Mónica García le respondió a la Administración de Donald Trump tras un reporte sobre gestiones para investigar la muerte de Noelia Castillo
MADRID (EFE) – La ministra de Sanidad de España, Mónica García, ha respondido este miércoles a la Administración de Donald Trump que, según publica el New York Post, ha solicitado una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo: «Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio».
En un mensaje publicado en la red social X, la ministra ha señalado que «en Estados Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán».
«España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales», añade la titular de Sanidad.
Con este mensaje García responde a la solicitud realizada por la Administración Trump para investigar la muerte de Noelia, la joven de 25 años que accedió a la eutanasia bajo la ley de derecho a morir.
Según informa New York Post, funcionarios informaron bajo anonimato que el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de EE.UU. en Madrid a recabar información sobre cómo se gestionó el caso y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento.
Funcionarios estadounidenses citados por el Post expresaron preocupación por posibles fallas del sistema de protección a personas vulnerables y cuestionaron la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o condiciones psiquiátricas.
Además, indicaron que Noelia Castillo había mostrado «dudas» sobre el procedimiento, pero que estas señales habrían sido ignoradas, generando inquietudes sobre derechos humanos, según el cable diplomático citado por el diario.
Noelia Castillo falleció la semana pasada a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo periplo judicial de más de un año y medio.
