Informe denuncia impacto fiscal y social de los incentivos bajo la Ley 22 y la Ley 60
SAN JUAN, Puerto Rico – Puerto Rico podría perder hasta $18,400 millones en recaudos entre 2024 y 2030 debido a las exenciones contributivas otorgadas bajo la Ley 22, según detalla el informe Dolor y Lucro 3, publicado por el colectivo Puerto Rico No Se Vendey actualizado el 28 de octubre de 2025.
La cifra, basada en proyecciones del Departamento de Hacienda, representa un aumento drástico con respecto a estimaciones previas. “En el informe de gastos tributarios que cubre el periodo 2020 y 2026 la proyección de ingresos no recaudados es de $4,400 millones. No obstante, en el último Informe de Gastos Tributarios de Puerto Rico publicado en junio 2025 la proyección cuadruplicó a $18,400 millones para el periodo del 2024 al 2030”, advierte el informe.
La Ley 22, aprobada en 2012 y luego incorporada en la Ley 60 del 2019, otorga exenciones totales sobre ingresos pasivos como intereses, dividendos y ganancias de capital a individuos que establecen residencia en la isla. Sin embargo, el documento denuncia que estos beneficios han sido utilizados principalmente por “multimillonarios, ejecutivos de Wall Street y desarrolladores de proyectos de lujo”.
Según Puerto Rico No Se Vende, las exenciones de la Ley 22 son solo una parte del problema. El informe revela que estos mismos beneficiarios acumulan múltiples decretos contributivos bajo otras leyes, lo que les permite reducir o eliminar prácticamente toda su carga contributiva en la isla.
“Durante años, inversionistas adinerados, grandes corporaciones y desarrolladores de proyectos de lujo han obtenido, discretamente, exenciones contributivas adicionales del gobierno de Puerto Rico”, se denuncia. “Esta acumulación de exenciones les permite, en muchos casos, evadir el pago de la mayoría de los impuestos sobre ingresos personales, ganancias empresariales, propiedades, contribuciones municipales, entre otros”.
Entre las leyes citadas se encuentran:
- Ley 74 (turismo), que permite exenciones del 90% al 100%;
- Ley 273, para bancos internacionales;
- Ley 60, en sus disposiciones para energía, servicios de exportación y turismo;
- y las Zonas de Oportunidad, que otorgan exenciones de hasta 15 años.
Desplazamiento, gentrificación y lujo
El informe documenta varios proyectos inmobiliarios que ilustran cómo estos incentivos terminan favoreciendo el desarrollo de propiedades de lujo dirigidas a inversionistas, no a residentes locales.
Uno de los ejemplos más destacados es el desarrollo Oro Residences en la Milla de Oro de San Juan, un condohotel de lujo operado por Marriott. “Cinco beneficiarios de la Ley 22 crearon la compañía de responsabilidad limitada HRC Holding QOZB, la cual en octubre de 2023 recibió la aprobación para acogerse a exenciones contributivas para el turismo bajo la Ley 60”, indica el informe. También se señala que la empresa se beneficia del programa de Zonas de Oportunidad.
Las unidades residenciales van desde $745,000 hasta $2 millones, con amenidades como spa, piscina infinity y entrada VIP. El informe advierte que estos desarrollos se levantan sobre sectores históricamente obreros, como El Fanguito y Tokio, desplazando comunidades con décadas de arraigo.
Genera PR y la red eléctrica
En el sector energético, el informe denuncia que Genera PR, operadora de las plantas de generación eléctrica de la isla, también obtuvo exenciones contributivas bajo la Ley 60. La empresa —una subsidiaria de New Fortress Energy— ha estado en el centro de controversias por su desempeño deficiente y por apagones recurrentes.
Además, se documenta que “el beneficiario de la Ley 22 Kevin Futch forma parte del liderazgo de Genera: desde noviembre de 2023, Futch se desempeña como asesor general de Genera PR”, dirigiendo las áreas jurídicas y de cumplimiento.
El caso del Normandie
Otro caso citado es el del Hotel Normandie, adquirido en 2022 por Ishay Group, encabezado por el inversionista Ezra “Eddie” D. Ishay, también beneficiario de la Ley 22. Su nueva compañía, Casa General LLC, recibió exenciones contributivas bajo la Ley 60 en julio de 2024. El proyecto contempla una inversión de $100 millones para transformar el histórico hotel en una propiedad de lujo.
Según el informe, el contrato con el municipio de San Juan ha sido cuestionado por colectivos comunitarios que denuncian falta de transparencia y posibles violaciones a ordenanzas municipales.
“Un modelo que empobrece a Puerto Rico”
Para el colectivo que redactó el informe, el modelo de incentivos contributivos vigente en la isla está diseñado para beneficiar a una minoría privilegiada, mientras las comunidades puertorriqueñas enfrentan las consecuencias.
“Estas exenciones contributivas están llenando los bolsillos de inversionistas y corporaciones de alto poder adquisitivo. Las comunidades puertorriqueñas reciben beneficios tangibles mínimos”, concluye el informe.
