Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (8 de abril de 2021) – La Cámara de Industria Mercadeo y Distribución de Alimentos (MIDA) presentó hoy ante el tribunal federal de San Juan una petición para que se declaren nulas las nuevas tarifas de transportación terrestre aprobadas por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Público (NTSP) y una solicitud de interdicto permanente para que se detengan las multas contra los violadores de la nueva regulación.
Según MIDA, la demanda pretende proteger los acuerdos contractuales existentes para el transporte de alimentos y evitar un aumento en los costos de alimentos.
La demanda de MIDA es la segunda acción legal presentada por el sector privado en contra las tarifas impuestas por el NTSP. La primera demanda fue radicada en enero por la Cámara de Comercio en el Tribunal Apelativo local.
La demanda de MIDA fue radicada luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acordó con varias organizaciones que representan camioneros, a no insistir en que se detengan las tarifas a cambio de que las organizaciones no decretaran un paro.
“Hemos tomado esta acción legal urgente, luego de haber agotado todas las vías, con el ánimo de proteger el bolsillo de los consumidores y detener otro aumento desmedido a los costos de operación de la industria de alimentos en Puerto Rico”, declaró Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA.
Reyesz Alfonso agregó que las acciones de la NTSP están en violación de la Ley Promesa, ya que la carta circular no fue sometida a la Junta de Control Fiscal previamente para revisión y aprobación. Asimismo, las tarifas están en contraposición con el plan fiscal aprobado para el año fiscal 2020-2021.
Reyes Alfonso sostuvo que la nueva reglamentación del NTSP no se trata de incrementar unas tarifas que ya existían sino de imponer un nuevo sistema de tarifas a sectores que operan bajo contratos privados negociados en el libre mercado en beneficio de ambas partes y sobre todo del consumidor.
Explicó que lejos de desregular lo que estaba reglamentado como ordena el plan fiscal, se está expandiendo la autoridad del NTSP y cambiando dramáticamente la forma de hacer negocios en nuestra economía. El alza resultante que pretende implantar el gobierno va en perjuicio de la industria de alimentos y por ende de los consumidores, quienes se verán afectados por cualquier aumento en precios que resulte por la aplicación de las nuevas tarifas.
“Cuando el NTSP impuso en diciembre las tarifas temporales de transporte lo hizo ignorando las relaciones comerciales existentes entre los carreros independientes y los comercios de alimentos. No se hizo un análisis serio del impacto de un cambio de esta envergadura para nuestra economía. Históricamente, la Comisión de Servicio Público, entidad predecesora del NTSP, había respetado estas relaciones, excluyéndola de sus tarifas reglamentarias por ser las mismas pactadas entre dos entes privados, el carrero y el comerciante. Es absurdo, y derrota el propósito de los contratos privados, pretender aplicar unas tarifas diseñadas para viajes individuales cuando se contratan miles de viajes, ofreciendo garantías y certeza a las empresas de transporte”, acotó Reyes Alfonso.
El portavoz de MIDA sostuvo que las tarifas incluidas en la nueva reglamentación del NTSP no consideraron el funcionamiento de la industria de distribución de alimentos. Explicó que el andamiaje de la distribución y transporte de alimentos es uno complejo en el que las compañías contratan de manera individual con los dueños de los camiones independientes.
Según el ejecutivo de MIDA, los pagos a los transportistas están basados en la cantidad de cajas o “bultos” entregados a los detallistas. Las tarifas varían según la localización de las tiendas a recibir mercancía, y por el tipo de carga a entregar: seca, fresca, refrigerada o congelada. También influyen en la contratación otros factores, tales como el peso y tamaño de los bultos. Los viajes de entrega de carga conllevan múltiples paradas en diferentes tiendas y municipios.
Aclaró que esa contratación típicamente se revisa anualmente por lo que también es incorrecto alegar que las tarifas no han cambiado en 15 años, sino que se han ido ajustando de manera mucho más eficiente que cualquier proceso regulatorio.
“Han creado un problema donde no lo había. La industria siempre ha tenido buena relación con sus miles de carreros lo que se evidencia con relaciones comerciales que duran décadas. Toda parte en una negociación puede aspirar a más, pero es ese proceso de negociación el que asegura eficiencia en la cadena de abastos en beneficio del consumidor. Estos aumentos se sumarían a los ya impuestos por los operadores de los muelles con los que el gobierno no ha querido intervenir, a los de la electricidad y a los internacionales que no controlamos. Hacemos un llamado urgente al gobernador Pierluisi a que escuche a la industria de alimentos, a que defienda a los consumidores de estos aumentos y nos permita clarificar la confusión que ha provocado un pequeño sector que no representa a toda la industria del transporte privado”, indicó Reyes.
