Ciudadanos del Karso y más de 40 científicos advierten que tres medidas legislativas podrían debilitar los controles ambientales sobre sistemas naturales vinculados al abastecimiento de agua en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico
Ciudadanos del Karso (CDK) entregó a la Legislatura una petición con 8,774 firmas para exigir vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1079, una de tres medidas que científicos e investigadores advierten podrían reducir las protecciones ambientales y los controles preventivos sobre el karso y otros sistemas naturales de Puerto Rico.
La petición está dirigida a la representante Elinette González Aguayo, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, a quien la organización reclama que convoque vistas públicas antes de que el P. de la C. 1079 continúe su trámite legislativo. Según CDK, hasta el momento la Comisión no ha calendarizado ninguna.
El reclamo ocurre mientras Puerto Rico enfrenta un severo racionamiento de agua y coloca en el centro de la controversia la protección de la zona kárstica del norte, que cumple funciones de filtración, almacenamiento y recarga de aguas subterráneas.
“La representante González Aguayo no tiene que ir lejos para entender lo que está en juego: el agua de sus vecinos sale del karso”, expresó Abel Vale Nieves, presidente de Ciudadanos del Karso.
“Estas 8,774 firmas no son un número. Son 8,774 personas pidiendo algo mínimo en una democracia: que se abra el micrófono antes de tomar una decisión de esta magnitud. Negar la vista pública es decirle al país que su agua se discute a puerta cerrada”, añadió.
La petición ciudadana coincide con una declaración suscrita por más de 40 científicos, investigadores y profesores universitarios reunidos el 31 de julio y el 1 de agosto en San Germán.
Los firmantes, entre quienes figuran ecólogos, geofísicos, oceanógrafos, limnólogos, botánicos, agrónomos y planificadores, expresaron su oposición en su forma actual al P. de la C. 1079, al P. de la C. 1213 y al Sustitutivo del Senado a los P. del S. 1173 y 1183.
Entre los científicos que suscribieron el documento se encuentra el ecólogo Ariel E. Lugo.
Según la declaración, las tres medidas, consideradas en conjunto, reducen controles preventivos dentro del sistema de planificación y permisos. Los científicos reclaman que no sean aprobadas hasta que se lleve a cabo un proceso amplio, transparente e interdisciplinario sustentado en evidencia científica.
También solicitan que las versiones, enmiendas, entirillados e informes sean publicados con tiempo suficiente para su evaluación y que se celebren vistas públicas sobre los textos finales o sustitutivos con participación de científicos, planificadores, comunidades, municipios y personas directamente afectadas.
El P. de la C. 1079, presentado por el representante Johnny Méndez Núñez, propone enmiendas a la Ley 292-1999 para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico.
De acuerdo con el análisis de CDK, la medida sustituiría en la política pública el concepto de conservar el karso por el de aprovecharlo, eliminaría de la ley el reconocimiento de su carácter irreemplazable y lo redefiniría como una fuente de materia prima para el desarrollo económico.
La organización también sostiene que el proyecto trasladaría funciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a la Junta de Planificación y limitaría el uso de criterios de conservación para restringir desarrollos que puedan afectar acuíferos, zonas de recarga y sumideros.
Los científicos plantearon además objeciones al P. de la C. 1213 y al Sustitutivo del Senado a los P. del S. 1173 y 1183. Aunque estas medidas no enmiendan expresamente la Ley 292-1999, sostienen que podrían afectar la implantación de esa legislación y la efectividad del Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso.
Entre sus preocupaciones figuran la ampliación del uso de certificaciones privadas, determinaciones ministeriales y trámites automáticos, así como mecanismos para revisar delimitaciones y datos geográficos de áreas protegidas.
También cuestionan cambios a la Ley 111-1985 para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas y Sumideros que trasladarían funciones del DRNA a la estructura central de permisos.
Los científicos advierten que una fiscalización posterior no puede sustituir la evaluación preventiva cuando una actividad tiene el potencial de destruir una cueva, rellenar un sumidero o contaminar un acuífero.
La controversia adquiere particular relevancia durante la actual crisis de abastecimiento de agua. CDK destacó que comunidades de Vega Alta, Vega Baja y Dorado, municipios que forman parte del Distrito 11 que representa González Aguayo, dependen de pozos alimentados por el acuífero de la caliza del norte.
“Cada sumidero que se sella y cada zona de recarga que se pavimenta son aguas que este país no va a tener en la próxima sequía, y ya sabemos lo que eso significa”, afirmó Vale Nieves.
“Ya no se trata solo de un reclamo ciudadano: los científicos que llevan décadas estudiando estos sistemas lo pusieron por escrito y lo firmaron. Le pedimos a la presidenta de la Comisión que convoque las vistas y los escuche. Si los proyectos son tan buenos como sostienen sus autores, que resistan el escrutinio público”, agregó.
Ciudadanos del Karso habilitó una plataforma para que las personas puedan identificar a sus representantes, enviarles un mensaje solicitando vistas públicas y sumarse a la petición: https://www.cdk-pr.org/defiende_el_karso.
