El Proyecto de la Cámara 437 busca aclarar la Ley de Rótulos para que el 35% de los fondos también llegue a municipios no autónomos
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador Joel Franqui Atiles, inició el análisis del Proyecto de la Cámara 437, que propone enmendar la “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico” (Ley 335-1999) para que todos los municipios, sean autónomos o no, reciban el 35% de los ingresos generados por derechos y multas relacionados con la instalación de rótulos y anuncios.
Actualmente, la legislación establece que esos fondos solo se transfieren a los municipios autónomos con oficinas de permisos. La nueva medida busca distribuir equitativamente esos ingresos, tomando en cuenta que incluso los municipios sin autonomía tienen responsabilidades en el cumplimiento y fiscalización de dicha ley.
Durante la vista pública, la Lcda. Vianca Rivera Román, asesora legislativa del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), advirtió que esta propuesta debe evaluarse con cautela, ya que el sistema vigente responde a la capacidad administrativa de los municipios autónomos con jerarquía II o III, es decir, aquellos que cuentan con un Plan Territorial vigente y una oficina de permisos activa.
“Vemos que en sus disposiciones actuales la ley responsabiliza a la OGPe de remitir el 35 % únicamente a municipios autónomos con oficinas de permiso, ya que cuentan con la estructura para administrar esos fondos conforme a la ley”, expresó Rivera Román.
La asesora insistió en que, desde la perspectiva del DDEC, los fondos deben seguir destinándose únicamente a los municipios con estructura administrativa, por tratarse de recursos no recurrentes que no pueden utilizarse para gastos operacionales como nómina o alquiler.
Preocupaciones sobre carga administrativa
El Lcdo. Israel Pagán, abogado de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), indicó que, aunque el DDEC podría eventualmente endosar la medida, se necesita analizar cómo impactaría su operación.
“Va a haber una carga administrativa. Habría que establecer un mecanismo para canalizar los fondos, y no estamos hablando de cinco o diez municipios, sino de 78”, advirtió Pagán.
Ante preguntas del representante Víctor Parés Otero, el abogado reconoció que no tenía datos fiscales concretos, pero aseguró que la implementación conllevaría una reducción en el Fondo Especial de la OGPe, afectando su capacidad para realizar la labor que le exige la ley.
Revisión al Código Municipal
El autor del proyecto, el representante José Aponte Hernández, cuestionó que los funcionarios no pudieran precisar cómo el Código Municipal de 2020 reconoce a los municipios la potestad de reglamentar y cobrar derechos por la instalación de rótulos, incluso sin ser autónomos. Solicitó un informe que clarifique este aspecto en un plazo de cinco días laborables.
“Si hay aspectos que le competen a OGPe, pero otros que son responsabilidad directa de los municipios según el Código Municipal, entonces debemos tener claro cómo se manejará el Fondo Especial”, indicó Aponte Hernández.
Apoyo de la Comisión
El presidente de la comisión, Joel Franqui Atiles, respaldó el proyecto, argumentando que los municipios, aun sin tener autoridad para otorgar permisos, terminan asumiendo funciones como la fiscalización, atención de querellas y remoción de rótulos sin recibir compensación alguna.
“Realmente, el servicio lo terminan dando los municipios. Esta medida reconoce ese trabajo y lo remunera justamente”, concluyó Franqui Atiles.
La Comisión continuará evaluando el impacto fiscal y operativo del proyecto antes de emitir su informe final.
