Miami (EE.UU.), 21 oct (EFE) – Por segundo año consecutivo un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgado este miércoles en Estados Unidos señala que los problemas de libertad de prensa en Puerto Rico han estado marcados en los últimos doce meses por decisiones y retrasos sobre acceso a la información pública y falta de transparencia.
En el informe 2020 sobre la libertad de prensa en Puerto Rico de la SIP, que celebra su Asamblea General virtual en Miami (EE.UU), se recuerda que tras el revuelo provocado por el hallazgo de un almacén con suministros no repartidos a damnificados por desastres en Ponce (en el sur), la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, ordenó realizar una «investigación minuciosa» sobre las alegaciones de mal manejo de suministros.
Los medios pidieron su divulgación, pero las solicitudes fueron denegadas.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), demandaron al Departamento de Justicia por el documento.
El Tribunal de Primera Instancia tras verificar que el documento no generaría peligro, acusó al gobierno de faltar a la verdad y a Justicia de asumir «una actitud temeraria» al mantener la confidencialidad del documento.
Aunque el Gobierno apeló, la gobernadora instruyó a Justicia a entregarlo luego de la decisión judicial.
Además, el CPI se vio obligado a acudir a los tribunales en contra del Registro Demográfico para la entrega de la base de datos sobre las causas de muerte en el país y los certificados de defunción de los años 2007 al 2020.
Dicha solicitud fue instada como parte de una investigación relacionada al exceso de muertes en el país durante la pandemia.
Por último, la SIP recuerda que recientemente, periodistas independientes y de medios alternativos presentaron un recurso judicial de mandamus contra el Estado Libre Asociado, el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) basado en la «Ley de Transparencia».
Solicitan la entrega inmediata de un informe final sobre una investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre el mal manejo de suministros en almacén en Ponce y los informes finales sobre cinco investigaciones delegadas al Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia negó entregar la información porque forma parte de una investigación en curso.
