El juez decidirá si el proyecto podrá iniciar operaciones en medio de denuncias de impacto crítico en el sistema de agua potable y la defensa de su viabilidad técnica
Lima (EFE) – El proyecto minero peruano Ariana no es una «amenaza inminente» para el abastecimiento de agua de Lima y Callao, tal como asegura una demanda de amparo presentada en su contra, defendió el abogado de la empresa en la audiencia judicial en la que se decidirá si la mina podrá iniciar la explotación.
El juez Eduardo Romero escuchó en audiencia virtual a los representantes de la mina, del Ministerio de Energía y Minas, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de la empresa estatal Sedapal y de la parte demandante que reclama la paralización del proyecto, ubicado en los Andes de la vecina región Junín.
El abogado de la compañía, Claudio Cajina, subrayó que la mina «no es una amenaza inminente» y precisó que la demanda de amparo, presentada en 2019, es un proceso para determinar la vulneración o no de derechos fundamentales.
Agregó que el proceso no puede basarse en una presunción, sino que «se verifica si esta amenaza es real o no», al tiempo de pedir al juez que se rechace la demanda.
Dijo que la mina, propiedad de la empresa Southern Peaks Mining, cuenta con los permisos que permiten el desarrollo del proyecto y que realiza labores de exploración desde 2018, supervisados por los órganos estatales de fiscalización ambiental.
Añadió que actualmente hace mejoras en su ingeniería, que han estado vinculadas al estado de las geomembranas de sus instalaciones, entre otros aspectos.
La abogada de la parte demandante, Ana Leyva, explicó al juez que el proyecto se ubica sobre el sistema de lagunas Marcapomacocha, que abastece de agua a Lima y el Callao, y que debería haber quedado zanjado el tema de la afectación del uso de explosivos en la etapa de explotación del yacimiento de cobre y zinc.
«Nadie se ha pronunciado sobre la generación del agua, (porque) está poniendo en riesgo un activo crítico nacional», expresó Leyva.
Agregó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto tiene «demasiados vacíos» porque «no hay un estudio de sismicidad, como correspondería, por la gravedad de los riesgos que existen».
Por su parte, la abogada del estatal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) afirmó que hay «riesgos inminentes», con la actividad de la mina, que afectarían la distribución de agua potable en Lima y Callao, donde viven cerca de 12 millones de personas.
Indicó que el túnel Trasandino, que transcurre cerca de la mina, es «la única fuente, de infraestructura, que nos permite hacer el trasvase de agua» hacia la capital y la vecina provincia del Callao.
Por otro lado, el abogado del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Torrico, afirmó que las autorizaciones emitidas en 2016 y 2018 señalan que la empresa no va a usar aguas subterráneas en su operación, y que cuenta con las opiniones técnicas favorables de la ANA y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Torrico pidió que se declare infundada la demanda porque se basa en «afirmaciones subjetivas con la intención de vetar un proyecto necesario para la producción de cobre y zinc» en el país.
En el mismo sentido, el abogado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Víctor Oliveros, descartó la demanda al afirmar que debe estar fundada en «hechos reales y no ficticios».
Al final de la audiencia, el magistrado informó que la causa queda al voto, con lo cual será informada a las partes en el plazo de ley.
