La gobernadora también firmó cambios para evaluar antecedentes de aspirantes a electricistas y reconocer preferencias en la compra de inmuebles gubernamentales
SAN JUAN, Puerto Rico
La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 215-2026 para establecer expresamente la implementación obligatoria del Plan de Prevención, Acción y Mitigación de Incidentes de Tiradores Activos en todos los departamentos, agencias, corporaciones e instituciones públicas de Puerto Rico, informó La Fortaleza.
La legislación, originada en el Proyecto de la Cámara 314 del representante Ramón A. Torres Cruz, enmienda la Ley 8-2024 para fortalecer la preparación de las entidades y la capacitación de sus funcionarios.
Los cambios incorporan a los negociados del Departamento de Seguridad Pública y a su Centro de Capacitación y Desarrollo de Seguridad Pública en la elaboración del plan. También sustituyen la referencia al Colegio Universitario de Justicia por la Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento.
“Queremos que nuestros servidores públicos y el personal docente cuenten con las herramientas para identificar amenazas y sepan cómo actuar ante una emergencia de esta naturaleza”, expresó González Colón en el comunicado del jueves.
En el mismo anuncio, La Fortaleza informó la firma de la Ley 216-2026, procedente del PC 818, para establecer una evaluación individualizada de los antecedentes penales de quienes soliciten certificados de aprendiz o licencias de ayudante de perito electricista o de perito electricista.
La Junta Examinadora deberá considerar la naturaleza y gravedad del delito, su relación con la ocupación, el tiempo transcurrido desde la condena o la culminación de la sentencia y el cumplimiento de la pena. También evaluará rehabilitación, conducta posterior, referencias, estabilidad laboral, riesgo actual y si la persona está bajo probatoria o libertad bajo palabra.
La ley mantiene prohibiciones para personas que hayan cometido maltrato de menores, incluida pornografía infantil; agresión sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana, maltrato de adultos mayores o explotación financiera.
Por otra parte, la Ley 217-2026, originada en el PC 754 de Edgardo Feliciano Sánchez, reconoce una preferencia de adquisición a usufructuarios y arrendatarios que hayan invertido recursos propios en mejoras necesarias y útiles a propiedades gubernamentales que dejaron de tener utilidad pública.
Estos ocupantes pasarán al cuarto lugar del orden preferente, antes de los propietarios colindantes. Tendrán que estar en posesión del inmueble y haber cumplido sus contratos. La disposición continuará sujeta a evaluación y autorización del comité correspondiente y a los mecanismos de valoración aplicables.
La gobernadora también firmó la Resolución Conjunta 75-2026, procedente de la RCC 339 de Joe Colón, para permitir la segregación del terreno donde se encuentra la residencia principal de la familia González Santiago, en el barrio Arenas de Utuado.
La resolución ordena a la Autoridad de Tierras liberar determinadas condiciones y restricciones del Solar 2-A del Proyecto Arenas, perteneciente a Norberto González Vega y a la sucesión de Ángela Santiago González.
La Fortaleza informó además los vetos al PC 881, por incentivos que, según el Ejecutivo, no garantizaban empleos ni el retorno económico esperado; al PC 1192, por cargas fiscales municipales; y a la RCC 156, porque su propósito ya estaba siendo atendido por la Autoridad de Carreteras y Transportación.






