San Juan, 9 mar (EFE) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó asignar los $6.6 millones solicitados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para realizar una elección especial con el objetivo de escoger a seis cabilderos que trabajen en favor de la estadidad.
La directora de la JSF, Natalie Jaresko, informó a través de una carta divulgada este martes que los fondos no serán aprobados ya que el asunto no fue atendido por las cámaras legislativas.
La Sección 402 de PROMESA es clara. La JSF no puede intervenir con el derecho de Puerto Rico de determinar su estatus político. Y Puerto Rico votó por la Estadidad. Ir en contra de la voluntad de nuestro pueblo es una afrenta a la democracia que no vamos a tolerar.
— Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) March 9, 2021
La carta de Jaresko recuerda que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, divulgó que la Asamblea Legislativa nunca fue consultada de la petición relacionada con la Ley 167-20.
Jaresko indica que la Legislatura, previo a que la CEE pidiera el dinero, se había opuesto a la asignación y que además está en marcha normativa contra la Ley 167-20, que es la que haría posible la elección el 16 de mayo.
La JSF, por ese motivo, pidió a gobernador y Legislatura colaborar respecto a la Ley 167-20.
El presidente de la CEE, Francisco Rosado, estaba a la espera de la asignación para celebrar el evento, además de indicar que el 12 de marzo debía firmar contrato con la empresa Dominion Voting Systems para la programación de las máquinas de escrutinio electrónico.
El presidente de la Cámara de Representantes informó hoy de la decisión de la JSF.
«A la luz de estos hechos, la Junta está imposibilitada de dar paso a la solicitud de la administración de Pedro Pierluisi de reprogramar estos dineros con el propósito de pagar cabilderos para adelantar sus gestiones político-partidistas en Washington», expresó Hernández.
El presidente cameral dijo además que «estos son los actos impropios y antidemocráticos que le restan credibilidad a los miembros del Partido Nuevo Progresista -PNP- en sus intentos para promover el estatus de la estadidad. Esta Cámara aprobó el 2 de febrero legislación -P. de la C. 21- que, en efecto, deroga la Ley 167 y hoy la Junta valida nuestra postura», sostuvo.
«En la tarde de hoy, reafirmamos que defenderemos en cualquier foro nuestras prerrogativas constitucionales, reconocidas incluso, por la Junta de Supervisión Fiscal, y a las cuales no claudicaremos», enfatizó Hernández.
