Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
San Juan – La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) demandó por $1.4 millones a su destituido ex presidente Manuel J Fernós y a otros allegados por haber otorgado contrato a un negocio privado usando fondos federales para el rastreo, manejo y otras medidas durante la pandemia de covid-19.
En la demanda se describe detalladamente cómo el contrato, que fue por $1.5 millones y se enmendó en más de 12 ocasiones, alegadamente era ilícito, estaba “plagado de irregularidades”, y se hizo sin autorización y violando los estatutos internos de la propia universidad.
La demanda es por incumplimiento y resolución de contrato, además de daños y perjuicios ocasionados contra la UIPR por la empresa MAP Strategies LLC (MAPS) y Fernós, cuando era presidente, y a su entonces mano derecha, Dominique A. Gilormini de Gracia, quien era director ejecutivo de la presidencia. Reclama la universidad que la empresa y Fernós devuelvan $1.4 millones, más intereses.
“El Lcdo. Fernós y Lcdo. Gilormini, abusaron de su discreción, fueron crasamente negligentes, incompetentes y actuaron contrario a los intereses de la UIPR. Debido a su negligencia en el cumplimiento de sus deberes, la UIPR desembolsó la cantidad de $1.4 millones de fondos federales para pagar a MAPS por servicios que no fueron prestados”, establece la demanda.
Tras más de 23 años en el puesto, Fernós fue destituido fulminantemente de la presidencia de la Interamericana en mayo de 2022 luego de los resultados de una auditoría interna. El ex presidente alegó que se hizo por conflictos que tuvo con la Junta de Síndicos porque él se prestaba para denunciar unas posibles irregularidades en contrataciones realizadas por el presidente de la Junta de Síndicos de la Inter, José R. Muñoz Ávila.
Los intentos por obtener una reacción de Fernós resultaron infructuosos. La Interamericana no emitió declaraciones.
La demanda es contundente. Establece que ni Fernós ni Gilormini le notificaron a la Junta de Síndicos ni al Comité Ejecutivo sobre la contratación con MAPS, ni dieron explicaciones previas sobre el contrato plagado de irregularidades.
Las normas internas de la Interamericana ordenan que el presidente de la institución sólo puede otorgar contratos de servicios profesionales hasta $600,000, pero Fernós firmó ese contrato por $1.4 millones “que después fraccionó para no tener que presentarlo para que fuese autorizado por la Junta de Síndicos”.
También alegan que violaron las normas al no tener ejecutivos designados para los contratos fraccionados. O sea, se les pagó sin tener a alguien que certificara el trabajo realizado. Además, dice que “el esquema de pagos fijos es incompatible con el desglose de honorarios que se incluían el contrato” y que cobraron por servicios que ya la universidad había hecho anteriormente porque tienen amplio conocimiento y experiencia en ese tipo de protocolos.
El contrato tuvo irregularidades en el proceso de facturación. Por ejemplo, en el recinto de Aguadilla se certificaron las facturas por un ponche sin que hubiese constancia de que realizaron las actividades.
Cuando el contrato se enmendó, cada uno de los informes por recinto tenía actividades idénticas. O sea, que se pagó 12 veces por un mismo servicio. También se pagó por pruebas de sistema sindrómico en la población activa, pero ese nunca se diseñó ni se implantó.
La demanda además establece que la Interamericana pagó por seguridad cibernética e infraestructura sin evidencia de que esos soportes tecnológicos fueran desarrollados. Se pagó un exceso de horas laborables por el rastreo, pero en todos los recintos esa labor la hizo el personal de la Interamericana, no los contratistas de MAPS.
Según el documento legal, radicado hoy en el Tribunal de San Juan, para el 11 de marzo de 2020, la UIPR contaba con su primer protocolo para enfrentar la pandemia del Covid-19. El 28 de abril de 2020, la UIPR publicó un Protocolo para Reapertura Parcial de Labores, para el 13 de mayo de ese año publicó un Plan de Reapertura Parcial para los Empleados Administrativos y Docentes y el 14 de septiembre publicó su Plan de Reapertura Parcial para los Empleados Administrativos y Docentes como respuesta al Covid-19.
Casi un año más tarde, para el 18 de febrero de 2021, MAPS por conducto de su presidente, Miguel Marzán Rodríguez, le presentó a Fernós una propuesta de servicios para implementar un Sistema de Inteligencia Epidemiológica para toda la Comunidad Educativa. La demanda establece claramente que Marzán Rodríguez no es epidemiólogo. Sin embargo, es de conocimiento público que su hermana es la doctora Melissa Marzán Rodríguez, quien fue epidemióloga del Estado.
Según el documento, la propuesta incluía el desarrollo de protocolos de control de la epidemia y de seguimiento epidemiológico, incluyendo un sistema informático de bioestadísticas para manejar todo el proceso de seguimiento de las personas que interactúan en la UIPR. El trabajo se haría por fases: Fase 1 de operaciones bajo vigilancia epidemiológica, Fase 2 del retorno de clases presenciales en las escuelas, y Fase 3 el retorno de clases presenciales en los recintos en las escuelas graduadas. El costo total del contrato era de $1.5 millones.
El primer borrador de la propuesta exigía pagos por adelantado. El contrato se firmó e inmediatamente fue enmendado y fraccionado en 12 contratos individuales para cada unidad académica de la Universidad Interamericana y la oficina central. La enmienda exigía el pago por adelantado de varios servicios.
En junio del 2021 se suscribió un tercer adendum al contrato ya que eliminaron e sistema sindrómico porque ya no era él no era posible rastrear a todos los estudiantes. Sin embargo, no se redujo el monto del contrato por la partida de servicios eliminados.
