La gobernadora Jenniffer González activó el proceso para certificar adiestramientos de entre ocho y 15 semanas vinculados a sectores como manufactura, industria e infraestructura
SAN JUAN (EFE)
La gobernadora Jenniffer González anunció este lunes que firmó la Orden Ejecutiva Núm. OE-2026-043, que implementa el Workforce Pell Grant Program, que establece un proceso para evaluar programas educativos postsecundarios de corta duración y alta demanda laboral.
«Esta iniciativa fortalece la alineación entre la oferta académica postsecundaria y las prioridades de desarrollo industrial, manufactura e infraestructura, amplificando la utilización de recursos federales disponibles para nuestros estudiantes», expresó la gobernadora en un comunicado.
Asimismo, la gobernadora creó un Comité Estatal Interagencial que apoyará la evaluación de los programas y la formulación de recomendaciones, conforme con las políticas y los procedimientos que el Gobierno establecerá y publicará para que dichos programas puedan ser considerados por el secretario de Educación federal y, de ser aprobados, acceder a los fondos federales correspondientes.
Bajo este marco, los estudiantes elegibles podrán recibir becas para programas de adiestramiento de entre 150 y 599 horas contacto impartidos en un periodo de entre ocho y 15 semanas, dirigidos a ocupaciones de alta especialización, alta remuneración o demanda laboral.
El decreto designa a la Junta Estatal de Desarrollo Laboral, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), como la entidad líder para coordinar la ejecución del programa y proveer apoyo técnico al Comité Estatal Interagencial.
Este organismo, presidido por el secretario del DDEC, estará integrado por los titulares del Trabajo y Recursos Humanos, Educación, Estado, Instituto de Estadísticas, la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación, la Junta de Instituciones Postsecundarias y la Administración de Asuntos Federales.
En el comité también estarán representantes designados por la gobernadora para los sectores de educación superior y técnico vocacional.
El Comité tendrá la encomienda de adoptar criterios unificados de evaluación basados en datos reales sobre empleo, salarios y vacantes para validar que los programas otorguen credenciales reconocidas y portables, permitan la articulación académica hacia grados superiores y cuenten con el respaldo de patronos e industrias.
Concluida la evaluación técnica, el grupo llevará sus recomendaciones a la gobernadora para la certificación estatal correspondiente, la cual servirá de base previa para la aprobación definitiva por parte del Departamento de Educación federal.
Para garantizar la efectividad de las capacitaciones y el buen uso de los fondos, el Gobierno mantendrá un sistema de seguimiento continuo que medirá métricas clave como la tasa de retención de participantes, la obtención de credenciales, la colocación y retención en el empleo y los niveles salariales logrados.
Asimismo, el Comité contará con la facultad de recomendar la modificación, suspensión o retiro de certificaciones a aquellos programas que dejen de cumplir con los estándares de desempeño.
