Federación LGBTQ+ y organizaciones profesionales recurren a los tribunales para frenar la medida firmada por la Gobernadora
SAN JUAN, Puerto Rico – La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció que impugnará ante los tribunales la recién firmada Ley 63 de 2025, la cual penaliza a profesionales de la salud que brinden terapias de afirmación de género a menores de 21 años.
La medida, aprobada sin vistas públicas, impone hasta 15 años de cárcel, multas de $50,000 y la revocación de licencias a quienes provean este tipo de cuido, reconocido y respaldado por asociaciones médicas nacionales e internacionales.
“La Legislatura y la Gobernadora nos obligaron a tener que recurrir a los tribunales para impugnar la Ley 63, que atenta contra el bienestar de menores trans”, denunció Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación. “No hicieron vistas públicas, ignoraron a las entidades médicas profesionales y al propio Secretario de Salud, y aprobaron una ley que pone en riesgo a menores, familias y profesionales”.
Organizaciones como el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados habían exigido que se vetara la medida. Todas fueron desoídas.
“Con esta ley, están obligando a la clandestinidad a menores trans y sus familias. Les están negando una oportunidad de vida, una esperanza de ser atendidos por profesionales que velen por su bienestar. Es un día muy triste, pero también uno que nos impulsa a seguir luchando para revertir este daño”, afirmó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
La legislación surge del Proyecto del Senado 350 y fue firmada por la Gobernadora a pesar de los señalamientos constitucionales y éticos de distintos sectores. El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ advirtió que, con esta acción, se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, la igualdad y la patria potestad.
“El PS350 levanta grandes cuestionamientos constitucionales. Nuestra Constitución garantiza mayores protecciones que la federal, incluyendo el derecho a la intimidad y la prohibición del discrimen por sexo”, explicó la licenciada Claudia Fontanet-Rodríguez. “Al convertirlo en ley, la Gobernadora ignoró al Estado de Derecho y a los profesionales de la salud, psicología y derecho que alertaron sobre las consecuencias devastadoras para la juventud trans”.
Kari Claudio Betancourt, directore de la Tejedora y parte del Consejo Asesor de la Federación, compartió su experiencia personal como persona no binaria que ha recibido cuido médico de afirmación de género por más de tres años. “Este cuido me ha salvado la vida. Siento una tristeza profunda por la juventud trans que ahora no podrá acceder a este cuido, y por les proveedores que serán penalizades por ejercer su profesión con ética y compasión. Lucharemos hasta las últimas consecuencias para que la ciencia y los derechos humanos prevalezcan”, afirmó.
La Federación LGBTQ+ también reiteró que esta es la segunda ley firmada este año que atenta contra los derechos de las personas LGBTQ+ en Puerto Rico, junto con la Ley 14 de 2025, que permite discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa. Ambas serán combatidas en los tribunales.
“La responsabilidad de esta nefasta ley recae no tan sólo en la Gobernadora, sino también en Rivera Schatz, Rodríguez Veve, casi toda la delegación novoprogresista, gran parte de la delegación popular y Eliezer Molina. Legalizaron el maltrato, el discrimen y el abandono. Les debe dar vergüenza mirar a la cara a sus familiares, amistades y colegas LGBTQ+”, concluyó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico está compuesta por cientos de personas y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas. Su misión es avanzar la equidad para las comunidades LGBTQ+ en todo el archipiélago. Más información está disponible en sus redes sociales como @federacionpr y en el portal www.federacion.pr.
