Denuncian que la legislación fomenta el odio y discrimina en nombre de la fe
San Juan, Puerto Rico — Líderes religiosos LGBTQ+ han expresado su firme oposición al Proyecto del Senado 1, presentado por el senador Thomas Rivera Schatz, que propone la creación de la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”.
Aseguran que esta legislación, bajo la apariencia de proteger la libertad religiosa, legitima la discriminación hacia las personas LGBTQ+ y otras comunidades vulnerables.
Nixie Ramos Rodríguez, de la Iglesia Senda de Restauración / Cristo para Todos, criticó duramente la propuesta: «No creemos en el Dios que esta gente cree. Ellos promueven un Dios que excluye, mientras que nosotros seguimos a un Dios que ama a todos, todas y todes».
Además, advirtió que este tipo de legislación tiene un alcance más amplio de lo que aparenta. «Hoy están en contra de nosotros; mañana irán en contra de ti. ¿Hasta dónde vamos a llegar como pueblo?», cuestionó.
El Senado atenderá este jueves, por descargue y sin la celebración de vistas públicas, la medida impulsada por Rivera Schatz.
Según han denunciado activistas y defensores de los derechos humanos, esta legislación permitiría que empleados públicos y profesionales regulados se nieguen a proveer servicios esenciales, como atención médica o expedición de documentos oficiales, basándose únicamente en sus creencias religiosas.
Ignacio Estrada, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de América Sínodo del Caribe, enfatizó que el proyecto debilita la separación entre iglesia y estado: «Esta medida pretende otorgar privilegios a creencias fundamentalistas, afectando directamente a quienes dependen de servicios públicos esenciales».
Entre las disposiciones más controversiales del Proyecto del Senado 1 se encuentran:
- Protección ampliada para empleados públicos y profesionales regulados: Les permite negarse a ofrecer servicios basándose en sus sinceras creencias religiosas.
- Imposibilidad de cuestionar la sinceridad de las creencias religiosas: Esto dificulta la supervisión y regulación por parte del gobierno.
- Exenciones para organizaciones religiosas: Incluyen acceso a fondos públicos y protección contra regulaciones en igualdad de condiciones que entidades no religiosas.
- Provisión de remedios legales: Cualquier persona que alegue una violación a su libertad religiosa podrá demandar al gobierno y recibir compensación, incluyendo costas y honorarios legales.
- Responsabilidad personal para supervisores: Los funcionarios públicos que obliguen a un empleado a actuar en contra de sus creencias religiosas podrían ser responsables personalmente por daños legales.
Los líderes religiosos LGBTQ+ reiteraron su llamado a toda la ciudadanía a unirse en oposición a este proyecto, exigiendo transparencia y la celebración de vistas públicas que permitan un debate justo e inclusivo sobre una legislación con implicaciones tan profundas.
«Nosotros, como cristianos, creemos en un Dios de amor e inclusión, no en uno que se utiliza para justificar el odio y la división. Este proyecto no solo afecta a nuestra comunidad, sino que amenaza la dignidad humana en su totalidad», concluyó Ramos Rodríguez.
