Quito (EFE) – La detención y envío a una prisión de máxima seguridad del hijo de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, investigado por un supuesto tráfico de influencias, ha desatado un torbellino en la clase política del país por las implicaciones electorales de cara a los comicios de febrero de 2025.
Y es que tras esa detención, se han alzado voces sobre un eventual pedido de juicio político de censura contra Abad en el Parlamento, donde ella había criticado un aparente pacto implícito del oficialismo con los grupos opositores socialcristiano y correísta.
Apeada del Gobierno y con residencia en Israel desde poco después que el presidente Daniel Noboa la enviará a Tel Aviv como embajadora, Abad ha dado muestras de resistir los desafíos de una ruptura política con el mandatario, con quien llegó al poder tras vencer en tándem en las votaciones extraordinarias de agosto del año pasado.
En un último episodio, Sebastián Barreiro, hijo de Abad, fue detenido y acusado por la Fiscalía General del Estado de estar implicado en un supuesto caso de tráfico de influencias (tramitación ilegal de cargo público) en la Vicepresidencia.
Abogado de profesión, Barreiro fue trasladado a La Roca, una de las prisiones de máxima seguridad del país, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil, donde se encuentran cabecillas de bandas de delincuentes y del crimen organizado.
El hijo de la vicepresidenta, en el caso bautizado como ‘Nene’, fue detenido el jueves en su despacho en la ciudad andina de Cuenca, donde reside, pero el tribunal que lleva la causa lo trasladó a la cárcel en la jurisdicción de Guayaquil.
Para el analista Ramiro Aguilar, este parece ser un caso evidente de manejo político, independientemente de que se compruebe el delito imputado, pues parece desproporcionada la decisión de enviarlo a La Roca, donde hay condenados por homicidios, narcotráfico y otro tipo de casos de esa índole.
Además, dijo Aguilar a EFE, el hecho de haber enviado a Barreiro a una cárcel de máxima seguridad en una jurisdicción distinta a la suya, con una orden de prisión preventiva (sólo para investigación), parece ser excesiva.
Por ello, no es difícil suponer que «hay un claro interés político», insistió tras coincidir con otros analistas que creen que es una maniobra para forzar una eventual dimisión de la vicepresidenta antes de que inicie la campaña electoral.
Y es que el presidente Noboa, que piensa presentarse a esos comicios para repetir el cargo en 2025, debería encargar la conducción del país a la vicepresidenta, como manda la Constitución, para poder dedicarse a la campaña electoral.
El distanciamiento entre Abad y Noboa es tan evidente que aviva la posibilidad de que el fin consiguiente sea el de que ella se retire del escenario político, apuntó Aguilar.
Si ello ocurriera, el cargo vacante de Abad debería ocuparlo otra persona designada por el Parlamento, incluso el mismo presidente del Legislativo, el socialcristiano Henry Kronfle.
El periodista y analista político Juan Carlos Calderón estimó en declaraciones a medios, por su parte, que podría ser una figura ligada al correísmo, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, un extremo con el que difiere Aguilar, por considerar que ese grupo también pujará por ganar las elecciones y no contaminarse con el eventual desgaste del Gobierno.
De momento, la clase política ecuatoriana parece estar apurada por el tictac del cronómetro electoral, ya que en política «los tiempos son rapidísimos y, a veces, no hay tiempo para reaccionar», agregó.
«La campaña empieza en noviembre, Noboa deberá renunciar en diciembre» para dedicarse al proselitismo, recordó Aguilar, que insistió en que la eventual retirada de Abad de la escena política podría tener alguna relación con el caso de su hijo.
Por eso reiteró que, en su criterio, la acusación por la que es ahora investigado Barreiro puede «ser cierta o, tal vez, hasta provocada», pero señaló que el manejo que se está dando al caso tiene claros indicios de cómo actúan los intereses políticos en ciertas decisiones judiciales.
Pese a ello, Aguilar subrayó que Abad no es «un hueso fácil de roer» y que podría también resistir en el eventual juicio político en el Parlamento o ante la presión para que dimita.
