La empresa alega motivaciones políticas y advierte sobre impacto negativo en inversiones y proyectos energéticos
SAN JUAN (EFE) – LUMA Energy informó este martes que pidió pasar la acción legal de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) de cancelar su contrato al Tribunal Federal, bajo el Título III.
«Las recientes acciones motivadas por la política para revertir un contrato legalmente vinculante solo sirven para poner en riesgo todo el progreso real que hemos logrado, perjudicando al pueblo de Puerto Rico al amenazar proyectos críticos destinados a revitalizar y fortalecer la red eléctrica», dijo LUMA en un comunicado.
La propuesta judicial de LUMA proviene varios días después de que el juez superior Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, denegó la solicitud de entredicho provisional presentada por la APP y la AEE el pasado 11 de diciembre como parte de su demanda para cancelar el contrato de la empresa.
«La acción legal injustificada de la APP y la AEE carece de fundamento, considerando que no existe incumplimiento contractual por parte de LUMA», alegó LUMA.
La compañía eléctrica indicó además que «este tipo de acciones sientan un precedente negativo, generando serias preocupaciones para cualquier empresa que considere operar o invertir en Puerto Rico, y representan un obstáculo innecesario para la economía de la isla».
Pese a ello, LUMA aseguró que continuará concentrada «en el progreso por encima de la política mientras trabajamos para ofrecer la red eléctrica segura, confiable y resiliente que el pueblo de Puerto Rico merece y necesita con urgencia».
En su resolución del pasado 11 de diciembre, Castro Callejo concluyó que los demandantes no demostraron que la información solicitada estuviera en riesgo de ser destruida o desaparecida, que su ausencia representara un peligro inmediato para el sistema eléctrico o que hubiesen realizado solicitudes previas a LUMA para obtenerla.
«Por tal razón, se deniega la solicitud de entredicho provisional», enfatiza Castro Callejo en su determinación publicada en las redes sociales.
Las agencias solicitaban una orden inmediata para obligar a LUMA a entregar información y documentos relacionados con el acuerdo suplementario que, según los demandantes, extendió indebidamente la vigencia del contrato operativo más allá del 30 de noviembre de 2022.
Argumentaban además que la falta de acceso a esa información podría causar «daños enormes e irreparables que afectarían la salud, vida y propiedad» del pueblo.
