Por Javier Colón Dávila
Especial para EyBoricua
San Juan – Los representantes José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres enviarán a dos dependencias gubernamentales el informe cameral que concluye que el contrato entre el Gobierno y Genera PR, para que administre la flota de generación eléctrica, es nulo.
Los legisladores indicaron que solicitarán, mediante referido, a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor que examine la conclusión a la que ellos ya han llegado y es que el convenio con la nueva empresa viola el artículo 1.8 de la Ley de Política Pública Energética al dejar en manos de una entidad privada el control de más del 50% de la generación de electricidad.
Según Torres, la AEE genera al menos el 77% de la electricidad del país y esa es la capacidad eléctrica que ahora será controlada por Genera PR por espacio de 10 años.
“De ahí el aspecto monopolístico del contrato”, dijo Márquez al insistir en que es “inconcebible” que los proponentes del contrato no se hayan percatado del lenguaje sobre el control del 50% de la generación.
La postura del gobierno de Pedro Pierluisi ha sido que el límite de 50% en la ley no aplica en este caso porque no se está traspasando la titularidad de los activos de generación a una empresa privada.
Márquez y Torres señalaron que el texto de la Ley 17-2019 no habla en ningún momento de venta de activos, sino control.
“Lo que estamos haciendo es parte del proceso de lo que descubrimos en dos vistas públicas para investigar los pormenores del contrato”, dijo Torres. “El Gobierno le está dando $15 millones para que se monte ese negocio en Puerto Rico en 100 días”.
Torres argumentó que se permitió que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) funcionara como un monopolio porque era para el “bien común de la ciudadanía”.
“Ahora es un monopolio público pasado a una empresa privada”, añadió Torres al recordar que el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil, dijo en una vista pública que se estaba pasando el control físico y operacional a Genera PR.
Torres y Márquez anticiparon, de otra parte, que los sindicatos de la AEE podrían impugnar el contrato en los tribunales al sostener que los trabajadores estarían sufriendo un daño.
“No hay manera de negar lo que dice la Ley de Política Pública Energética. Habría que ser bien creativo para negar esa disposición y plantear que cumple con la Ley 17”, sostuvo Márquez.
