San Juan (EFEUSA) – El legislador Michael Abid Quiñones, del gobernante Partido Nuevo Progresista, anunció este lunes que presentó un proyecto cameral para crear la «Ley de Responsabilidad Personal a Funcionarios Públicos», referente a los obreros del Gobierno que cometan algún delito por corrupción.
Según explicó Quiñones en un comunicado, el propósito de la medida es que todo funcionario que actúe con malicia, negligencia crasa, violación a la Ley o abuso de los poderes conferidos y/o cometa un delito en el que obtenga un beneficio económico sea responsable en su carácter personal, si esto se prueba.
«En estos momentos históricos, es nuestra responsabilidad asegurarle a todos los puertorriqueños que su Gobierno no permitirá que se derroche el dinero de manera irresponsable y mucho menos, repartiéndolo como si fuera dinero de los mismos funcionarios, cuando es del pueblo», sostuvo.
«Con este proyecto se envía un mensaje contundente a todos los que están administrando o pretende aspirar a un puesto de que si planificas enriquecerte a costa del pueblo, tendrás que pagar con tu bolsillo, si laceras la confianza del pueblo, el Gobierno irá contra ti», enfatizó.
Quiñones, presidente de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central de la Cámara baja, indicó además que este proyecto señala en la exposición de motivos, que cada uno de los puestos públicos debe estar sujeto al más alto estándar de cumplimiento del deber y responsabilidad pública.
Quiñones, quien representa a los pueblos de Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya, especificó que se entenderá por negligencia crasa a una falta completa de cuidado o ejercicio de un grado tan pequeño de diligencia que justifique la creencia de que hay una completa indiferencia respecto al interés y bienestar de los demás.
El legislador, de igual manera, dejó claro en esta pieza legislativa que el Departamento de Justicia deberá presentar una demanda contra el funcionario en su carácter personal y que este responderá con su dinero.
A su vez, como sanción responderá con una suma equivalente a tres veces el valor del beneficio económico que recibió y/o de haber incurrido en negligencia crasa se impondrá el doble del importe de la sentencia.
Quiñones puntualizó estar confiado en que ocurra el proceso legislativo correspondiente para que se convierta en Ley, cuanto antes, idealmente antes de que finalice el año en curso.
