Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (12 de febrero de 2021) – La Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Gubernamentales de la Región Sur Central de la Cámara de Representantes realizará una investigación sobre el alegada acción de la empresa Aquamak Inc, que preside la licenciada Arlene Marie Questell, quien es la candidata de la administración de Pedro Pierluisi para dirigir la oficina de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud, de impedir el acceso al mar a los pescadores el sector Playa del municipio de Santa Isabel.
La investigación, solicitada por la representante Estrella Martínez Soto, quien preside la citada Comisión, también indagará sobre la titularidad de los terrenos donde está ubicada una rampa de acceso al mar y el estado de derecho relacionado al acceso de los pescadores al mar por dicha rampa.
La legisladora Martínez Soto, quien representa a los pueblos de Aibonito, Coamo, Salinas, Juana Díaz y Santa Isabel, radicó el pasado miércoles 10 de febrero, la Resolución de la Cámara 260, ante la determinación del exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, de impedir el acceso al mar por los terrenos que pertenecen a la empresa Aquamak Inc.
La empresa fue presidida por Questell Alvarado hasta el 2017, cuando el ex alcalde cedió el control a su hija, la licenciada y ex fiscal del Departamento de Justicia, Marie Questell.
La exposición de motivos de la Resolución 260 sostiene que en septiembre de 2019 el entonces alcalde presentó un informe preparado por el auditor interno del CRIM, que alega que los terrenos fueron adquiridos en el 1984 por Aquamak y que entre 1994 y 1997 el municipio de Santa Isabel intentó sin éxito comprar los terrenos.
La Resolución 260 agrega que fue Marie Questell quien cerró el acceso a la playa por órdenes del exalcalde de Santa Isabel.
“Razones por las que, según el exalcalde, sostiene que las facilidades reclamadas por los pescadores no pertenecen al municipio y solicitó a la presidenta de la corporación (Marie Questell) el cierre de estas por razones de seguridad. Esta situación ha indignado a los pescadores del área, quienes exigen se les permita continuar trabajando y llevando el pan a sus familias”.
En el 2016 la empresa Aquamak Inc., fue multada por el Departamento de Recuros Naturales y Ambientales (DRNA) en $35,000 por la construcción ilegal de una rampa, muelles, una plataforma, verjas y un gazebo en la zona marítimo terrestre del barrio Playa en el pueblo de San Isabel. Además, a la empresa se le imputó haber cortado y removido ilegamente un manglar de la costa y depositar en el área relleno sin autorización.
La remoción del manglar y las construcciones ilegales fueron levantadas en un predio de cerca de seis cuerdas en el que también operan el Centro Náutico de Sur, una marina con cabida para 40 embarcaciones, el salón de actividades Aquarium y otro negocio conocido como El Gazebo de Quique. El terreno y los tres negocios pertenecen a Aquamak Inc.
El 27 de julio del 2019, la licenciada Mildred Sotomayor Bourbón, de la oficina de Asuntos Legales del DRNA, confirmó la multa de $35,000 contra Questell Alvarado y Marie Questell, como presidenta de Aquamak Inc., por la graves violaciones ambientales.
Tras el fallo del DRNA sobre la ilegalidad de las construcciones, emitido el 31 de marzo del 2016, ni Questell Alavarado ni Marie Questell han realizado gestiones para pagar la multa y cumplir con la determinación de la agencia que ordena “la remoción inmediata de todos aquellos aprovechamientos no conformes a la ley y al reglamento” y la “restauración del área a su estado natural conforme a las recomendaciones del personal técnico del departamento”.
De acuerdo con los querellantes ante el DRNA, que son vecinos del sector Playa de Santa Isabel, el proceso en la agencia ambiental fue interrumpido por los continuos cambios de abogado de parte de Aquamak Inc., lo que fue descrito como una estrategia de Questell Alvarado para dilatar la vista administrativa y desalentarlos.
En entrevista con este medio, Marie Questell confirmó que ella es la candidata del secretario de Salud, Carlos Mellado, para dirigir la oficina de Cannabis Medicinal. A pesar de los intentos de EyBoricua.com para obtener una reacción, sobre el alegado nombramiento de Marie Questell, el funcionario no ha estado disponible.
Este medio le cuestionó a la legisladora Martínez Soto si una persona que preside una empresa que fue multada por violaciones ambientales desde 2016 y que aún el caso no ha llegado a su fin, puede ocupar una posición pública en la que dirigirá una oficina que fiscaliza la industria del cannabis medicinal.
En declaraciones escritas la legisadora respondió que “he solicitado reunirme con la presidenta Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Sol Higgins, y de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto, quienes tienen la responsabilidad de evaluar esa nominación y atender este tema”.
En realidad, ni la Cámara de Representantes ni el Senado tienen injerencia en el nombramiento de Marie Questell al cargo de directora de la Oficina de Cannabis Medicinal, pues es una responsabilidad de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, integrada por nueve miembros, de los cuales seis son secretarios del gabinete del gobernador y tres son representantes del interés público. La designación de los candidatos a dirigir la oficina para que sean evaluados por la Junta Reglamentadora, es potestad del Gobernador y del Secretario de Salud.
No obstante, las Comisiones de Salud de la Cámara y del Senado sí podrían examinar la idoneidad del candidato avalado por la Junta Reglamentadora, si existe evidencia sobre violaciones a la ley o actuaciones inmorales presuntamente cometidas por la persona designada.
EyBoricua.com supo que la licenciada Dennise Maldonado, quien ocupó la posición durante el pasado cuatrienio, se mantiene en el cargo a pesar de que presentó su carta de renuncia al puesto el pasado 31 de diciembre. Hasta ahora la Junta Reglamentadora no ha examinado el asunto debido a que existen tres vacantes en el organismo rector.
Una fuente de EyBoricua.com indicó que las tres posiciones destinadas a los representantes del interés público permanecen vacantes, pero se espera que los candidatos sean designados en los próximos días, por lo que pronto el organismo pasará juicio sobre la designación de un nuevo director para la Oficina de Cannabis Medicinal.
El ex alcalde clausuró el acceso a la playa con una verja de “cyclone fence” que discurre por la zona marítimo terrestre y termina en un tubo empotrado en una base de concreto construido bajo el agua del mar. También impidió el paso de vehículos por medio de unas vallas en la carretera de acceso a la playa.
De acuerdo con los querellantes ante el DRNA, el ex alcalde estableció la verja para cobrar un peaje de $30 a los pescadores de la zona que deseaban introducir sus embarcaciones en el mar a través de una rampa de concreto, que según la agencia ambiental fue construida ilegalmente en terrenos de dominio público.
En el 2019 una comisión especial de la legislatura municipal de Santa Isabel concluyó que parte del terreno del barrio la Playa que el ex alcalde asegura pertenece a Aquamak Inc, pertenece al pueblo y debe ser reabierto para el disfrute público.
En los pasados días el nuevo alcalde de Santa Isabel, Rafael Burgos Santiago, del Partido Popular Democrático, decidió retirar las vallas y abrir los accesos a la playa, lo que, alegadamente, sería impugnado por Questell Alvarado en los tribunales.
