La organización detalla tres medidas prioritarias para enfrentar la violencia que amenaza a la niñez y denuncia el abandono institucional que forzó una tragedia
SAN JUAN, Puerto Rico – La Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico expresó su profunda preocupación y dolor ante el incidente ocurrido en Arecibo, donde un padre, Miguel Ángel González Varela, de 60 años, tomó la vida del presunto agresor sexual de su hija.
Aunque los hechos aún se investigan, la organización advirtió que el caso evidencia con crudeza las grietas estructurales de un sistema que muchas veces falla en proteger a las víctimas, responde tarde y deja solas a las familias enfrentando la violencia.
“Este no es solo un caso individual. Es el reflejo de un sistema que, en demasiadas ocasiones, ha abandonado a las víctimas y obliga a las familias a convertirse en jueces, jurados… y trágicamente, en verdugos. ¿Hasta cuándo vamos a ignorar las señales?”, expresó Marcos Santana Andújar, presidente de La Red. “Un padre no debería tener que elegir entre su hija y la ley. Y este país tampoco debería hacerlo”.
El presidente destacó que sucesos como este no pueden analizarse exclusivamente desde la perspectiva judicial o punitiva, sino como manifestaciones de un problema sistémico y de una deuda histórica con la prevención de la violencia de género, el maltrato infantil y la violencia doméstica. Santana Andújar recordó que existen planes, marcos jurídicos, fondos y recursos que deben ejecutarse de forma urgente y coordinada para que ninguna persona se vea forzada a tomar decisiones extremas.
Por su parte, Emibell Chong Trinidad, vicepresidenta de programas de La Red, afirmó que “la violencia que enfrentan nuestra niñez y adolescentes no surge de un vacío. Es producto de múltiples factores, entre ellos la normalización del machismo, la falta de acceso a servicios, el abandono institucional y la impunidad. No podemos seguir actuando solo cuando hay tragedia. Todas las violencias que viven nuestras familias a diario, la falta de implementación y seguimiento responsable de los protocolos de seguridad, la doble moral al implementar el proceso judicial, ver que cada vez más el sistema nos falla a todos… esto ha forzado a las familias a tomar la justicia en sus manos”.
En este contexto, Chong Trinidad exhortó a invertir en prevención y a asumir la responsabilidad colectiva de construir una sociedad que proteja antes de que sea tarde. “Como país tenemos que tomar ya la decisión: continuar desde las gradas como espectadores de la tragedia, o decidir si vamos a construir desde una sociedad preventiva y protectora, que mira, reflexiona y acciona conscientemente antes de que esté fuera de control, porque tarde ya llegamos. Yo estoy convencida de que hay posibilidad de hacerlo distinto, si implementamos tal cual las herramientas que ya desde varias comunidades y organizaciones hemos propuesto. Urge volver a lo esencial: invertir en prevención, fortalecer las redes de apoyo y actuar a tiempo”.
Durante más de una década, La Red ha trabajado en la atención, prevención y erradicación del maltrato infantil mediante servicios directos, promoción de políticas públicas y capacitación a miles de proveedores de servicios en todo Puerto Rico. “Hemos hecho y seguiremos haciendo nuestra parte”, subrayó Santana Andújar.
Acciones prioritarias reclamadas por La Red
La organización reiteró un llamado urgente a implementar, sin más dilación, tres acciones prioritarias:
• La implementación inmediata del Plan de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, con enfoque de salud pública y derechos humanos. Según La Red, este plan contiene estrategias que, de aplicarse de manera coherente y sostenida, permitirían atender las causas estructurales que perpetúan la violencia.
• El fortalecimiento de los sistemas de atención y respuesta ante señales de maltrato, con intervenciones oportunas, sensibles y no revictimizantes. La organización insistió en que los protocolos existentes deben ejecutarse de manera efectiva y constante, evitando la negligencia que puede derivar en tragedias.
• La revisión y armonización de la legislación vigente en materia de protección, con el fin de maximizar el impacto y redirigir los recursos a las áreas de mayor necesidad. Para La Red, este proceso debe permitir la creación de un marco legal integrado que cierre brechas y priorice la seguridad de la niñez y la adolescencia.
“No basta con indignarnos. Es hora de asumir responsabilidad colectiva y acción coordinada. La niñez, la juventud y las familias del país no pueden seguir enfrentando solas la violencia”, puntualizó Santana Andújar.
