Reclaman estadísticas claras y acción del gobierno para enfrentar aumentos tarifarios y evitar prácticas monopólicas
SAN JUAN, Puerto Rico – La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) levantó una voz de alerta ante la aparente falta de supervisión efectiva sobre las empresas marítimas que controlan el transporte de carga hacia Puerto Rico.
Durante una vista pública celebrada al amparo de la Resolución de la Cámara 195, su vicepresidente ejecutivo, el Lcdo. Manuel Reyes Alfonso, advirtió que “nuestra economía y nuestra seguridad alimentaria dependen de dos o tres empresas con poder monopolístico que tienen poca supervisión o fiscalización gubernamental”.
El señalamiento se dio en el contexto de una investigación conducida por la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos, presidida por el representante José F. Aponte Hernández, a raíz del aumento en las tarifas por contenedor anunciado por Tote Maritime: de $425 a $485, vigente desde el 8 de diciembre. La empresa también impuso incrementos de $10 por vehículo y $13 por cada dos mil libras de carga suelta.
Reyes Alfonso cuestionó la ausencia de datos oficiales sobre el costo del transporte marítimo y criticó que tanto el gobierno como el sector privado operen “en la oscuridad”. En sus palabras, “el que está negociando un contrato de transporte no tiene un punto de partida, no sabe cuál es el precio de ese servicio en términos de mercado”, lo que impide que las negociaciones se den en un mercado funcional.
Asimismo, denunció un entramado de agencias con jurisdicción fragmentada —entre ellas el Departamento de Justicia Federal, la Federal Maritime Commission, el Surface Transportation Board y la Autoridad de los Puertos— lo que, a su juicio, genera “inacción y confusión” y deja a la isla desprovista de una estrategia clara de fiscalización.
La Autoridad de los Puertos responde
En la misma audiencia, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos (AP), Lcdo. Norberto Negrón Díaz, reconoció deficiencias, pero afirmó que se evalúan reformas internas, incluyendo la creación de una oficina de estadísticas y una de cumplimiento. Atribuyó parte de los atrasos a una merma de 130 empleados tras acogerse a la ley 80, aunque destacó los avances en la digitalización de procesos y los acuerdos de colaboración para levantar información clave.
Negrón Díaz reveló además que la AP ya posee datos sobre carga aérea y mantiene conversaciones con JAXPORT en Jacksonville, Florida, con el fin de intercambiar metodologías y adoptar mejores prácticas para la operación portuaria local.
Sobre la cancelación del contrato de escaneo de carga en los muelles, defendió que el asunto sigue en litigio civil con la empresa S2PR, lo que impide una intervención directa para desalojarlos del predio, dado que no se trata de una causa criminal.
Propuesta legislativa para recuperar control local
El representante Aponte Hernández aprovechó la vista para anunciar la radicación de una medida que transfiere la titularidad del muelle Navy Frontier —actualmente bajo la Autoridad del Distrito de Convenciones— a la AP, con el fin de asegurar espacio disponible para carga esencial en caso de emergencia.
El legislador sostuvo que la falta de datos es un problema estructural de décadas, producto de “una realidad donde la información básicamente ha sido oculta en negociaciones privadas, privilegiadas y confidenciales”. Aponte Hernández señaló que esta situación se ha perpetuado por la “falta de voluntad” de múltiples administraciones para tomar control efectivo de los puertos del país.
Aunque reconoció la intención del director ejecutivo de la AP de revertir esta situación, enfatizó que es imperativo establecer parámetros claros sobre el servicio básico que debe garantizarse a la ciudadanía y al sector privado, a fin de evitar abusos y garantizar transparencia.
