Parque Natural Los Farallones (Colombia) (EFE) – Quienes custodian las montañas del Parque Nacional Natural Los Farallones, situado en el suroeste de Colombia, a más de 3,400 metros sobre el nivel del mar, saben que vivir en condiciones casi inhóspitas y expuestos a ataques armados es difícil pero tiene su recompensa.
Desde hace seis décadas esta cordillera era explotada por mineros ilegales que, para extraer el oro de sus entrañas, habían armado su imperio en empinadas laderas hasta que comandos de la Policía y el Ejército retomaron el control de la zona para proteger su biodiversidad.
Para ascender hasta el punto donde los guardianes tienen sus tres campamentos es necesario caminar entre nueve y doce horas, dependiendo de las condiciones del clima, y cargando más de 40 kilos de equipaje y armamento.
Al comenzar el recorrido llenan las cantimploras de agua porque solo podrán volver a hacerlo cinco horas después, cuando el ascenso los lleve a una quebrada que está a pocos kilómetros de un punto conocido como Alto del Buey.
Uno de ellos es el capitán Andrés Mauricio Portilla, de los Carabineros de la Policía Metropolitana de Cali, quien ha hecho decenas de veces el mismo trayecto desde el año pasado y hasta parece disfrutar cada vez que lo envían con sus hombres a la ‘Misión Farallones’.
«Veo en las montañas de Cali un trabajo que no quiero abandonar hasta tener la satisfacción del deber cumplido», asegura a EFE el oficial mientras patrullaba la mina conocida como ‘El Feo’.
Según las autoridades, los ilegales obtuvieron en 2023 ganancias de hasta 36 millones de dólares en las minas de la zona, dejando toneladas de residuos sólidos como latas, botellas y plástico. Además vertieron hasta una tonelada de mercurio en la montaña.
Un mundo aparte en la montaña
Las operaciones para expulsarlos fueron intensas. En la mina ‘Patequeso’, por ejemplo, había hectáreas de selva deforestadas, cerca de 800 personas hacinadas, maquinaria para triturar piedra y hasta contaban con un prostíbulo en el que las mujeres cobraban por sus servicios gramos de oro.
«Hicimos el cierre de más de 20 bocaminas en seis sectores (…) Acompañamos al personal de la empresa que iba a realizar la implosión, verificamos las minas con el fin de garantizar que no hubiese personas dentro y brindamos seguridad las 24 horas», afirma a EFE el mayor Gustavo Escobar, comandante del Grupo de Operaciones Especiales Contra la Explotación Ilícita de Minerales No. 4 de la Policía.
En las operaciones participaron los mejores hombres contra la minería ilegal de Colombia, procedentes de distintas regiones del país, resguardados bajo carpas para soportar temperaturas de entre cero y cuatro grados centígrados en las noches y pendientes de los radioteléfonos.
En el horizonte se ven las luces de Cali -ciudad que se abastece del agua que nace en Los Farallones-, y en el cielo millones de estrellas. La camaradería es única, todos tienen labores específicas y se cuidan como una familia.
«Aquí nadie baja la guardia, somos un grupo de hermanos que amamos lo que hacemos. Puede ser duro estar lejos de la familia en estas misiones, pero para esto estamos entrenados, para cuidar los recursos y nuestra gente», asegura Cristian Camilo Cuervo, intendente de la Unidad Nacional contra Minería Ilegal de la Policía.
Las caminatas entre una mina y otra pueden durar horas. Por seguridad, siempre va un oficial abriendo el paso y otro lo cierra. En la reciente ‘Operación Farallones’ también estuvo el intendente Bernardo Grisales, quien hace seis años hace un dúo con ‘Otto’, un perro de la raza pastor belga malinois que no lo desampara.
«Mi compañero de cuatro patas se ha convertido en el terror de los ilegales y en todo el país le tienen respeto. Aquí lo cuidamos entre todos, es un oficial más de la misión», indica.
En la montaña hay que estar alerta las 24 horas. El patrullero Freddy Cabrera, que hace guardia mientras sus colegas desayunan, almuerzan o duermen, recuerda que nunca hay oportunidad para quedarse quieto. «Aquí todos somos guardianes de los Farallones”, dice.
Junto al Ejército, en una acción coordinada con la Alcaldía de Cali, Parques Nacionales, la Gobernación del Valle y el Ministerio de Ambiente, lograron cerrar once minas que permanecían abiertas y la misión ahora es vigilar la cordillera para que los ilegales no vuelvan a devastar el bosque.
«Me gusta venir acá, escalar la montaña y asegurar que el agua que toma la gente está libre de contaminación. Esta misión me ha confirmado que cuidamos miles de vidas, miles de niños, miles de familias», concluye Edinson Berrío, intendente de los Carabineros de la Policía de Cali.
