Proyecto legislativo genera posturas encontradas entre la Uniformada, Codepola y otras organizaciones
SAN JUAN, Puerto Rico — El superintendente de la Policía, Joseph González, se expresó en contra de una enmienda a la Ley de Armas de Puerto Rico que permitiría la portación simultánea de pistolas o revólveres cargadas, propuesta contenida en el Proyecto de la Cámara 1138.
Durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, González recomendó mantener la redacción vigente del Artículo 2.02 de la Ley 168-2019, que limita a una sola arma de fuego en posesión inmediata. Según indicó, la experiencia de la Uniformada refleja que una parte significativa de los incidentes con armas legales está relacionada con extravíos.
“Permitir la portación simultánea de múltiples armas podría aumentar el riesgo de pérdida, robo o manejo negligente, lo cual podría tener implicaciones adversas para la seguridad pública”, sostuvo en su ponencia escrita.
La medida, presentada por el representante Félix Pacheco Burgos a petición de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (Codepola), busca revisar diversos aspectos de la legislación vigente. Su presidente, Ariel Torres, defendió la propuesta como un intento de corregir vacíos normativos detectados desde la implementación de la ley.
Torres argumentó que los ciudadanos con licencia cumplen con estrictos requisitos estatales y federales, por lo que deberían poder portar más de un arma de manera responsable. Además, sostuvo que la Policía cuenta con registros detallados de las armas legales, a diferencia del armamento en manos de delincuentes.
Sin embargo, la propuesta también ha encontrado resistencia en otros sectores. La Asociación de Portadores de Puerto Rico expresó reservas al considerar que la enmienda limitaría el derecho a portar armas largas, lo que, a su juicio, podría entrar en conflicto con la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
En ese contexto, el propio Pacheco Burgos subrayó la necesidad de mantener regulaciones estrictas. “Los procesos de fácil acceso agravan y pueden acontecer mayores incidentes”, indicó.
Debate sobre licencias de caza
El proyecto también propone cambios en el manejo de licencias para la caza deportiva, incluyendo exigir permisos expedidos por la Policía. Bajo esta iniciativa, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales asumiría un rol enfocado en educación y certificación.
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, se opuso a la medida al advertir que podría poner en riesgo fondos federales si la agencia pierde su capacidad de certificar licencias conforme a los requisitos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.
Quiles también criticó la posible fragmentación del sistema regulatorio, al dividir la supervisión entre la Policía para armas de fuego y el DRNA para otras modalidades de caza, como arco y flecha.
El Departamento de Justicia coincidió en que transferir facultades del DRNA podría afectar el balance regulatorio y debilitar el rol especializado de la agencia en el manejo de la vida silvestre.
La discusión del proyecto continúa en la Cámara, en medio de posiciones encontradas sobre cómo equilibrar la seguridad pública y los derechos de los ciudadanos.
