porque cumplieron cabalmente con todos los requisitos establecidos por la ley vigente al momento de su inscripción y porque nuestro sistema exige igual trato a todos los partidos. Sin embargo, entendemos que el pleito no es susceptible aún de adjudicación en los tribunales», señala en un comunicado.
PD plantea que una parte del Código Electoral es inconstitucional porque pretende aplicar requisitos más onerosos de inscripción a los partidos de forma retroactiva (aplicable a los que ya estaban inscritos), a pesar de que sería materialmente imposible cumplir con algunos de estos, dado que la fecha límite para hacerlo venció antes que se aprobaran los nuevos requisitos, indica MVC.
Entre estos requisitos está el postular candidatos a alcalde y sus legisladores municipales en al menos 39 municipios (Art. 6.1), y además limita la representación de comisionados electorales a solo 3 partidos (Art. 3.1).
«Nuestra posición es que la intención legislativa no puede ser aplicar los requisitos de inscripción de forma retroactiva, sino prospectivamente (para los partidos que se inscriban desde la aprobación del Código en adelante)», opina MVC.
Por ende, «planteamos que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) debe certificar a los partidos ya existentes aplicando los requisitos anteriores y no los nuevos, ya que los cumplimos cabalmente. De lo contrario, la aplicación retroactiva de estos artículos del Código sería inconstitucional. No podemos olvidar que la propia Constitución de Puerto Rico establece que cuando se adoptan nuevos requisitos de inscripción electoral, estos solamente pueden aplicarse después de la siguiente elección y no puede perjudicar a los partidos ya existentes».
Sobre la madurez (o que el asunto está listo para ser llevado a los tribunales), «nuestra posición es que, estrictamente hablando, aún no se ha materializado el daño que le de vida a una reclamación judicial. Hasta que la CEE no haga una determinación sobre quién quedó o no inscrito y quién tiene derecho a un(a) Comisionado(a) propietario(a), simplemente no hay daño jurídico concreto que nos permita reclamar en los tribunales. Desafortunadamente, ese es el sistema actualmente vigente en Puerto Rico».
Por último, indicaron que confían en que la CEE realice el análisis correcto de la ley y certifique a los partidos, aplicando los requisitos de forma prospectiva.
