La medida busca frenar colaboraciones indebidas con autoridades federales y salvaguardar derechos humanos en espacios sensibles
SAN JUAN (EFE) – Tres legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunciaron este domingo que propusieron una ordenanza municipal que busca garantizar la protección de derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en la isla ante las detenciones de las autoridades federales.
La ordenanza establece política pública para que se garantice la protección a lugares considerados como «sensibles» y uniformar los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre los municipios y las autoridades federales de inmigración y para asegurar que sean en estricto cumplimiento con el estado de derecho.
El portavoz cameral del PIP, Denis Márquez, explicó en un comunicado que en febrero pasado, las delegaciones legislativas del colectivo radicaron los Proyectos 331 en la Cámara de Representantes y el 379 en el Senado por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico.
Pero, ante la inacción del liderato legislativo «y el recrudecimiento de las redadas tras la vergonzosa docilidad» con la que el gobierno entregó información de unos 6.000 migrantes a las autoridades federales, «hemos adaptado los proyectos en una ordenanza municipal para que nuestros legisladores las sometan y así dotar a los municipios de una herramienta en defensa de nuestras comunidades inmigrantes».
«La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad mediante la búsqueda de protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña», afirmó.
En tanto, sus homólogas en la Cámara, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, explicaron que la referida ordenanza municipal establecería los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades municipales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.
Gutiérrez Colón y Lebrón Robles pusieron como ejemplo la situación ocurrida con una mujer inmigrante de nacionalidad dominicana en Cabo Rojo que fue arrestada luego de que un policía municipal alertara a las agencias de inmigración mientras esta buscaba información para establecer un negocio ambulante en la alcaldía.
Los tres legisladores no descartaron otras iniciativas en solidaridad con las comunidades inmigrantes en Puerto Rico asediadas desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump.
