Campesinos de Rigores exigen justicia y cuestionan la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas tras el asesinato de trabajadores, mujeres y menores en una zona marcada por el conflicto de tierras
Por Germán Reyes
Rigores (Honduras) (EFE)
«Aquí también callamos porque tenemos miedo a que los próximos muertos seamos nosotros. Ya llevamos decenas de compañeros muertos en los últimos 30 años». Así lo afirmó a EFE un campesino que perdió a unos familiares en la masacre de 20 personas el pasado día 21 en la aldea de Rigores, situada en el sector del Aguán del conflictivo departamento de Colón, en Honduras.
Esos son los sentimientos que reinan entre los pobladores del Aguán, indignación y miedo, y también hay un clamor generalizado para que la justicia alcance a los responsables del asesinato a tiros de los 20 jornaleros de Rigores, entre los que había mujeres y menores de edad.
Las pocas personas que aceptaron hablar con EFE lo hicieron escuetamente y pidiendo el anonimato. Se quejaron de la «tibia» actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ante una matanza que, entre otras desgracias, ha dejado a niños pequeños sin padres y viudas embarazadas.
La Plataforma Agraria del Bajo Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán expresaron su «indignación por la masacre» en la finca Paso Aguán, en el sector de Rigores, «crimen de lesa humanidad» que exigieron sea investigado por un «grupo especializado con personal externo a la zona» para dar no solo con los «autores materiales» sino también con «las estructuras detrás».
Ambas organizaciones campesinas también exigieron la «urgente intervención de fuerzas de seguridad pública capacitadas para proteger a la población, todo bajo una veeduría internacional».
El departamento de Colón, situado en el Caribe de Honduras, es una región marcada por un histórico y sangriento conflicto de tierras.
No confían en la Policía ni creen en la promesa de cero impunidad
Algunos habitantes de Rigores y del municipio de Tocoa —también en Colón— que trabajan en la recolección de fruta de palma africana dijeron a EFE que no quieren ver a la Policía Nacional, ya que algunos de sus miembros serían «cómplices de sicarios» contratados por empresarios para infundir «miedo a los campesinos que reclamamos tierras».
Otros sostienen que en la masacre habrían participado miembros de la Policía Nacional —algo que niegan las autoridades—, posiblemente debido a versiones que indican que los autores del hecho vestían uniformes de esa institución.
«No le creemos al señor (Nasry) Asfura porque nadie ha venido a investigar», subrayó uno de los labriegos, en relación a la declaración del presidente hondureño tras la masacre de que «no se va a quedar impune».
El mandatario dijo que las autoridades van «a encontrar» a los responsables de la matanza y «lograr sus condenas», y que su Administración va «a enfrentar este flagelo sin temor y con fuerza».
«No podemos tener confianza en la Policía y los militares porque no llegaron de inmediato a investigar y buscar a los asesinos», afirmó un campesino.
EFE pudo constatar que un pequeño grupo de policías, incluido un alto oficial procedente de Tegucigalpa, llegaron más de doce horas después del crimen a Rigores, de donde eran la mayoría de las víctimas, sin saber hasta entonces dónde estaban velando los cuerpos.
Dos bandas armadas están tras violencia desatada hace un año
La Plataforma Agraria del Bajo Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán recordaron que desde su creación han venido denunciando las acciones violentas de grupos armados que forman parte de estructuras del crimen organizado en esa zona.
También han reportado constantemente ante autoridades nacionales y organismos internacionales de derechos humanos que la operación de esos grupos armados «genera altos niveles de riesgo para las familias campesinas, quienes intentan simplemente seguir sus vidas sin ser desplazadas de sus comunidades o del país».
Además, las dos instituciones han denunciado reiteradamente «los vínculos entre estos grupos y las fuerzas de seguridad pública, así como con operadores de justicia, pero además, con las empresas agroindustriales de la región».
Según las mismas fuentes, «la falta de investigación y la omisión de la obligación de perseguir los delitos en contra de los campesinos es lo que permite que la violencia llegue al grado de una masacre de esta magnitud».
«Desde mayo de 2025, se ha desatado una ola de violencia que involucra a dos estructuras armadas, la banda dirigida por Harold Mejía, conocida como el ‘Grupo del 8’ y la banda de ‘Los Canechos’, dirigida por Nelson Castellanos, alias ‘El Canecho’. Las víctimas han sido principalmente campesinos de la aldea Panamá, perseguidos por ambos grupos», afirmaron las dos agrupaciones campesinas.
