Documentos obtenidos por FOIA revelan estudios geofísicos en zonas de alto valor ecológico y mineral sin transparencia del gobierno local
SAN JUAN, Puerto Rico – Desde 2023, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha realizado estudios geofísicos en diversas regiones de Puerto Rico como parte de la iniciativa federal Earth MRI, sin que se haya informado de forma clara ni al pueblo ni a las autoridades locales sobre sus verdaderos propósitos.
Así lo denunció en comunicado de prensa la exrepresentante y abogada ambientalista Mariana Nogales Molinelli, tras obtener documentos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Los vuelos, comisionados a las compañías Terraquest y Fugro USA Land Inc., incluyen estudios aeromagnéticos y aerorradiométricos que permiten, entre otros fines, identificar fallas geológicas y localizar yacimientos minerales. Aunque el USGS ha justificado la campaña bajo el argumento de estudiar zonas sísmicas tras la secuencia de terremotos de 2019-2020, los datos recopilados también tienen aplicaciones directas en la detección de recursos como cobre, oro, níquel, tierras raras y otros metales críticos para la industria tecnológica y militar.
“El gobierno de Puerto Rico no ha expresado una sola palabra sobre estas investigaciones”, denunció Nogales Molinelli. “Exigimos que el USGS y el gobierno informen con claridad si están explorando nuestros recursos para beneficio de conglomerados mineros internacionales”.
El análisis de los datos concluiría este abril, según confirmó la ambientalista. Sin embargo, preocupan los vuelos persistentes observados durante el 2025, los cuales —según la propia agencia— no forman parte de estudios activos contratados por ellos en la actualidad. Esto ha encendido las alarmas sobre la posible participación de empresas privadas mineras operando con acceso a datos previos.
Junto a Nogales, el ecólogo Ariel Lugo y el químico ambiental Neftalí García alertaron sobre los riesgos ambientales de este tipo de actividades. Según García, “el pueblo puertorriqueño es dueño del subsuelo, y tiene el derecho a saber si existen planes de explotación minera, especialmente en zonas como el Bosque del Pueblo, protegidas por la Ley de Minas de 1933”.
Entre las regiones con alto potencial mineral destacan Adjuntas, Utuado y Lares —ricas en oro, plata y molibdeno—, así como zonas en el oeste como Maricao, Las Marías y Lajas, conocidas históricamente por su contenido en níquel, cobalto y platino. Incluso se han identificado áreas en los valles del norte, desde Camuy hasta Fajardo, con posibles yacimientos de minerales raros.
Los documentos divulgados por el USGS confirman que el estudio fue financiado en parte por la Ley Bipartita de Infraestructura y fondos suplementarios para resiliencia ante desastres naturales, incluyendo el huracán Fiona. Sin embargo, el objetivo explícito de identificar minerales estratégicos levanta interrogantes sobre el verdadero alcance del proyecto.
El USGS, en una presentación oficial en noviembre de 2023, aseguró que los datos recopilados se harán públicos en otoño de 2024 y que ningún tipo de material fotográfico se tomó durante los vuelos. Aun así, la falta de una comunicación transparente hacia la ciudadanía ha generado desconfianza y reavivado el recuerdo de intentos pasados de minería a cielo abierto que amenazaron la salud ambiental del país.
Para Nogales Molinelli y los científicos que la acompañan, la prioridad debe ser la protección de los recursos naturales y la participación ciudadana informada. “La minería de cielo abierto está prohibida en Puerto Rico y no puede volver disfrazada de ‘estudio sísmico’”, concluyó.
