De Ecuador a España, ecosistemas y ríos son reconocidos como sujetos de derechos en una tendencia que avanza más allá del simbolismo
MADRID (EFE) – La naturaleza en Ecuador, la laguna del Mar Menor (España) o el fluir del río Atrato (Colombia) son considerados ya como sujetos de derecho siguiendo una corriente que, presente en la práctica desde 2008, ha extendido en el globo este reconocimiento jurídico “que ha llegado para quedarse”.
Esta corriente internacional, denominada Derechos de la Naturaleza, nace de forma teórica alrededor de los años 70 y logra sus primeros efectos prácticos en 2008, cuando la Constitución de Ecuador reconoció que la naturaleza tiene derecho «a existir (…) mantener y regenerar sus ciclos vitales».
El profesor en Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Luis Lloredo, la define como una estrategia jurídica para proteger de manera más eficaz algunos ecosistemas particularmente amenazados.
“Supone la punta de lanza de un cambio de paradigma jurídico de más envergadura”, anota Lloredo.
Un cambio que, junto con otros instrumentos jurídicos, conlleva salir de un «antropocentrismo supremacista» y virar a un «ecocentrismo» que valora los ecosistemas por sí mismos y no solo según las necesidades humanas.
En el mundo
A través de distintos instrumentos legales con diversos grados de alcance que abarcan desde los ordenamientos jurídicos locales a los constitucionales, esta corriente ha ido irradiando sus efectos hasta alcanzar países en todo el mundo.
A Ecuador, que abrió la veda para que más Estados comenzaran a reconocer sus ecosistemas, le siguió en Bolivia la «Ley de Derechos de la Madre Tierra» que en 2010 la declaraba sujeto de derechos.
Aunque esta corriente ya está presente en países de otros continentes, como en Nueva Zelanda, donde el río Whanganui fue reconocido tras una larga lucha de los pueblos maoríes o en Uganda, que cuenta con una ley nacional que reconoce los derechos de la naturaleza, ha adquirido una relevancia especial en América Latina.
Según Lloredo, esto obedece a dos razones: el «violento extractivismo» tanto de materiales – litio – o productos – aguacates – que vive la región, así como la lucha de pueblos originarios que, con un aumento de su visibilidad, han ligado sus reivindicaciones tradicionales a la protección de la biodiversidad.
El Viejo Continente ha sido el último en consolidar este instrumento, en 2022, cuando en España se aprobó la ley que otorga personalidad jurídica al Mar Menor, la laguna de agua salada más grande de Europa que había visto gravemente afectado su equilibrio ecológico.
¿Simbólico o efectivo?
En algunos casos se ha cuestionado su verdadera efectividad, como en el del río Atrato (Colombia) que, tras un fallo judicial que declaró su cauce, cuenca y afluentes como una “entidad viviente”, sigue contaminado por motivos, aunque no solo, como la minería ilegal.
La profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat Rovira i Virgili (España) Susana Borràs, reivindica el valor en sí mismo del reconocimiento, que otorga a estos ecosistemas la capacidad de articular y reivindicar su protección.
«Lo importante es seguir trabajando», apunta Borràs, que incide en que existen muchas otras medidas medioambientales que no se están implementando. «Aunque sea complejo, las sentencias colombianas son denuncias ya muy avanzadas», reconocidas a nivel internacional.
Han llegado para quedarse
En el marco de su avance futuro, Lloredo los ha calificado de “derechos más que humanos”, pues no marcan una ruptura tajante con lo anterior, sino que los considera un paso más en su progreso.
Los derechos de la naturaleza son ya “una realidad en marcha (…) que ha llegado para quedarse”, opina el experto.
En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido recientemente una opinión consultiva que establece “el reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos”.
«Esta concepción representa una manifestación contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente, y refleja una tendencia creciente a nivel internacional orientada a fortalecer la protección de los sistemas ecológicos frente a amenazas presentes y futuras», explica la institución.
Borràs concluye que «se seguirán ampliando en la medida en que no se atiendan los índices ecológicos y planetarios y se continúe con el crecimiento económico a costa de los recursos naturales».
