San Juan – Líderes comunitarios y ambientales de Salinas exigieron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la remoción de un puente sobre el río Nigua, en el sector los Poleos, el cual alegan se construyó de manera ilegal.
Alegan que las comunidades no fueron consultadas sobre las construcciones del puente temporal y el puente permanente, que da acceso a terrenos privados. Y que desde el inicio su preocupación ha sido el impacto que podría tener estos proyectos en el flujo del río y el efecto que esto tendría en la seguridad de los hogares cercanos.
“Antes del huracán Fiona ese proyecto aparentaba estar abandonado. A petición de la comunidad, y por motivos de seguridad, el puente temporero fue removido por el municipio de Salinas, el día antes del huracán. Buscando evitar el desbordamiento de las aguas del río Nigua hacia nuestros hogares”, relató Wanda Janet Ríos Colorado, presidenta de la Asociación de Residentes de La Margarita.
No obstante, indican que el desbordamiento del río Nigua, que afectó a miles de residentes de las comunidades Villa Esperanza, La Margarita, el residencial Brisas del Mar, Villa Cofresí, Playa, el sector Los Poleos y la urbanización Las Mercedes, fue provocado por la parte permanente del puente.
“Nuestra comunidad luchó y logró la remoción de un pequeño puente, por donde pasaba el tren, porque era una obstrucción al libre flujo del agua. Ahora estuvimos meses denunciando esta construcción ilegal sin que ninguna agencia nos escuchara. Nos obligan a pagar casi mil dólares al año en seguro de inundaciones, pero las construcciones ilegales siguen sin importar las vidas de los residentes de La Margarita. Hace años que no teníamos una inundación como la ocurrida por el huracán Fiona, y cuando uno mira por donde entró el flujo del río desbordado, y los efectos en las comunidades cercanas, te das cuenta de que uno de los golpes de agua vino del puente ilegal que construyeron en el río Nigua”, agregó Ríos Colorado en comunicado de prensa.
Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, argumentó que el puente nunca obtuvo todos los permisos requeridos.
“Cuando en el 2020 denunciamos que la construcción del puente era ilegal, el dueño nos insultó y nos amenazó con llevarnos a los tribunales. Sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón. Es cierto que USACE otorgó una carta de autorización para la construcción del puente temporero, que caducó el 18 de marzo de este año, pero la propia agencia federal advirtió que eso no obviaba la necesidad de obtener cualquier otro permiso federal, estatal o local, que pudiera ser requerido. No hay evidencia de que esos otros permisos requeridos hayan sido otorgados”, dijo Alvarado Guzmán.
Alvarado aseguró que el dueño del puente tampoco cumplió con todos los requerimientos de USACE ni con lo presentado en los documentos del proyecto.
“Por ejemplo, el proponente no instaló, antes ni después de iniciar el trabajo autorizado condicionalmente, las medidas de control de la erosión a lo largo del perímetro de todas las áreas de trabajo. Incluso, el puente temporal y la parte realizada del puente permanente, no fueron construidas según presentada por el proponente a USACE”, añadió Víctor Alvarado.
En su misiva a las agencias federales y estatales, los líderes comunitarios solicitaron la remoción del puente permanente, poniendo como prioridad la seguridad, propiedad y vida de las personas, y que se ordene al proponente restaurar el área a la situación anterior al proyecto.
