Washington, Puerto Rico (EFE) – La legisladora estadounidense Marjorie Taylor Greene, perteneciente al ala dura del Partido Republicano, inició este jueves el proceso para intentar someter a juicio político al presidente, Joe Biden, y otros altos cargos de la Administración demócrata.
La congresista también quiere sacar del cargo al director del FBI, Christopher Wray; al fiscal general, Merrick Garland; al secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, y al fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Matthew Graves, según precisó en una conferencia de prensa.
«No es algo habitual, pero es lo correcto. (…) Todos ellos son corruptos, ineptos para el cargo y deben ser sometidos a juicio político», sostuvo.
Los primeros artículos de enjuiciamiento fueron presentados el martes y Taylor Greene pretende introducir el de Biden este mismo jueves.
Los republicanos tienen desde el pasado enero el control de la Cámara de Representantes pero no el del Senado, por lo que su iniciativa no tiene visos de prosperar, porque esa segunda cámara es la que tiene la potestad para efectuar ese tipo de procesos.
La congresista consideró que Biden ha «comprometido la seguridad nacional» con sus leyes de inmigración y con la gestión de la frontera con México, al privar a los agentes fronterizos y a la policía de los medios necesarios para hacer su trabajo, en su opinión.
En esa misma línea puso en el punto de mira a Mayorkas, mientras que acusó a Wray de haber convertido al FBI en la «fuerza policial personal» de Biden y a Garland de haber transformado el Departamento de Justicia en el de «Injusticia».
De Graves, por su parte, criticó que esté más centrado en investigar el ataque al Capitolio de enero de 2021 que el crimen en su distrito: «Bajo su mandato, el 67% de los arrestos no se han enjuiciado», según sus datos.
Taylor Greene consideró que intentar someterlos a juicio político es lo correcto.
«Esto es lo que quiere la gente y yo represento a la gente. Gente de todo el país quiere que sean enjuiciados porque los mismos estándares que se aplican a la población deberían aplicarse a quienes son pagados con el dinero de los impuestos que tanto les costó ganar», concluyó.
