El frente interdisciplinario advierte que el PS 1301 viola la confidencialidad de los pacientes y podría provocar el cese de servicios terapéuticos en la isla
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE)
Un frente interdisciplinario, compuesto por más de 15 organizaciones profesionales que brindan servicios esenciales de terapia a menores de edad y personas con discapacidad en la isla, se ha constituido formalmente para manifestar su categórico rechazo al PS 1301.
La medida, radicada por la senadora Brenda Pérez Soto y referida a la Comisión de Salud del Senado, busca enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para obligar la grabación en audio y video de intervenciones terapéuticas individuales.
Según el comunicado publicado este domingo por las organizaciones, esto representa severas deficiencias que atentan contra la salud emocional, los derechos constitucionales de las familias y la retención de profesionales.
La nota destaca que las profesiones diversas disciplinas que ofrecen terapias, están reguladas estrictamente.
Además, alerta que grupos y especialistas que ofrecen terapias han expresado que, de aprobarse esta medida y convertirse en Ley, cesarán de atender a pacientes menores porque rehúsan violar los principios de confidencialidad y bienestar que rigen a sus especialidades.
Este frente interdisciplinario denuncia que el proyecto no responde a un problema existente en Puerto Rico sino que se levanta la voz de alerta sobre situaciones ajenas a la isla, y de posibles intereses económicos de corporaciones estadounidenses.
Las organizaciones enfatizan que la verdadera vulnerabilidad actual no radica en los profesionales licenciados porque existen medidas para manejar querellas y situaciones que violenten las prácticas y la ética a través de las distintas Juntas Examinadoras que administra el Estado.
Otra preocupación recogida en el comunicado es la invalidación de los derechos de menores como individuos, ya que este proyecto atenta contra sus derechos humanos y civiles al sobreponer el derecho de los padres sobre el de los menores.
Por otro lado, el frente interdisciplinario alertó que la presencia de cámaras destruye el espacio de confianza, seguridad y espontaneidad indispensable para el progreso de pacientes menores de edad o con discapacidad.
Este impacto es, según el texto, sumamente perjudicial en áreas delicadas de la terapia ocupacional (como la higiene, el uso del baño y la alimentación) y en dinámicas grupales.
Además, violenta los códigos de ética y estatutos de ley para todas las profesiones representadas, los cuales exigen la protección absoluta de la intimidad del paciente.
El PS 1301 crea un choque directo con protecciones legales de rango estatal y federal, tales como la ley federal HIPAA, FERPA y, en estatutos de Puerto Rico, la Ley 96, el Reglamento 942, la propia Ley 194 y los derechos a la intimidad consagrados en las Constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.
Por otro lado, la medida impone una carga económica desmedida sobre proveedores de salud. El resultado neto de esta asfixia financiera será el agravamiento de la ya crítica fuga de profesionales de la salud en Puerto Rico.
El frente interdisciplinario hace un llamado urgente al Senado de Puerto Rico para que desista de avanzar el PS 1301 que, lejos de proteger, despoja a la niñez puertorriqueña de su derecho a una terapia digna, privada y eficaz.
