La Federación de Maestros y UNETE exigieron a la Oficina de Gerencia y Presupuesto explicar cuándo se saldará la deuda de carrera magisterial
SAN JUAN (EFE)
La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y la Unión de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) solicitaron este martes a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que les explique de dónde obtendrán los $90 millones para pagar la deuda acumulada de la carrera magisterial.
Por ello, los entes magisteriales solicitaron una explicación detallada sobre el estatus de los $90 millones requeridos para saldar la deuda correspondiente a los años 2014, 2015, 2023 y 2024, luego de que el Departamento de Educación informara que había solicitado la identificación de dichos fondos a la OGP en noviembre de 2025.
«Nos preocupa profundamente que miles de docentes vuelvan a quedar sin recibir el pago que legítimamente les corresponde», expresaron Mercedes Martínez Padilla y Liza Fournier Córdova, presidentas de la FMPR y UNETE, respectivamente.
De acuerdo con ambas, el Departamento de Educación les informó que el pago de los $90 millones no está contemplado para el próximo año fiscal, porque la solicitud de fondos fue presentada este año ante la OGP.
Para ellas, «esa respuesta resulta inaceptable cuando existe una obligación legal clara de identificar esos recursos».
Las organizaciones recalcaron que la Ley 9 de 2022 responsabilizó expresamente al Departamento de Educación, a la OGP y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a identificar los fondos necesarios para cumplir con el pago de carrera magisterial durante el año fiscal 2024-2025.
«Actualmente nos encontramos en el año fiscal 2025-2026. Ha transcurrido más de un año desde que las agencias responsables debieron cumplir con el mandato de ley y todavía los maestros y maestras continúan esperando por un dinero que les pertenece», señalaron las líderes magisteriales.
Ante ello, la FMPR y UNETE exigieron conocer cuáles han sido las gestiones concretas realizadas por la OGP, el Departamento de Educación y la AAFAF para cumplir con la Ley 9-2022, si los fondos ya fueron identificados y reservados, y cuál es la fecha prevista para efectuar el pago de la deuda.
Ante todo ello, las organizaciones otorgaron un término de 10 días laborables para recibir una respuesta oficial y reiteraron su solicitud de una reunión urgente con los funcionarios responsables.
Asimismo, advirtieron que, de persistir el incumplimiento de la ley o de no recibirse la información solicitada en un término razonable, ambas organizaciones evaluarán y tomarán todas las medidas administrativas, legales y de otra naturaleza que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y la protección de los derechos del magisterio.
«Los maestros y maestras han esperado demasiado tiempo. El Gobierno tiene la obligación legal y moral de cumplir con esta deuda y de informar con transparencia dónde están los fondos y cuándo se realizará el pago», concluyeron las líderes magisteriales.
